Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
Durante la reunión, Anhel García, presidente de la Asociación de Alianzas Evangélicas del Estado, agradeció la apertura del Gobierno
Por: Redacción
Al realizar un encuentro con líderes y representantes de la comunidad evangélica, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, refrendó su compromiso con el respeto absoluto a todas las creencias y destacó que el diálogo contribuye a fortalecer valores y a consolidar una sociedad más solidaria y sin límites.
Ricardo Gallardo reconoció la labor espiritual que realizan los ministros y aprovechó la oportunidad para recordar el exitoso programa de medicamentos gratuitos contra el cáncer que ha salvado la vida de miles de potosinas y potosinos, lo que dijo se constituye como la obra más trascendente incluso por encima de puentes, carreteras o escuelas.
Durante la reunión, Anhel García, presidente de la Asociación de Alianzas Evangélicas del Estado,
Al finalizar el encuentro, los asistentes elevaron una oración al Gobernador Ricardo Gallardo, su familia y su equipo de trabajo, solicitando fortaleza para continuar impulsando políticas que fomenten la unidad, el respeto y la convivencia entre todas las expresiones religiosas de San Luis Potosí.
El exfuncionario del DIF, acusado de violación, obtuvo libertad condicionada tras cumplir la mitad de su pena y acreditar los requisitos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal
Por: Redacción
El Poder Judicial confirmó que Alejandro Fernández Montiel obtuvo su libertad condicionada, como parte del proceso de ejecución penal, luego de que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario cumplió la mitad de la pena impuesta, equivalente a 6 años, 1 mes y 15 días, plazo que se alcanzó el 8 de diciembre de 2025, lo que permitió a la autoridad judicial analizar su situación jurídica para el acceso a este beneficio.
El órgano jurisdiccional determinó conceder la libertad condicionada tras validar diversos elementos, entre ellos:
- el tiempo efectivo de compurgación,
- la conducta durante el internamiento,
- el cumplimiento del plan de actividades, y
- la reparación del daño.
La resolución se emitió dentro del marco legal vigente y corresponde a la fase de ejecución de la sentencia, por lo que no implica la absolución del delito ni la cancelación de la condena, sino una modificación en la forma de cumplimiento de la pena.
El caso de Fernández Montiel generó amplia atención pública desde su detención en octubre de 2019, tras una persecución en la capital potosina, así como por la naturaleza del delito por el cual fue sentenciado. La concesión de la libertad condicionada reaviva el debate sobre los alcances del sistema penal, la protección de las víctimas y la aplicación de beneficios legales en delitos de alto impacto social.
La diputada Brisseire Sánchez dijo que la lectura va más allá de ser un proceso, sino un elemento importante para la sociedad en general
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para fomentar la promoción de material de lectura para pueblos y comunidades indígenas, así como para personas con discapacidad.
Trata de una actualización de conceptos dentro de la Ley, como es el de “discapacitados” por “personas con discapacidad”, así como “etnias” por “pueblos y comunidades indígenas” y “lenguas autóctonas” por “lenguas indígenas”, lo que ayudara para una mejor compresión y aplicación de la norma, además de fortalecer lo relativo al fomento a la lectura para pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad.
En la exposición de motivos, la legisladora establece que “la lectura puede entenderse como un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito, enfrentándose a ciertas palabras, números o símbolos, que se traducen en información dentro de la mente, donde los decodifica y aprende”.
La lectura va más allá de ser un proceso, sino al contrario, es un elemento muy importante para la sociedad en general; ayudando a formar criterios, a fortalecer la identidad cultural, a promover compresión de las cosas, lidiar contra la desinformación, además de mejorar la educación y el desarrollo profesional de las personas, entre muchas otras más.
La diputada Sánchez López dijo que “la lectura resulta ser fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de quienes la practican, ayudando a las personas a experimentar diversas perspectivas y mundos; ayudando a ampliar horizontes, creando empatía y estimulando la imaginación. Lo que, para un país como México, que es rico en diversidad cultural, el promover la lectura puede ser el camino hacia la inclusión social, siendo aplicativo de la misma manera para el estado potosino”.
El hábito de la lectura, se convierte en una herramienta funcional y necesaria, debiendo estar al alcance de todas las personas, sirviendo de puente para lograr una sociedad libre, consiste y capaz en los problemas que se enfrentan día a día. Por ello, el fomento a la lectura, y los elementos que ayudan a acceder a esta, deben estar al alcance para todas las personas, en especial para los grupos vulnerables o de atención prioritaria, encontrando dentro de estos, a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y personas de pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta de reforma establece que se deben crear textos en lenguas indígenas, y braille, para su promoción, fomento y distribución entre los pueblos y comunidades indígenas, y personas con discapacidad de la Entidad; fomentar y promover, en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la creación literaria en lenguas indígenas del Estado, y buscar mecanismos de distribución para todas las zonas con población indígena de la Entidad.
La iniciativa se analiza en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la elaboración del dictamen correspondiente.
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