Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
Hector Serrano Córtez busca que la reforma recién aprobada incluya delitos como extorsiones con voces generadas por IA
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Héctor Serrano Cortés, dio a conocer que actualmente buscan adherir a la reforma sobre el mal uso de la inteligencia artificial (IA) aspectos relacionados con el interés colectivo, como por ejemplo las extorsiones telefónicas en las que se utilizan voces generadas con IA para imitar a familiares de las víctimas.
Aclaró que se pretende especificar con precisión en el catálogo de delitos aquellos actos que derivan del mal uso de herramientas tecnológicas, utilizadas con fines distintos a los que la ley considera legítimos o beneficiosos para la sociedad.
Cabe recordar que, según el diputado Serrano —principal impulsor de la propuesta—, la reforma busca sancionar “a cualquiera que utilice la IA para crear realidades virtuales que, en muchos casos, pueden generar crisis social”.
La iniciativa contempla también tipificar como delito el uso doloso de IA para manipular imágenes, audios, videos o documentos. Fue aprobada el 14 de noviembre, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
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El diputado afirmó que los programas sociales están centralizados y no pueden ser manipulados por funcionarios locales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo
Badillo aclaró que ningún programa social federal puede usarse con fines partidistas, pues los sistemas de registro y dispersión dependen directamente de la federación y no de funcionarios locales.
“En Morena nunca vamos a respaldar eso, y si existe algún intento, que los ciudadanos presenten sus denuncias. Incluso pueden hacerlo saber a nosotros y los apoyamos”, sostuvo.
El legislador explicó que los programas del Bienestar están centralizados en plataformas federales, lo que evita su manipulación desde oficinas locales. “Ningún funcionario de la Secretaría del Bienestar puede maniobrar los programas o las tarjetas. Eso quedó bien blindado desde el inicio de la Cuarta Transformación”, reiteró.
Badillo afirmó que cualquier señalamiento sobre condicionamiento debe investigarse, pero subrayó que la estructura del Bienestar está diseñada precisamente para impedir usos electorales.
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La diputada dijo que en los próximos días emitirán un exhorto para conocer los avances del análisis que realiza la SCT
Por: Redacción
La diputada local de San Luis Potosí, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, dio a conocer que continúan los trabajos sobre la legislación para regular el transporte turístico, especialmente aquellos servicios que operan fuera de la normativa vigente. Esto con el objetivo de evitar accidentes, asaltos u otros incidentes.
Adelantó que próximamente realizarán un exhorto para conocer los avances de dicha iniciativa, ya que esta se está revisando al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT). Asimismo, buscan conocer los puntos que regularán los reglamentos de tránsito de cada municipio, además de incluir a los servicios de transporte mediante plataformas.
Agregó que ha mantenido comunicación constante con la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, con el fin de contar con un reporte claro y preciso que pueda presentarse ante el Congreso. Esto permitirá que las y los diputados puedan contribuir en temas relacionados con las plataformas, incluyendo todo lo referente a su registro: empresas, operadores y unidades.
Finalmente, advirtió que este tema debe manejarse con cuidado y un análisis profundo, ya que existe información que podría malinterpretarse o difundirse de manera errónea.
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