Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
El acuerdo contempla incremento salarial y mejoras en prestaciones para los trabajadores
Por: Redacción
La mayoría de trabajadores de la planta General Motors mostraron su respaldo al nuevo contrato colectivo de trabajo en una consulta realizada del 8 al 11 de diciembre informó el sindicato representante de los trabajadores. Más de 5 mil 100 empleados, que equivalen a más del 90 % de la fuerza laboral, participaron en el proceso y respaldaron las condiciones acordadas entre la representación sindical y la empresa.
Este contrato, una vez avalado por el Centro Federal de Conciliación Labora
El acuerdo contempla un incremento global del 12% con un 6% directo al salario y el resto destinado a mejoras en prestaciones sin perder los beneficios ya existentes. Además el sindicato adelantó que buscará una nueva revisión salarial en marzo de 2026 como parte de futuras negociaciones.
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El Gobierno del Estado destacó un clima de paz y seguridad que permite la convivencia ciudadana en plazas y comercios durante la temporada decembrina
Por: Redacción
El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la entidad potosina se encuentra cerrando el año 2025 en un entorno de paz y tranquilidad. De acuerdo con información publicada por El Universal San Luis, el funcionario destacó que durante la primera quincena de diciembre se registraron únicamente dos homicidios en todo el estado, cifra que calificó como un mínimo histórico en la materia y un reflejo del esfuerzo por mantener el orden público.
Torres Sánchez subrayó que, aunque el ejercicio de gobernar implica retos diarios de cara al 2026, los resultados actuales son tangibles en la vida cotidiana de la población, el secretario afirmó que la seguridad “no se ve, pero se siente”, y señaló que el cumplimiento de las metas en esta materia ha permitido que las plazas públicas, centros comerciales y restaurantes luzcan llenos de familias que conviven y realizan sus compras incluso por las noches, sin los temores que se presentan en otras entidades del país.
Durante la más reciente Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, se confirmó que esta baja incidencia delictiva representa un hito para la administración estatal. El funcionario puntualizó que, si bien la meta ideal es llegar a una cifra de cero incidentes, la tendencia actual marca una ruta clara hacia la continuidad de la paz social. Finalmente, enfatizó que la libertad con la que la ciudadanía se apropia hoy de los espacios públicos es el indicador más fiel de que el Gobierno del Estado ha cumplido con su compromiso de proteger a las y los potosinos al cierre de este ejercicio fiscal.
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Esta necesidad surge debido a que existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales
Por: Redacción
En la comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado se analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de tipificar el ciberacoso sexual.
El ciberacoso sexual se define como el hostigamiento o acecho a una persona mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, mensajería instantánea o cualquier medio digital, con conductas de connotación sexual no consentidas.
Estas conductas, que incluyen el envío de mensajes, proposiciones o comentarios sexuales explícitos no deseados, así como el acecho digital con fines lascivos, generan un daño psicológico profundo, vulneran la intimidad y la tranquilidad de las víctimas, y pueden escalar a formas de violencia aún más graves.
Si bien el ordenamiento ya tipifica delitos como el hostigamiento sexual y cuenta con una robusta figura contra la difusión ilícita de imágenes íntimas, existe un vacío legal evidente respecto al acoso sexual que ocurre íntegramente en entornos digitales, particularmente cuando no media una relación de subordinación previa y cuando la agresión no consiste en la difusión de contenido visual. Este vacío deja en estado de indefensión a las víctimas de estas prácticas.
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