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Pineda justificó negligencia policial y evadió responder acusaciones de Alanís
Durante su comparecencia ante los diputados, Pineda fue cuestionado sobre las medidas de protección a víctimas de violencia familiar y feminicidios
Por: Redacción
El secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, afirmó que la policía estatal no cuenta con capacidad numérica para responder a las medidas de protección que debe brindar a las víctimas de violencia familiar en riesgo de perder la vida.
Molesto, el funcionario informó a los diputados que la dependencia cuenta con más de cuatro mil víctimas sujetas a medidas de protección por violencia familiar y consideró que, si por el déficit policial, una de ellas fuera víctima de feminicidio, no representa nada, en comparación con el número total de casos.
“Tú tienes datos de que hay víctimas de feminicidios que tenían estas medidas, o sea que estas medidas, a veces…”, comenzó a preguntar el diputado Ricardo Villarreal Loo, dirigiéndose a su homóloga, Beatriz Benavente.
“… sí, pero la verdad, sinceramente”, atajó Pineda Arteaga para después continuar: “si es una, si te vas al porcentaje, no es nada. Es humanamente, materialmente, imposible”.
La comparecencia: mucho debate, cero acuerdos
Por: Ana Dora
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social Congreso, integrada por Beatriz Benavente, Rubén Guajardo, Angélica Mendoza y Martín Juárez, se reunieron la tarde del lunes con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, acompañado del nuevo director de la Policía Carlos Arturo Landeros.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Benavente comenzó cuestionando al secretario de Seguridad: “comisario, como te lo comenté el día de ayer es un intercambio para conocer los términos sobre la renuncia de Raúl Alanis Beltrán, conocer la situación de la institución, si existen vehículos suficientes, elementos de seguridad y gasolina para el traslado, a la vez con el nuevo director de la policía, como encontró la corporación”.
Además, la diputada también preguntó sobre nuevas estrategias y proyectos en seguridad, así como el alza en feminicidios.
A los cuestionamientos, Pineda Arteaga inició su participación aduciendo que existen diversos mensajes falsos que circulan por redes sociales y que sólo alarman a la ciudadanía: “hay rumores, noticias que a veces alarman a la población”.
Respecto a los feminicidios, el comisario dijo que a la Secretaría de Seguridad no le compete el tema : “no es asunto mío, es más de la Fiscalía, porque es producto de la carpeta de investigación” y manifestó que el alza en muertes de mujeres se debe a la violencia familiar: “tenemos muchas (denuncias) de violencia familiar, por lo que el 2 de marzo del 2018, creamos la unidad especializada que ya abarca las cuatro zonas del estado”.
En este mismo tema, agregó que a pesar de trabajar conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres: “no nos damos abasto, por lo que tiene que entrar la policía municipal”, pues informó que la Unidad atiende alrededor de 120 a 130 auxilios a la semana en violencia familiar.
Comentó que en materia de certificación policial, que para el año 2020 se espera la certificación y homologación de todos los elementos,: “estamos capacitando a todos los elementos, que tengan además, una remuneración digna, una carrera oficial y decorosa”.
También intentó esquivar el tema de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán y aseguró que los señalamientos que este le hizo al retirarse “son proyectos” (¿?) y añadió que dentro de la SSPE existen más direcciones: “no me gusta decir nada más, son proyectos, si hay que hacer el cambio en el tiempo necesario, no voy a comentar más cosas”.
Después de la intervención de Pineda Arteaga, la diputada Beatriz Benavente retomó la palabra y puso en duda si se respeta la cadena de mando en la corporación, así como la forma como se entregan los informes, a lo que Pineda atajó: “yo tengo la facultad de pedir información a quien sea”.
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Gallardo y Harfuch de la mano en estrategia de seguridad
Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.
Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia
, con especial atención en zonas de alta movilidad, crecimiento económico, actividad carretera y puntos donde se requiere presencia institucional permanente.El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.
Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.
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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión , pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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