Enrique Galindo dijo que el Congreso del Estado autorizó que Interapas no cobrará el contrato doméstico de instalación.

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo dijo que hay viviendas e industrias que acceden al agua sin pagarla, por lo que invitó a regularizarse; de no hacerlo, se atienden a sanciones por crear tomas clandestinas

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), se mantendrá un cobro cero en contratos nuevos para quienes desean incorporarse a la red de agua potable.

Como presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, dio a conocer que el Congreso del Estado autorizó que Interapas no cobrará el contrato doméstico de instalación. Esto, como una medida para que los usuarios se regularicen ante el organismo y disminuir la cartera vencida.

“El caso más claro que tengo en mente es el de Villa Magna, hay unas 5 mil casas con agua, con red, de las cuales ya tienen contrato unas 2 mil 800 casas, pero hay otro tanto que reciben agua, tienen ocho o diez años que no pagan y hoy está abierta la invitación”.

El edil capitalino puso de ejemplo el caso de Villa Magna, aunque aclaró que esta situación se presenta en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro. Agregó que de no hacerlo, se someterán a las sanciones correspondientes por la creación de tomas clandestinas, que pueden ir ante el Interapas o derivar ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, según su gravedad.

“Esos domicilios son, al final de cuentas, tomas clandestinas. Es muy grave porque hasta es un delito, es robo de agua. Hemos encontrado tomas clandestinas en industrias, empresas grandes, en plazas comerciales o en otros giros, y todavía es más grave porque hay giros que utilizan el agua como parte de un proceso”, manifestó.

Una mujer fue abordada por un sujeto que realizó tocamientos sin su consentimiento, para darse a la fuga; exigen justicia por la jóven, castigo al agresor y vigilancia en la zona

Por: Redacción

Un sujeto fue captado en video tras abordar a una mujer que caminaba por las calles de Ciudad Satélite, al oriente de la capital potosina.

En el video captado por cámaras de vigilancia de vecinos en la zona, se aprecia como el masculino, vestido de sudadera negra, se acerca apresuradamente a la joven, la abalanza contra la fachada de uno de los domicilios y tras un breve forcejeo, alcanza a realizarle tocamientos indebidos, para posteriormente darse a la fuga

Vecinos de la zona y usuarios de redes sociales condenaron el acto y exigen castigo para el presunto acosador, además de que se brinden garantías de seguridad por parte de las corporaciones públicas en ese sector de la ciudad.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ni las corporaciones policiacas municipales o estatales se han pronunciado al respecto de este acontecimiento.

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Organizaciones civiles argumentaron violación a derechos humanos y a la reforma constitucional de 2024

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impedirá que las personas en prisión preventiva puedan votar en la elección judicial de este año, al respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar inviable su participación.

De acuerdo con Pulso, la organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio para defender los derechos político-electorales de este sector, impugnando el acuerdo INE/CG64/2025, emitido por el Consejo General del INE, que descartó la implementación del voto para personas en prisión preventiva en dicho proceso elector al.

En su demanda, las organizaciones argumentaron que negar este derecho viola el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que las personas en prisión preventiva habían ejercido previamente su derecho al voto en otros comicios. Además, subrayaron que la medida contradice la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que garantiza a la ciudadanía la facultad de elegir directamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Destacaron que impedirles votar en esta elección es particularmente grave, dado que la designación de autoridades judiciales tiene un impacto directo sobre las posibilidades de estas personas de recuperar su libertad. También cuestionaron que el INE justifique la exclusión alegando limitaciones técnicas o financieras, cuando está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho al sufragio sin distinciones.

Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF desestimó los argumentos presentados y declaró infundada la impugnación. El Tribunal reconoció que el INE acepta el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero consideró legítima la decisión de postergar su implementación, al señalar que debe ser gradual y acorde a las capacidades operativas y presupuestales del Instituto.

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