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Pineda justificó negligencia policial y evadió responder acusaciones de Alanís
Durante su comparecencia ante los diputados, Pineda fue cuestionado sobre las medidas de protección a víctimas de violencia familiar y feminicidios
Por: Redacción
El secretario de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, afirmó que la policía estatal no cuenta con capacidad numérica para responder a las medidas de protección que debe brindar a las víctimas de violencia familiar en riesgo de perder la vida.
Molesto, el funcionario informó a los diputados que la dependencia cuenta con más de cuatro mil víctimas sujetas a medidas de protección por violencia familiar y consideró que, si por el déficit policial, una de ellas fuera víctima de feminicidio, no representa nada, en comparación con el número total de casos.
“Tú tienes datos de que hay víctimas de feminicidios que tenían estas medidas, o sea que estas medidas, a veces…”, comenzó a preguntar el diputado Ricardo Villarreal Loo, dirigiéndose a su homóloga, Beatriz Benavente.
“… sí, pero la verdad, sinceramente”, atajó Pineda Arteaga para después continuar: “si es una, si te vas al porcentaje, no es nada. Es humanamente, materialmente, imposible”.
La comparecencia: mucho debate, cero acuerdos
Por: Ana Dora
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social Congreso, integrada por Beatriz Benavente, Rubén Guajardo, Angélica Mendoza y Martín Juárez, se reunieron la tarde del lunes con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, acompañado del nuevo director de la Policía Carlos Arturo Landeros.
La presidenta de la Comisión, Beatriz Benavente comenzó cuestionando al secretario de Seguridad: “comisario, como te lo comenté el día de ayer es un intercambio para conocer los términos sobre la renuncia de Raúl Alanis Beltrán, conocer la situación de la institución, si existen vehículos suficientes, elementos de seguridad y gasolina para el traslado, a la vez con el nuevo director de la policía, como encontró la corporación”.
Además, la diputada también preguntó sobre nuevas estrategias y proyectos en seguridad, así como el alza en feminicidios.
A los cuestionamientos, Pineda Arteaga inició su participación aduciendo que existen diversos mensajes falsos que circulan por redes sociales y que sólo alarman a la ciudadanía: “hay rumores, noticias que a veces alarman a la población”.
Respecto a los feminicidios, el comisario dijo que a la Secretaría de Seguridad no le compete el tema 
En este mismo tema, agregó que a pesar de trabajar conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres: “no nos damos abasto, por lo que tiene que entrar la policía municipal”, pues informó que la Unidad atiende alrededor de 120 a 130 auxilios a la semana en violencia familiar.
Comentó que en materia de certificación policial, que para el año 2020 se espera la certificación y homologación de todos los elementos,: “estamos capacitando a todos los elementos, que tengan además, una remuneración digna, una carrera oficial y decorosa”.
También intentó esquivar el tema de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán y aseguró que los señalamientos que este le hizo al retirarse “son proyectos” (¿?) y añadió que dentro de la SSPE existen más direcciones: “no me gusta decir nada más, son proyectos, si hay que hacer el cambio en el tiempo necesario, no voy a comentar más cosas”.
Después de la intervención de Pineda Arteaga, la diputada Beatriz Benavente retomó la palabra y puso en duda si se respeta la cadena de mando en la corporación, así como la forma como se entregan los informes, a lo que Pineda atajó: “yo tengo la facultad de pedir información a quien sea”.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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