Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
Inicia programa Técnico Automotriz en coordinación con Toyota, fortaleciendo la formación de jóvenes con acceso a oportunidades laborales en el sector productivo
Por: Redacción
Siguiendo la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de brindar oportunidades para la juventud potosina, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icat) puso en marcha la décima cuarta generación del curso de mecánica automotriz TTEP (Toyota Technical Education Program), en colaboración con la empresa Toyota.
Este programa, con duración de 10 meses, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años con bachillerato concluido e interés en el sector automotriz, permitiendo su especialización técnica y contribuyendo a elevar la calidad del servicio en esta industria. A través de esta formación, impulsa capital humano altamente capacitado.
En coordinación con instituciones como Casa Don Bosco, TTI Global y MegaDealer, se formalizó el inicio de esta generación con la firma de cartas compromiso por parte de las y los participantes, quienes iniciarán actividades este 25 de marzo.
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Mientras el organismo operador afirma que cumple la norma, estudios académicos señalan presencia de arsénico y flúor en pozos de la zona metropolitana
Por: Redacción
El debate sobre la calidad del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí volvió a escalar luego de que el INTERAPAS asegurara que el líquido distribuido a la población cumple con los estándares establecidos por la normativa federal, mientras que desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí se advierte que existe contaminación documentada en parte de los pozos.
El organismo operador informó que realiza monitoreos permanentes en sus fuentes de abastecimiento, incluyendo pozos, plantas y tanques de distribución, y que el agua cumple con los parámetros de la NOM-127-SSA1-2021, por lo que la población “puede estar tranquila”.
Además, señaló que estas verificaciones son respaldadas por supervisiones periódicas de la COEPRIS, con el objetivo de garantizar la calidad del agua para consumo humano.
Sin embargo, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua, rechazó estas afirmaciones y sostuvo que existen estudios científicos que evidencian contaminación en al menos el 13 por ciento de los pozos de la zona metropolitana.
La legisladora afirmó que los análisis realizados por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el El Colegio de San Luis no son “erróneos ni inventados”
De acuerdo con estos estudios, el problema no solo persiste, sino que se ha agravado, ya que la contaminación —según el Grupo Universitario del Agua— proviene de la superficie y ha alcanzado fuentes de abastecimiento.
García Martínez calificó el escenario como “delicado” y advirtió que ya no se trata de prevenir, sino de contener y reducir un problema existente.
Este contraste ocurre en medio de iniciativas legislativas que buscan frenar la sobreexplotación de acuíferos y regular la perforación de nuevos pozos, las cuales —según la diputada— permanecen detenidas por la resistencia a posibles sanciones.
Así, mientras el organismo operador sostiene que el agua cumple con la normatividad vigente, desde el ámbito legislativo y académico se advierte una problemática estructural que podría impactar la calidad del recurso a mediano y largo plazo.
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Plantea reformar el artículo 27 de la Ley de Salud del Estado para establecer el “Programa de Emergencia de Abasto de Medicamentos del Cuadro Básico e Insumos Básicos”, a cargo de la Secretaría de Salud estatal
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa de ley que busca garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos básicos en los servicios de salud, mediante la creación de un Programa de Emergencia que permita actuar de manera inmediata ante fallas en el suministro federal.
“El abasto de medicamentos e insumos básicos atraviesa por una situación preocupante, caracterizada por la falta recurrente de medicamentos del cuadro básico, lo que impide brindar servicios de salud de manera oportuna, continua y con calidad”, señaló.
La propuesta plantea reformar el artículo 27 de la Ley de Salud del Estado para establecer el “Programa de Emergencia de Abasto de Medicamentos del Cuadro Básico e Insumos Básicos”, a cargo de la Secretaría de Salud estatal, que se activará cuando exista desabasto en instituciones federales que operan en la entidad.
Este programa contempla la posibilidad de realizar compras de emergencia conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado, con el fin de asegurar la continuidad de la atención médica, así como la incorporación de la acción popular para que cualquier persona pueda denunciar irregularidades en su aplicación.
Gama Basarte subrayó que esta iniciativa busca dotar al Estado de herramientas efectivas para responder ante contingencias y, sobre todo, proteger el derecho a la salud, cuya interrupción o deficiente prestación tiene impactos inmediatos y graves en la población.
Finalmente, Marco Gama reiteró que la salud de las y los potosinos debe estar por encima de cualquier falla administrativa o institucional, y llamó a construir soluciones que garanticen atención digna, oportuna y de calidad para todas y todos.
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