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UASLP culpa a Mario García Valdez de la deuda que heredará a Gallardo

Rector aseguró que por una deuda de 500 mil pesos no pagada a Conagua, hoy la universidad debe 70 millones de pesos
Por: Karina González
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, reveló hace unos días que su administración recibirá de Juan Manuel Carreras la deuda de dos créditos fiscales, uno por 430 millones correspondiente a pago de ISR y otro de 70 millones que se usó para pagar el adeudo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante ello, Alejandro Zermeó Guerra, rector de la UASLP, habló con La Orquesta para explicar el origen de dicho pasivo, el cual rastrea hasta la administración de Mario García Valdez
Zermeño Guerra detalló que el problema surgió en 2007, cuando Mario García Valdez estuvo como rector de la universidad, es decir, hace 14 años (de 2004 a 2012 fue rector de la UASLP) y en la Facultad de Agronomía, durante una revisión de Conagua, se encontró un pozo sin medidor, “tampoco tenía sistema eléctrico para la acción de agua, estaba inhabilitado y pese a ello, se levantó una multa por 500 mil pesos”.
La UASLP promovió un amparo bajo el argumento de que el pozo estaba inhabilitado y en una primera intención ganaron el proceso, sin embargo, Conagua se inconformó con el resultado e inició un proceso que resultó en un juicio que ganó y se determinó que la UASLP debía pagar 500 mil pesos. No obstante, con los años y los intereses, la cifra se elevó hasta los 56 millones de pesos, con el ex rector Manuel Fermín Villar Rubio, de 2015 a 2020.
“Cuando yo llegué, me entregaron esa papa caliente de ‘ahí está, ahí te encargas de esto’ y el problema es que la deuda es con Conagua y que tenemos que pagar”, explicó Zermeño. La universidad al no tener dicho recurso solicitó un descuento a la dependencia federal, pero Conagua no puede ofrecer descuentos, sino que tiene que ser a través de la Secretaría de Hacienda.
Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoya a la universidad a través de la Dirección General de Educación Superior, puesto que es un recurso federal el que se pagará a Congua, y en las negociaciones entre la UASLP, la SEP y la Secretaría de Hacienda, se propuso que para hacer menos costosa la multa a la universida d, la UASLP puede triangular el pago con el gobierno del estado y acceder a los descuentos que la federación tiene con los estados.
“Y una de las propuestas es que la deuda se rebote al gobierno, que le pague a Hacienda y Hacienda le regresaría el 75 por ciento al gobierno. La universidad se ahorraría el 75 por ciento de la deuda, es la forma más atractiva que vemos para que salga lo menos caro posible”, señaló el rector.
Esta propuesta surgió hace alrededor de 12 días, por lo que se ha dificultado sanar la deuda en el corto plazo debido al cambio de gobierno, por lo que reconoció, sería una deuda que pasaría a la administración Gallardo, pero insistió que Hacienda le devolvería la mayoría del dinero pagado.
“La SEP considera que es la mejor forma para que la deuda se salde y la UASLP quede lo menos dañada posible. La cifra de 70 millones seguramente es aproximada a como está la deuda actual con los intereses e impuestos que seguramente se han agregado en estos meses”, declaró.
Por lo tanto, una vez que el gabinete de Ricardo Gallardo tome protesta, la SEP y la UASLP, presentarán esta propuesta al nuevo titular de la Secretaría de Finanzas, para que se sane la deuda que arrastra la universidad desde hace 14 años.
Al momento, el equipo del gobernador electo ya solicitó información sobre este pasivo a la rectoría de la universidad: “es un descuido de muchos años que una deuda de 500 mil pesos sea ahora una deuda enorme 56 millones de pesos que obviamente es impagable”, finalizó Alejandro Zermeño.
También lee: UASLP le heredaría deuda de 70 millones al gobierno de Gallardo
Ayuntamiento de SLP
Más de 20 casos bajo revisión tras escándalo en Protección Civil Municipal: Galindo
Alcalde Enrique Galindo revela red de irregularidades en autorizaciones; se investiga posible cobro de hasta 120 mil pesos por trámites
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó sobre la destitución de siete funcionarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil, como resultado de una investigación interna que detectó actos de corrupción relacionados con la emisión irregular de permisos.
Según detalló el edil, la investigación comenzó tras recibir varias quejas ciudadanas, principalmente por la liberación de autorizaciones de Protección Civil sin que los expedientes estuvieran completos ni cumplieran con los requisitos necesarios para continuar con los trámites de licencia de funcionamiento.
