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(VIDEO) Con armas, exdiputado de SLP amenazó a comuneros para quedarse con terreno
Christian Sánchez evitó que se cumpliera una orden judicial por la que debe devolver un terreno de 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl
Por: Redacción
El exdiputado federal y local Christian Joaquín Sánchez Sánchez, amenazó con un rifle ar15 al actuario y comuneros que intentaban ejecutar una resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordenaba la restitución de un terreno de 27 hectáreas en el municipio de Tampacán, que el exlegislador poseía de manera irregular.
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, también expresidente municipal de Tampacán, estuvo acompañado por su hermano Crisógono Néstor Sánchez Sánchez y otros trabajadores del terreno irrumpieron y amenazaron al actuario Juan Carlos Castillo Hernández.
El terreno debe ser devuelto a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, de acuerdo a la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, en el expediente 2007/43.
“Mejor váyanse de aquí porque en media hora va a venir un grupo y van a ver”, amenazó Christian Joaquín Sánchez a los comuneros. “Yo no soy el dueño, el propietario ya metió otro juicio, díganle que mejor ya no les mientan a los comuneros”, exclamó el exlegislador, quien se encontraba vestido con ropa para militar, de acuerdo con un video al que tuvo acceso este medio.
El conflicto inició en 1981, cuando por resolución presidencial se otorgó a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, 533 hectáreas, pero al momento de la entrega se dejó fuera una superficie de 27 hectáreas, según dio a conocer a La Orquesta el presidente de Bienes Comunales de dicha localidad, Rafael Santiago Hernández.
Desde entonces, ese terreno ha sido utilizado por la familia de Christian Joaquín Sánchez Sánchez, incluyendo a su padre, el también exdiputado local Crisógono Sánchez Lara.
La solicitud de tierras de Macuilocatl fue publicada con fecha del 26 de octubre de 1976, es decir hace casi 45 años. Sin embargo, el plano originario de la comunidad data del año 1925.
En ese lapso, los comuneros de Macuilocatl mantuvieron la batalla legal para recuperar el terreno. De acuerdo con fuentes consultadas por La Orquesta, el conflicto entre esta familia y los comuneros implicó una división y un choque de las comunidades indígenas náhuatl y los grupos priistas que mantuvieron el poder durante décadas.
Hoy, aproximadamente cien comuneros y descendientes acompañaron al actuario del Tribunal Unitario Agrario, quien por orden del Magistrado de dicha instancia, Antonio Luis Betancourt Sánchez, pusiera en posesión de las 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl.
La resolución del Tribunal Agrario “instruye al actuario de la adscripción, proceda a dar cumplimiento en todos sus términos a la resolución del 18 de septiembre de 2014”, hace exactamente cinco años.
Los comuneros de Macuilocatl solicitarán el apoyo de la Guardia Nacional y de los elementos del resto de las corporaciones de seguridad para evitar agresiones que podrían surgir ante la impotencia y molestia de Sánchez Sánchez y su familia.
Según testigos de los hechos, Christian Joaquín Sánchez Sánchez amenazó en diversas ocasiones a Filemón Hilario Flores, integrante de la comunidad y también exdiputado, a quien responsabilizó de la orden judicial para devolver 27 hectáreas a Macuilocatl: “Te voy a buscar y vas a ver cómo te va a ir…”
Los comuneros se replegaron por seguridad, pero durante la tarde grupos de desconocidos en camionetas merodearon la Comunidad, denunció el comisariado de Bienes Comunales de Macuilocatl, Rafael Santiago quien pidió para la próxima vez “haya un apoyo oficial para que esto no quede impune, sino que se cumpla el objetivo”.
La actual presidencia municipal de Tampacán está en manos de la priista, Brisseire Sánchez López, cuñada de Christian Joaquín Sánchez Sánchez.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo
Por: Redacción
La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.
El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.
Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.
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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.
La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital
Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.
La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.
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