Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
Jáuregui Mendoza llamó a generar un voto de confianza hacia los concesionarios, siempre y cuando cumplan los compromisos asumidos
Por: Redacción
Tras la aprobación del ajuste a las tarifas del transporte urbano, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberá verificar de manera permanente el cumplimiento en la mejora del servicio y la renovación de unidades obsoletas, señaló la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
La legisladora, que preside la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, reconoció que los ajustes tarifarios suelen realizarse de manera periódica para equilibrar los efectos de la inflación; sin embargo, subrayó que cualquier incremento debe verse reflejado directamente en un mejor servicio para los usuarios.
Jáuregui Mendoza llamó a generar un voto de confianza hacia los concesionarios, siempre y cuando cumplan los compromisos asumidos, entre ellos la mejora en el trato a los usuarios, la prestación de un servicio digno, mayor seguridad dentro de las unidades y la modernización del parque vehicular. Destacó como un avance la reciente rehabilitación de unidades y la incorporación de nuevos camiones al servicio.
Recientemente se han desarticulado células delictivas relacionadas a este delito, con detenidos en Valles y Tamasopo
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que recientemente se han intensificado las detenciones por extorsiones en la Zona Huasteca.
El titular comentó que en los últimos días han desarticulado a varias células delictivas que ya tenían previamente identificadas, con algunos detenidos en Tamasopo y Ciudad Valles, principalmente por el cobro de piso.
Juárez Hernández indicó que se han visto reforzados con la nueva Ley General contra extorsión, con lo que han podido intervenir directamente en los penales para prevenir las llamadas de chantaje que se puedan realizar en ellos.
Finalmente, el secretario añadió que si bien son esporádicas las llamadas que reciben para reportar extorsiones, se mantiene la confianza de la población para reportar estos casos ante la SSPCE, sobre todo por el acompañamiento que brindan.
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El STJE tiene deficiencia en áreas como Secretaría de Acuerdos, proyectistas y actuarios
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado reconoce un déficit de personal en juzgados y salas del Supremo Tribunal de Justicia, particularmente en áreas clave como secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y secretarios de actuarios, informó Lourdes Anahi Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE).
La magistrada explicó que esta carencia ha sido abordada en reuniones con el órgano de administración, donde se confirmó que durante el presente mes se emitirá una convocatoria para atender esta problemática de manera inmediata.
Detalló que, aunque no se ha definido el número exacto de aspirantes, el órgano de administración estima que , en una primera etapa se podrían cubrir alrededor de 30 plazas
La magistrada señaló que el objetivo es cubrir de manera prioritaria las vacantes que actualmente impactan en el funcionamiento de juzgados y salas, al tratarse de personal indispensable.
Finalmente, indicó que el Poder Judicial analiza medidas adicionales para atender esta necesidad específica, con el fin de fortalecer la operación del Supremo Tribunal y mejorar la atención a la ciudadanía.
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