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UASLP culpa a Mario García Valdez de la deuda que heredará a Gallardo
Rector aseguró que por una deuda de 500 mil pesos no pagada a Conagua, hoy la universidad debe 70 millones de pesos
Por: Karina González
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, reveló hace unos días que su administración recibirá de Juan Manuel Carreras la deuda de dos créditos fiscales, uno por 430 millones correspondiente a pago de ISR y otro de 70 millones que se usó para pagar el adeudo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante ello, Alejandro Zermeó Guerra, rector de la UASLP, habló con La Orquesta para explicar el origen de dicho pasivo, el cual rastrea hasta la administración de Mario García Valdez
Zermeño Guerra detalló que el problema surgió en 2007, cuando Mario García Valdez estuvo como rector de la universidad, es decir, hace 14 años (de 2004 a 2012 fue rector de la UASLP) y en la Facultad de Agronomía, durante una revisión de Conagua, se encontró un pozo sin medidor, “tampoco tenía sistema eléctrico para la acción de agua, estaba inhabilitado y pese a ello, se levantó una multa por 500 mil pesos”.
La UASLP promovió un amparo bajo el argumento de que el pozo estaba inhabilitado y en una primera intención ganaron el proceso, sin embargo, Conagua se inconformó con el resultado e inició un proceso que resultó en un juicio que ganó y se determinó que la UASLP debía pagar 500 mil pesos. No obstante, con los años y los intereses, la cifra se elevó hasta los 56 millones de pesos, con el ex rector Manuel Fermín Villar Rubio, de 2015 a 2020.
“Cuando yo llegué, me entregaron esa papa caliente de ‘ahí está, ahí te encargas de esto’ y el problema es que la deuda es con Conagua y que tenemos que pagar”, explicó Zermeño. La universidad al no tener dicho recurso solicitó un descuento a la dependencia federal, pero Conagua no puede ofrecer descuentos, sino que tiene que ser a través de la Secretaría de Hacienda.
Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoya a la universidad a través de la Dirección General de Educación Superior, puesto que es un recurso federal el que se pagará a Congua, y en las negociaciones entre la UASLP, la SEP y la Secretaría de Hacienda, se propuso que para hacer menos costosa la multa a la universida 
“Y una de las propuestas es que la deuda se rebote al gobierno, que le pague a Hacienda y Hacienda le regresaría el 75 por ciento al gobierno. La universidad se ahorraría el 75 por ciento de la deuda, es la forma más atractiva que vemos para que salga lo menos caro posible”, señaló el rector.
Esta propuesta surgió hace alrededor de 12 días, por lo que se ha dificultado sanar la deuda en el corto plazo debido al cambio de gobierno, por lo que reconoció, sería una deuda que pasaría a la administración Gallardo, pero insistió que Hacienda le devolvería la mayoría del dinero pagado.
“La SEP considera que es la mejor forma para que la deuda se salde y la UASLP quede lo menos dañada posible. La cifra de 70 millones seguramente es aproximada a como está la deuda actual con los intereses e impuestos que seguramente se han agregado en estos meses”, declaró.
Por lo tanto, una vez que el gabinete de Ricardo Gallardo tome protesta, la SEP y la UASLP, presentarán esta propuesta al nuevo titular de la Secretaría de Finanzas, para que se sane la deuda que arrastra la universidad desde hace 14 años.
Al momento, el equipo del gobernador electo ya solicitó información sobre este pasivo a la rectoría de la universidad: “es un descuido de muchos años que una deuda de 500 mil pesos sea ahora una deuda enorme 56 millones de pesos que obviamente es impagable”, finalizó Alejandro Zermeño.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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