Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos
Por: Cristian Betancourt
Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.
Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.
En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado
Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.
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Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso
Por: redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.
La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.
Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.
La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.
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Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo
Por: Angel Bravo
El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.
Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.
La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:
La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.
El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.
El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.
A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.
Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo
“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”
En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.
El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.
Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”
El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.
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