Ante estas denuncias, Galindo ordenó la intervención de la Contraloría Municipal, que envió un grupo de auditores. La revisión confirmó la existencia de expedientes incompletos e insuficientes, que de manera indebida estaban siendo utilizados para otorgar permisos.
Uno de los casos más graves fue el de una gasera que estaba a punto de obtener su autorización sin contar con ningún documento. Por el alto riesgo que representaba, fue clausurada de inmediato antes de que pudiera operar.
La Contraloría id entificó un caso completo de corrupción
y procedió a la suspensión y cese inmediato del director de Protección Civil y otros seis funcionarios, todos de primer y segundo nivel. También se encontraron irregularidades en permisos otorgados a edificios y establecimientos, lo que reveló un modus operandi que, según el alcalde, podría tener más de 10 o 15 años operando en la dependencia.Actualmente, el municipio mantiene bajo observación más de 20 casos, principalmente relacionados con licencias de funcionamiento —no de construcción—, en giros de alto riesgo como gaseras, almacenes químicos y empresas en la zona industrial
.Galindo Ceballos exhortó a los ciudadanos que hayan tramitado permisos en Protección Civil a acercarse nuevamente a las autoridades para verificar la validez de sus autorizaciones y evitar posibles accidentes o desgracias.
“Invito a todos los ciudadanos con trámites pendientes a acudir directamente a Protección Civil. No necesitan gestores ni consultores. Estamos simplificando el proceso, eliminando requisitos que no están en el reglamento ni en la ley, pero que lo hacían complejo y propiciaban la corrupción”, declaró.
El alcalde también reveló que, en los casos donde se ha comprobado el pago de sobornos, las cantidades oscilan entre los 60 mil y 120 mil pesos. Por ello, pidió a las personas afectadas presentar denuncias formales, ya que considera que la denuncia ciudadana es clave para que se haga justicia.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan. Ya me reuní con las áreas de Desarrollo Urbano, Comercio y Ecología para revisar a fondo sus procedimientos. No quiero que mi administración se manche con estos actos”, enfatizó Galindo.
Finalmente, el presidente municipal aseguró que de momento no hay investigaciones abiertas en otras dependencias, aunque anunció que seguirá haciendo ajustes en su gabinete para evitar más actos de corrupción.
También lee: Ayuntamiento de SLP cesa a director y personal de Protección Civil
Destacadas
Familiares de víctimas del “Rich” exigen que se investigue también a funcionarios
Solo tres particulares han sido vinculados al proceso por la operación del antro; ningún funcionario ha sido llamado a declarar
Por: Redacción
A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) ampliar las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el siniestro.
Hasta ahora, la carpeta de investigación de la FGE solo contempla a tres personas relacionadas con la propiedad y operación del establecimiento. Sin embargo, las familias sostienen que el caso no puede limitarse a los particulares, pues también existen responsabilidades de las autoridades que otorgaron permisos o fallaron en la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.
“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, señalaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.
Los familiares recordaron que la Contraloría Interna Municipal ya determinó responsabilidades de varios funcionarios por falta de supervisión y control , resolución que forma parte del expediente ministerial.
“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar los antecedentes del caso”, advirtieron.
A un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, lo que, según los familiares, refleja un preocupante estancamiento y envía un mensaje de impunidad: “El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”, subrayaron.
Los padres insistieron en que la Fiscalía tiene la obligación de continuar las investigaciones hasta deslindar responsabilidades, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos involucrados.
“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley. El silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice”, concluye el comunicado.
También lee: Caso Rich, prácticamente concluido: CEPC
Destacadas
Soledad debe aprobar antes de fin de año la creación del nuevo departamento de agua
El municipio deberá incluir el nuevo esquema de operación hídrica en su Ley de Ingresos antes de finalizar el año
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Games Macías, anunció que, a partir del 1 de enero, los habitantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez contarían con un “mejor servicio de agua” tras la posible desincorporación del municipio del organismo Interapas.
Games Macías explicó que, una vez que Soledad pueda incorporar en su Ley de Ingresos la creación de un departamento encargado del suministro de agua, se podrá presentar formalmente la iniciativa de separación de Interapas ante el Congreso del Estado
.Además, señaló que las autoridades municipales aún están a tiempo de aprobar esta propuesta antes de que termine el año, lo que permitiría que la iniciativa sea analizada de manera más profunda por diputadas y diputados.
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