Estado
Vera propone hasta 2 años de cárcel para despachos de cobro a morosos
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para castigar a los despachos de cobro que amenacen u hostiguen a los deudores
Por: Redacción
El diputado Oscar Vera Fábregat dijo que el cobro extrajudicial que llevan a cabo las instituciones crediticias a través de despachos de cobro podrían catalogarse como delito y sería sancionado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y multas de entre 25 mil 467 y 50 mil 934 pesos, esto mediante una reforma al Código Penal del Estado, donde se incluirá un capítulo denominado “delitos contra la paz, la libertad y la seguridad de las personas”, informó el diputado Oscar Vera Fábregat.
Señaló que la situación económica por la que atraviesa la mayoría de los ciudadanos los ha obligado a solicitar diversas formas de créditos, que utilizan incluso para cubrir necesidades mínimas y en ocasiones se realizan solicitudes con negocios debidamente acreditados y otras con instituciones de poco reconocimiento y hasta con particulares.
Añadió que los “agiotistas” fijan intereses muy altos que se vuelven impagables, pues la intención de estos es comprometer económicamente por mucho tiempo a quienes solicitan dichos créditos, y prácticamente trabajan para solventar sus deudas.
“Si bien existen instancias correspondientes y acciones que se deben ejercitar en contra de quienes resultan deudores, dichos despachos jurídicos llevan a cabo previo a cualquier acción judicial, no solo el requerimiento del pago, sino que lo hacen de manera ilegítima, llevan a cabo diversos actos de molestia contra los deudores a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliares, envían todo tipo de cartas y documentos con la finalidad de amenazar y amedrentar”, explicó.
Detalló que lo que se pretende con la iniciativa, no es eliminar el requerimiento de pago extrajudicial, pues la naturaleza del crédito es un acuerdo entre las partes, uno para entregar una cantidad de dinero determinada y el otro para realizar el pago del mismo, en los términos y condiciones que así hayan convenido.
“Si bien es cierto ante la falta de pago del deudor se pudiera embargar bienes de su propiedad que garanticen el pago, también lo es que a través de procedimientos judiciales debe ser oído y vencido en juicio para tal efecto, por lo que se debe de esperar que exista un mandamiento judicial o de autoridad competente para efecto de sustraer bienes propiedad de algún deudor”, mencionó Vera Fábregat.
La propuesta establece que “comete el delito de cobranza extrajudicial ilegal, quien para obtener el pago de una deuda, ya sea por parte del deudor principal, así como de quien funja como responsable solidario o aval, por cualquier medio, haga uso de la violencia, amenaza hostigamiento o intimidación, para la obtención del mismo. Este delito se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a setecientas Unidades de Medida y Actualización”.
Con cien pesos mensuales “rescatarían” a morosos del Interapas
La Senadora convoca a la unidad y sororidad para garantizar la continuidad del cambio y la transformación en todo San Luis Potosí
Por: Redacción
Entre porras, vítores y aplausos, más de 10 mil mujeres de Rioverde y de toda la Zona Media
Durante el encuentro, las asistentes reiteraron su respaldo a la legisladora, quien refrendó su compromiso de mantenerse cercana a las mujeres potosinas, escucharlas y acompañarlas para encontrar soluciones a sus necesidades.
En su mensaje, la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agradeció la invitación al “Encuentro de Mujeres Líderes de Rioverde”, un evento histórico que reunió a potosinas de distintas ideologías, partidos políticos, religiones y profesiones
“Hoy es tiempo de mujeres, por eso debemos estar juntas, unidas y apoyarnos para sacar adelante a nuestros hijos, nuestras familias y a todo San Luis Potosí”, expresó, al convocar a las asistentes a construir un gran pacto de unidad, porque juntas somos más fuertes.
Al encuentro acudieron estudiantes, profesionistas, transportistas, amas de casa, empresarias y líderes sociales y políticas de la región, quienes manifestaron su respaldo a la Senadora Ruth González y su compromiso de seguir impulsando el cambio y la transformación en San Luis Potosí.
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La Guardia Civil Estatal fortalece la proximidad social y la presencia en colonias y fraccionamientos de las cuatro regiones
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) dio a conocer que, como parte del programa de prevención y proximidad social, durante la última semana 5 mil 321 personas participaron en actividades realizadas en instituciones educativas, ferias de seguridad y mediante el seguimiento a necesidades ciudadanas en comités vecinales de las cuatro regiones.
La Unidad de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal (GCE) llevó a cabo en planteles educativos diversas pláticas sobre prevención de adicciones, educación vial, riesgos digitales, acoso escolar, valores familiares, así como salud mental, manejo de emociones y empoderamiento, además, de una demostración del equipo táctico y de la función policial dirigida a niñas y niños.
En el sector juvenil se abordaron temas relacionados con la Ley de Justicia Penal para Adolescentes
La GCE cerró actividades en el Colegio de Bachilleres, plantel 28, en la capital potosina, donde además de ofrecer orientación se canalizaron a instancias especializadas algunos casos reportados por estudiantes o sus familiares para su debido seguimiento.
Finalmente, mediante el trabajo con los Comités Vecinales de participación ciudadana se consolida una comunicación directa con las instituciones de seguridad, lo que permite que la respuesta ante los reportes de la población sea más oportuna y eficaz.
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Reformas y adiciones que fortalecen requisitos de idoneidad regulan la entrega voluntaria y prohíben cualquier forma de lucro o beneficio indebido
Por: Redacción
La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar para el estado de San Luis Potosí a fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopción, requisitos de idoneidad y prohibir de manera expresa cualquier forma de lucro o beneficio indebido relacionado con dicho procedimiento.
Se establece con claridad que pueden ser sujetos de adopción las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, que no tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria protestad, que sean abandonados, acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado, o que aun estando bajo patria protestad, exista consentimiento expreso otorgado ante la autoridad competente y ratificado judicialmente.
Esta precisión normativa resulta necesaria porque la redacción anterior generaba interpretaciones dispersas que podían dificultar la determinación de la situación jurídica de la persona susceptible de adopción y al establecer de manera puntual los supuestos, se brinda mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas involucradas en el procedimiento y se evita la discrecionalidad en la aplicación de la norma.
Además, se reconoce de manera expresa el derecho a llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, el derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad
Se incorpora como impedimento para adoptar el contar con sentencia condenatoria firme por violencia familiar en delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad sexual la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual y de igual forma se establece como impedimento encontrarse inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se acredite el pago total de los adeudos.
Además, se prohíbe de manera expresa la obtención directa o indirecta de beneficios económicos materiales o de cualquier índole por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas o autoridades involucradas en el procedimiento de adopción, ya que la adopción no puede convertirse en un mecanismo de intermediación lucrativa.
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