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UASLP culpa a Mario García Valdez de la deuda que heredará a Gallardo
Rector aseguró que por una deuda de 500 mil pesos no pagada a Conagua, hoy la universidad debe 70 millones de pesos
Por: Karina González
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, reveló hace unos días que su administración recibirá de Juan Manuel Carreras la deuda de dos créditos fiscales, uno por 430 millones correspondiente a pago de ISR y otro de 70 millones que se usó para pagar el adeudo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante ello, Alejandro Zermeó Guerra, rector de la UASLP, habló con La Orquesta para explicar el origen de dicho pasivo, el cual rastrea hasta la administración de Mario García Valdez
Zermeño Guerra detalló que el problema surgió en 2007, cuando Mario García Valdez estuvo como rector de la universidad, es decir, hace 14 años (de 2004 a 2012 fue rector de la UASLP) y en la Facultad de Agronomía, durante una revisión de Conagua, se encontró un pozo sin medidor, “tampoco tenía sistema eléctrico para la acción de agua, estaba inhabilitado y pese a ello, se levantó una multa por 500 mil pesos”.
La UASLP promovió un amparo bajo el argumento de que el pozo estaba inhabilitado y en una primera intención ganaron el proceso, sin embargo, Conagua se inconformó con el resultado e inició un proceso que resultó en un juicio que ganó y se determinó que la UASLP debía pagar 500 mil pesos. No obstante, con los años y los intereses, la cifra se elevó hasta los 56 millones de pesos, con el ex rector Manuel Fermín Villar Rubio, de 2015 a 2020.
“Cuando yo llegué, me entregaron esa papa caliente de ‘ahí está, ahí te encargas de esto’ y el problema es que la deuda es con Conagua y que tenemos que pagar”, explicó Zermeño. La universidad al no tener dicho recurso solicitó un descuento a la dependencia federal, pero Conagua no puede ofrecer descuentos, sino que tiene que ser a través de la Secretaría de Hacienda.
Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoya a la universidad a través de la Dirección General de Educación Superior, puesto que es un recurso federal el que se pagará a Congua, y en las negociaciones entre la UASLP, la SEP y la Secretaría de Hacienda, se propuso que para hacer menos costosa la multa a la universida d, la UASLP puede triangular el pago con el gobierno del estado y acceder a los descuentos que la federación tiene con los estados.
“Y una de las propuestas es que la deuda se rebote al gobierno, que le pague a Hacienda y Hacienda le regresaría el 75 por ciento al gobierno. La universidad se ahorraría el 75 por ciento de la deuda, es la forma más atractiva que vemos para que salga lo menos caro posible”, señaló el rector.
Esta propuesta surgió hace alrededor de 12 días, por lo que se ha dificultado sanar la deuda en el corto plazo debido al cambio de gobierno, por lo que reconoció, sería una deuda que pasaría a la administración Gallardo, pero insistió que Hacienda le devolvería la mayoría del dinero pagado.
“La SEP considera que es la mejor forma para que la deuda se salde y la UASLP quede lo menos dañada posible. La cifra de 70 millones seguramente es aproximada a como está la deuda actual con los intereses e impuestos que seguramente se han agregado en estos meses”, declaró.
Por lo tanto, una vez que el gabinete de Ricardo Gallardo tome protesta, la SEP y la UASLP, presentarán esta propuesta al nuevo titular de la Secretaría de Finanzas, para que se sane la deuda que arrastra la universidad desde hace 14 años.
Al momento, el equipo del gobernador electo ya solicitó información sobre este pasivo a la rectoría de la universidad: “es un descuido de muchos años que una deuda de 500 mil pesos sea ahora una deuda enorme 56 millones de pesos que obviamente es impagable”, finalizó Alejandro Zermeño.
También lee: UASLP le heredaría deuda de 70 millones al gobierno de Gallardo
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Tiendas 3B llegará a la Huasteca Potosina
La cadena llevará su modelo “hard discount” con 10 sucursales a Ciudad Valles
Por: Redacción
La cadena de supermercados Tiendas 3B anunció una nueva etapa de expansión en la Huasteca Potosina con la apertura de 10 sucursales en Ciudad Valles, como parte de su estrategia de crecimiento en la región.
El proyecto fue dado a conocer por el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, quien señaló que la llegada de estas tiendas representa nuevas inversiones y generación de empleos para el municipio. Además de las nuevas sucursales, también se contempla el desarrollo de dos plazas comerciales.
Tiendas 3B opera bajo el modelo “hard discount”, enfocado en ofrecer productos básicos a bajo costo mediante una operación simplificada y marcas propias. La empresa inició operaciones en México en 2005 y actualmente supera las 3 mil 400 tiendas en 19 estados del país
.En los últimos años, la cadena ha mantenido un crecimiento acelerado en territorio nacional. De acuerdo con reportes recientes, la compañía continúa ampliando su presencia con cientos de nuevas aperturas previstas para 2026.
