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Pineda justificó negligencia policial y evadió responder acusaciones de Alanís
Durante su comparecencia ante los diputados, Pineda fue cuestionado sobre las medidas de protección a víctimas de violencia familiar y feminicidios
Por: Redacción
El secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, afirmó que la policía estatal no cuenta con capacidad numérica para responder a las medidas de protección que debe brindar a las víctimas de violencia familiar en riesgo de perder la vida.
Molesto, el funcionario informó a los diputados que la dependencia cuenta con más de cuatro mil víctimas sujetas a medidas de protección por violencia familiar y consideró que, si por el déficit policial, una de ellas fuera víctima de feminicidio, no representa nada, en comparación con el número total de casos.
“Tú tienes datos de que hay víctimas de feminicidios que tenían estas medidas, o sea que estas medidas, a veces…”, comenzó a preguntar el diputado Ricardo Villarreal Loo, dirigiéndose a su homóloga, Beatriz Benavente.
“… sí, pero la verdad, sinceramente”, atajó Pineda Arteaga para después continuar: “si es una, si te vas al porcentaje, no es nada. Es humanamente, materialmente, imposible”.
La comparecencia: mucho debate, cero acuerdos
Por: Ana Dora
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social Congreso, integrada por Beatriz Benavente, Rubén Guajardo, Angélica Mendoza y Martín Juárez, se reunieron la tarde del lunes con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, acompañado del nuevo director de la Policía Carlos Arturo Landeros.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Benavente comenzó cuestionando al secretario de Seguridad: “comisario, como te lo comenté el día de ayer es un intercambio para conocer los términos sobre la renuncia de Raúl Alanis Beltrán, conocer la situación de la institución, si existen vehículos suficientes, elementos de seguridad y gasolina para el traslado, a la vez con el nuevo director de la policía, como encontró la corporación”.
Además, la diputada también preguntó sobre nuevas estrategias y proyectos en seguridad, así como el alza en feminicidios.
A los cuestionamientos, Pineda Arteaga inició su participación aduciendo que existen diversos mensajes falsos que circulan por redes sociales y que sólo alarman a la ciudadanía: “hay rumores, noticias que a veces alarman a la población”.
Respecto a los feminicidios, el comisario dijo que a la Secretaría de Seguridad no le compete el tema : “no es asunto mío, es más de la Fiscalía, porque es producto de la carpeta de investigación” y manifestó que el alza en muertes de mujeres se debe a la violencia familiar: “tenemos muchas (denuncias) de violencia familiar, por lo que el 2 de marzo del 2018, creamos la unidad especializada que ya abarca las cuatro zonas del estado”.
En este mismo tema, agregó que a pesar de trabajar conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres: “no nos damos abasto, por lo que tiene que entrar la policía municipal”, pues informó que la Unidad atiende alrededor de 120 a 130 auxilios a la semana en violencia familiar.
Comentó que en materia de certificación policial, que para el año 2020 se espera la certificación y homologación de todos los elementos,: “estamos capacitando a todos los elementos, que tengan además, una remuneración digna, una carrera oficial y decorosa”.
También intentó esquivar el tema de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán y aseguró que los señalamientos que este le hizo al retirarse “son proyectos” (¿?) y añadió que dentro de la SSPE existen más direcciones: “no me gusta decir nada más, son proyectos, si hay que hacer el cambio en el tiempo necesario, no voy a comentar más cosas”.
Después de la intervención de Pineda Arteaga, la diputada Beatriz Benavente retomó la palabra y puso en duda si se respeta la cadena de mando en la corporación, así como la forma como se entregan los informes, a lo que Pineda atajó: “yo tengo la facultad de pedir información a quien sea”.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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