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Pineda justificó negligencia policial y evadió responder acusaciones de Alanís
Durante su comparecencia ante los diputados, Pineda fue cuestionado sobre las medidas de protección a víctimas de violencia familiar y feminicidios
Por: Redacción
El secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, afirmó que la policía estatal no cuenta con capacidad numérica para responder a las medidas de protección que debe brindar a las víctimas de violencia familiar en riesgo de perder la vida.
Molesto, el funcionario informó a los diputados que la dependencia cuenta con más de cuatro mil víctimas sujetas a medidas de protección por violencia familiar y consideró que, si por el déficit policial, una de ellas fuera víctima de feminicidio, no representa nada, en comparación con el número total de casos.
“Tú tienes datos de que hay víctimas de feminicidios que tenían estas medidas, o sea que estas medidas, a veces…”, comenzó a preguntar el diputado Ricardo Villarreal Loo, dirigiéndose a su homóloga, Beatriz Benavente.
“… sí, pero la verdad, sinceramente”, atajó Pineda Arteaga para después continuar: “si es una, si te vas al porcentaje, no es nada. Es humanamente, materialmente, imposible”.
La comparecencia: mucho debate, cero acuerdos
Por: Ana Dora
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social Congreso, integrada por Beatriz Benavente, Rubén Guajardo, Angélica Mendoza y Martín Juárez, se reunieron la tarde del lunes con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, acompañado del nuevo director de la Policía Carlos Arturo Landeros.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Benavente comenzó cuestionando al secretario de Seguridad: “comisario, como te lo comenté el día de ayer es un intercambio para conocer los términos sobre la renuncia de Raúl Alanis Beltrán, conocer la situación de la institución, si existen vehículos suficientes, elementos de seguridad y gasolina para el traslado, a la vez con el nuevo director de la policía, como encontró la corporación”.
Además, la diputada también preguntó sobre nuevas estrategias y proyectos en seguridad, así como el alza en feminicidios.
A los cuestionamientos, Pineda Arteaga inició su participación aduciendo que existen diversos mensajes falsos que circulan por redes sociales y que sólo alarman a la ciudadanía: “hay rumores, noticias que a veces alarman a la población”.
Respecto a los feminicidios, el comisario dijo que a la Secretaría de Seguridad no le compete el tema 
En este mismo tema, agregó que a pesar de trabajar conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres: “no nos damos abasto, por lo que tiene que entrar la policía municipal”, pues informó que la Unidad atiende alrededor de 120 a 130 auxilios a la semana en violencia familiar.
Comentó que en materia de certificación policial, que para el año 2020 se espera la certificación y homologación de todos los elementos,: “estamos capacitando a todos los elementos, que tengan además, una remuneración digna, una carrera oficial y decorosa”.
También intentó esquivar el tema de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán y aseguró que los señalamientos que este le hizo al retirarse “son proyectos” (¿?) y añadió que dentro de la SSPE existen más direcciones: “no me gusta decir nada más, son proyectos, si hay que hacer el cambio en el tiempo necesario, no voy a comentar más cosas”.
Después de la intervención de Pineda Arteaga, la diputada Beatriz Benavente retomó la palabra y puso en duda si se respeta la cadena de mando en la corporación, así como la forma como se entregan los informes, a lo que Pineda atajó: “yo tengo la facultad de pedir información a quien sea”.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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