Acciones integrales de mantenimiento urbano mejoran la calidad de vida en 12 colonias de la capital

Por: Redacción

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias potosinas, la Junta Estatal de Caminos (JEC) avanza en el programa Enchúlame la Colonia, atendiendo 12 colonias con trabajos de mantenimiento en áreas verdes, espacios recreativos, calles y avenidas.

El director general, Francisco Reyes Novelo, informó que se han intervenido más de 12 mil metros cuadrados con acciones de bacheo, además de la instalación de boyas en cruces considerados de riesgo, aplicación de pintura, colocación de señalamiento y trabajos de limpieza y rehabilitación en parques, jardines y camellones, atendiendo directamente las solicitudes de las y los colonos.

Estas acciones se han realizado en colonias como María Cecilia, Potosí Rioverde, Providencia, Juan Sarabia, Rural Atlas, Sauzalito y B. Anaya segunda sección, priorizando zonas que por años permanecieron sin atención. Hoy, el cambio que se vive y se siente se refleja en la renovación de los espacios públicos, con un programa que continuará ampliándose hasta alcanzar la meta de intervenir 100 colonias en la zona metropolitana durante la primera etapa.

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J. Guadalupe Torres Sánchez denunció que los municipios “se ven mal” cuando registran estas inconsistencias

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, aseguró que es inexcusable que todavía existan gobiernos municipales que registren observaciones en cuanto al manejo de sus finanzas.

El secretario general señaló que estas son situaciones que cada ayuntamiento se debe encargar de resolver, ya que hasta “se ven mal” cuando andan denunciando o reportando sus inconsistencias.

Explicó que en los tiempos modernos existen muchos mecanismos y avances tecnológicos para facilitar estos procesos, así como para hacerlos más precisos en búsqueda de que no existan estos errores.

Añadió que desde el Gobierno del Estado tienen diversas certificaciones a disposición de los municipios, en especial para los funcionarios encargados de temas financieros y de administración.

Hace unas semanas, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las conclusiones de sus revisiones de la cuenta pública de los ayuntamientos potosinos durante el ejercicio 2024.

El gobernador Ricardo Gallardo calificó de “desastrosos” estos resultados, asegurando que existen algunos municipios que arrojaron observaciones de hasta 40 millones de pesos en obras que nunca se realizaron.

No todos los órdenes registraron estas advertencias, pues algunos como el Gobierno del Estado, así los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Villa de Pozos salieron limpios de estas evaluaciones.

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Las sanciones que se estarían manejando abarcarían de seis meses a tres años de prisión, así como una sanción de sesenta a 300 días del valor de la UMA

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de cerrar los espacios de impunidad que permiten la evasión de responsabilidades alimentarias.

Propone establecer claramente que la persona que se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, estaría cometiendo el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Se considerará, salvo prueba en contrario, que existe dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, siendo éste su único o principal medio de obtener ingresos.

Habrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización, a quien: durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, se enajene intencionalmente de manera parcial o total de sus bienes para eludir obligaciones alimentarias 

Asimismo, también se penalizará a quien, teniendo conocimiento de la obligación alimentaria o del proceso judicial en curso, ayude al deudor a ocultar bienes, acepte figurar como titular aparente de estos, o realice cualquier acto jurídico simulado con el fin de evitar que el deudor cumpla con sus obligaciones alimentarias.

La legisladora Robles Chairez señaló que, comúnmente los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos y materiales que tienen como fin el desamparo del acreedor. Algunos ejemplos son la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo en periodos críticos de juicios familiares, y la transferencia de bienes a favor de terceros.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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