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Pineda justificó negligencia policial y evadió responder acusaciones de Alanís
Durante su comparecencia ante los diputados, Pineda fue cuestionado sobre las medidas de protección a víctimas de violencia familiar y feminicidios
Por: Redacción
El secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, afirmó que la policía estatal no cuenta con capacidad numérica para responder a las medidas de protección que debe brindar a las víctimas de violencia familiar en riesgo de perder la vida.
Molesto, el funcionario informó a los diputados que la dependencia cuenta con más de cuatro mil víctimas sujetas a medidas de protección por violencia familiar y consideró que, si por el déficit policial, una de ellas fuera víctima de feminicidio, no representa nada, en comparación con el número total de casos.
“Tú tienes datos de que hay víctimas de feminicidios que tenían estas medidas, o sea que estas medidas, a veces…”, comenzó a preguntar el diputado Ricardo Villarreal Loo, dirigiéndose a su homóloga, Beatriz Benavente.
“… sí, pero la verdad, sinceramente”, atajó Pineda Arteaga para después continuar: “si es una, si te vas al porcentaje, no es nada. Es humanamente, materialmente, imposible”.
La comparecencia: mucho debate, cero acuerdos
Por: Ana Dora
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social Congreso, integrada por Beatriz Benavente, Rubén Guajardo, Angélica Mendoza y Martín Juárez, se reunieron la tarde del lunes con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, acompañado del nuevo director de la Policía Carlos Arturo Landeros.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Benavente comenzó cuestionando al secretario de Seguridad: “comisario, como te lo comenté el día de ayer es un intercambio para conocer los términos sobre la renuncia de Raúl Alanis Beltrán, conocer la situación de la institución, si existen vehículos suficientes, elementos de seguridad y gasolina para el traslado, a la vez con el nuevo director de la policía, como encontró la corporación”.
Además, la diputada también preguntó sobre nuevas estrategias y proyectos en seguridad, así como el alza en feminicidios.
A los cuestionamientos, Pineda Arteaga inició su participación aduciendo que existen diversos mensajes falsos que circulan por redes sociales y que sólo alarman a la ciudadanía: “hay rumores, noticias que a veces alarman a la población”.
Respecto a los feminicidios, el comisario dijo que a la Secretaría de Seguridad no le compete el tema : “no es asunto mío, es más de la Fiscalía, porque es producto de la carpeta de investigación” y manifestó que el alza en muertes de mujeres se debe a la violencia familiar: “tenemos muchas (denuncias) de violencia familiar, por lo que el 2 de marzo del 2018, creamos la unidad especializada que ya abarca las cuatro zonas del estado”.
En este mismo tema, agregó que a pesar de trabajar conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres: “no nos damos abasto, por lo que tiene que entrar la policía municipal”, pues informó que la Unidad atiende alrededor de 120 a 130 auxilios a la semana en violencia familiar.
Comentó que en materia de certificación policial, que para el año 2020 se espera la certificación y homologación de todos los elementos,: “estamos capacitando a todos los elementos, que tengan además, una remuneración digna, una carrera oficial y decorosa”.
También intentó esquivar el tema de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán y aseguró que los señalamientos que este le hizo al retirarse “son proyectos” (¿?) y añadió que dentro de la SSPE existen más direcciones: “no me gusta decir nada más, son proyectos, si hay que hacer el cambio en el tiempo necesario, no voy a comentar más cosas”.
Después de la intervención de Pineda Arteaga, la diputada Beatriz Benavente retomó la palabra y puso en duda si se respeta la cadena de mando en la corporación, así como la forma como se entregan los informes, a lo que Pineda atajó: “yo tengo la facultad de pedir información a quien sea”.
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Destacadas
Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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Ciudad
Estructura de Galindo: Comités Ciudadanos cubren 97 % del municipio
El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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Destacadas
Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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