La llegada de Tiendas 3B se suma al interés de distintas cadenas comerciales por fortalecer su presencia en la Huasteca Potosina, una región que ha registrado movimiento en inversiones comerciales y de autoservicio durante los últimos años.
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Médico alerta por abortos realizados con consejos de redes sociales en la Huasteca
El especialista recordó que existen protocolos y lugares autorizados para atención segura
Por: Redacción
El médico Alfredo García Solís advirtió sobre el incremento de mujeres que llegan a consultorios y clínicas privadas de la Huasteca Potosina tras intentar interrumpir un embarazo mediante métodos caseros o recomendaciones obtenidas en redes sociales, muchas veces sin supervisión médica y con graves riesgos para su salud.
De acuerdo con Código San Luis, el especialista señaló que actualmente se atienden hasta diez casos por semana relacionados con interrupciones de embarazo mal acompañadas o con pacientes que buscan orientación después de haber seguido consejos difundidos en internet.
De acuerdo con García Solís, la situación se ha vuelto cada vez más frecuente entre adolescentes y mujeres adultas, con pacientes que van desde los 14 hasta los 42 años de edad.
“El problema es la desinformación. En redes sociales les dicen cuántas pastillas tomar, cómo hacerlo en casa o qué procedimientos seguir, pero muchas veces terminan con complicaciones severas”, explicó.
El médico alertó que entre las principales consecuencias se encuentran infecciones, hemorragias, abortos incompletos e incluso daños permanentes como la pérdida del útero, además de riesgos que pueden poner en peligro la vida de las pacientes.
Indicó que, aunque la interrupción legal del embarazo ya puede realizarse dentro del marco permitido por la ley, muchas mujeres continúan enfrentando el proceso en soledad, sin acompañamiento profesional y confiando en información falsa o incompleta que circula en plataformas digitales.
“Esto no es algo que deba resolverse con un tutorial o un consejo en internet. Ya existen protocolos médicos, atención especializada y lugares autorizados donde las mujeres pueden recibir orientación segura”, sostuvo.
El especialista explicó que una parte importante de las pacientes llega con miedo, culpa o desconocimiento, por lo que insistió en la necesidad de reforzar el acompañamiento médico y psicológico durante todo el proceso.
Además, recordó que la legislación vigente permite que menores de edad accedan a este tipo de atención conforme a lo establecido legalmente, aunque subrayó que el seguimiento profesional sigue siendo indispensable para evitar riesgos físicos y emocionales.
Finalmente, García Solís consideró urgente la creación de un consejo o mecanismo especializado en la Huasteca Potosina que permita brindar información clara, atención integral y orientación confiable ante el aumento de casos detectados en la región.
También lee: Hospital de Valles atiende hasta 10 embarazos mensuales en menores de 15 años
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Diputada busca frenar candidaturas con “cambios de género” de última hora en SLP
La propuesta de Jessica Gabriela López plantea acreditar identidad de género al menos un año antes de la elección
Por: Redacción
La diputada Jessica Gabriela López Torres propuso modificar la legislación electoral de San Luis Potosí para evitar que personas aspirantes a cargos públicos utilicen la autoadscripción de género de última hora con el objetivo de acceder a candidaturas reservadas para acciones afirmativas o cuotas de paridad.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas electorales que Morena busca presentar ante el Congreso del Estado y surge después de diversas controversias registradas durante el proceso electoral de 2024.
La propuesta plantea que quienes pretendan contender bajo una identidad de género distinta a la biológica deban manifestarlo y acreditarlo al menos un año antes de la jornada electoral, mediante documentación oficial y registros partidistas previos.
La legisladora señaló que el objetivo no es vulnerar derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino evitar simulaciones que terminen debilitando las propias acciones afirmativas creadas para garantizar representación política.
Uno de los casos que detonó el debate ocurrió en el municipio de Venado, donde José Reyes Martínez Rojas ganó la alcaldía tras registrarse electoralmente como persona de sexo masculino con género femenino, situación que permitió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cumplir con las cuotas de género en candidaturas municipales.
Después de obtener el triunfo, el alcalde rechazó públicamente ser llamado “alcaldesa” y volvió a identificarse como hombre , lo que generó críticas y cuestionamientos sobre el uso de las acciones afirmativas.
En aquel momento, la consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Zelandia Bórquez Estrada, explicó que el sexo y el género son conceptos distintos, ya que el primero corresponde a características biológicas y el segundo a una construcción social e identidad personal.
Por su parte, Jessica López adelantó que la reforma será construida junto con colectivos y organizaciones LGBTIQ+, además de especialistas y autoridades electorales, con el objetivo de evitar discriminación y armonizar la propuesta con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales electorales.
La diputada explicó que una de las alternativas planteadas es que los partidos políticos acrediten trabajo previo, militancia o vínculo real de las personas aspirantes con la comunidad de la diversidad sexual, además de que cuenten con documentación oficial actualizada, como la credencial del INE, con suficiente anticipación al proceso electoral.
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