Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista

Por: Ana G Silva

“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.

“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.

Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal,  Jesús “Chuy” Nava Loredo.

La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.

Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.

Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.

Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.

Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.

Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.

Una denuncia desde 2023

El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.

Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.

Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.

La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.

También afirma que fue amenazada de muerte.

“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.

Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.

El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.

Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.

El antecedente de la detención de julio

La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.

En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.

De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.

A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.

El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.

Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.

Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.

El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.

Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.

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Jorge Alberto Cavazos, arzobispo de San Luis Potosí, dijo que la sanción implica quedar fuera de la Iglesia y perder el acceso a sacramentos y derechos eclesiásticos

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí decretó la excomunión de los autores, aún no identificados, del robo de piezas litúrgicas en una capilla de Valle Umbroso, en Mexquitic de Carmona, confirmó Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

El robo ocurrió en la capilla de la comunidad de Valle Umbroso, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Corte Primero, municipio de Mexquitic de Carmona.

La Arquidiócesis publicó el martes por la tarde el decreto de excomunión firmado por Cavazos Arizpe. La sanción es ipso facto: surte efectos inmediatos para los autores del robo, aunque hasta ahora no se ha identificado a los responsables.

Cavazos Arizpe explicó que, de manera paralela a la denuncia presentada ante el Ministerio Público para efectos penales, el derecho canónico lo obliga a cuidar los sacramentos, por lo que emitió el decreto como testimonio del valor sacramental de los bienes sustraídos.

El arzobispo precisó que este hecho se encuentra entre los delitos más graves que ameritan la excomunión, lo que permite a la Arquidiócesis instruir una causa para determinar el daño causado y las consecuencias que recaigan sobre quienes sustrajeron los bienes litúrgicos.

Como signo de desagravio, Cavazos Arizpe anunció una misa para el sábado 12 de septiembre, a las 12:00 horas, con el fin de expresar el deseo de conversión de los responsables.

Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis, explicó que la excomunión deja a una persona fuera de la Iglesia y le retira todos los derechos dentro de ella: no puede acceder a los sacramentos ni casarse por la Iglesia.

Cruz reconoció que, al no contar la institución con la identificación de los responsables, la aplicación de la sanción queda en la conciencia de quienes cometieron el robo. Dijo que, si alguna persona llega a ser detenida, se le notificaría a través de un documento.

Añadió que la Iglesia puede mostrar misericordia si se determina que el hecho no fue doloso, sino resultado de la ignorancia, aunque esa evaluación implicaría profundizar más en el caso.

Cruz también señaló que la vigilancia en los templos depende en buena medida de la llamada vela perpetua, en la que fieles cuidan el recinto durante el día, pero que por las noches los espacios quedan sin resguardo, lo que dijo que obliga a reforzar la seguridad en todas las parroquias de la diócesis.

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Tomás Cruz, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, reconoció imprudencias en el manejo de la pólvora tras la explosión que dejó dos muertos en Mexquitic

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí usará pirotecnia en los festejos de San Luis Rey, pese a la explosión que dejó dos personas muertas y seis heridas en una fiesta patronal de Mexquitic de Carmona hace cinco meses, confirmó su vocero, Tomás Cruz Perales.

Cruz reconoció que ha habido imprudencias en el manejo de la pólvora, la mayoría relacionadas con la falta de peritos o personal capacitado para su uso.

Señaló que en ocasiones la pólvora se guarda dentro de los templos o en las casas parroquiales, lo que ha provocado incidentes, además del uso por parte de personas sin la capacitación adecuada.

El 20 de marzo, una explosión de pólvora provocó el derrumbe de una barda dentro de una iglesia de Mexquitic de Carmona, durante una fiesta patronal. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó dos personas fallecidas y varias heridas por traumatismo, no por quemaduras.

Días después, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que los organizadores del evento no contaban con un permiso válido: el que presentaron había sido emitido en Zacatecas y las autoridades potosinas desconocían que se usaría pirotecnia. Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la CEPC, señaló que Francisco Ortiz

Ordaz Flores agregó que el caso ya representaba una reincidencia, pues el año anterior se había registrado un incendio por pirotecnia en el mismo municipio.

Aunque dijo que existen empresas y personas dedicadas profesionalmente a este tipo de espectáculos, Cruz admitió que “también hay quien ha fallado”.

El vocero sostuvo que la pirotecnia puede mantenerse en las festividades si se maneja con precaución y se promueven otras formas de diversión, pues la mayoría de los asistentes solo espera “las luces”.

La Arquidiócesis ya exhortó a las comunidades a disminuir el uso de pirotecnia, aunque aclaró que estas festividades no las encabezan los sacerdotes, sino organizaciones dentro de las propias comunidades, en ocasiones paralelas a la celebración litúrgica.

Cruz afirmó que la institución no lleva un registro puntual de incidentes por el uso de pirotecnia en sus templos, aunque identificó el caso de Mexquitic como el más reciente.

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