La incursión de aeronaves no tripuladas de Moscú en el espacio aéreo de Polonia, marcan una alta tensión internacional

​Por: Roberto Mendoza

​Las fuerzas armadas de Polonia confirmaron el derribo de drones de origen ruso que violaron su soberanía aérea durante un “masivo” ataque de Rusia sobre Ucrania. El Ministerio de Defensa polaco detalló que se confirmaron diecinueve incursiones de estas aeronaves, logrando neutralizar al menos cuatro de ellas. El incidente, calificado por el primer ministro Donald Tusk como una “provocación a gran escala”, ha provocado una inmediata reacción internacional y ha puesto de manifiesto la cercanía del conflicto ucraniano con el territorio de la Unión Europea y la OTAN.

​Este suceso ha movilizado a las fuerzas de defensa aérea polacas, así como a las de la OTAN desplegadas en la región, incluyendo aviones de combate F-35 de Países Bajos y baterías de misiles Patriot alemanas. El objetivo de las defensas conjuntas fue contrarrestar la amenaza en una zona geopolíticamente sensible, en la frontera con Ucrania. La respuesta de Polonia ha sido firme y calculada, invocando el Artículo 4 de la OTAN para convocar a consultas con sus aliados y evaluar las implicaciones de esta violación, que se considera un precedente peligroso. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, por su parte, denunció que el ataque sobre territorio polaco fue “deliberado”

, mientras que Rusia ha eludido la responsabilidad, aunque sin negar los hechos, limitándose a afirmar que sus ataques no estaban dirigidos a instalaciones polacas.

​La justificación oficial de Rusia, que no ha reconocido abiertamente la entrada de sus drones, se enmarca en la narrativa de que sus operaciones se limitan estrictamente a objetivos en Ucrania. Sin embargo, el contexto político subyacente sugiere que este tipo de incidentes, intencionados o no, tienen el potencial de desestabilizar aún más la región y presionar a los países de la OTAN para que profundicen su involucramiento en el conflicto.

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Treviño habría recibido cerca de cuatro millones de pesos en sobornos

Por: Roberto Mendoza

Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos. La captura responde a una solicitud de extradición emitida hace aproximadamente cinco años, derivada de las acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht. Según la denuncia presentada por su antecesor, Emilio Lozoya Austin, Treviño habría recibido cerca de cuatro millones de pesos en sobornos vinculados al contrato de la planta Etileno XXI, operada por la filial Braskem.

La Fiscalía General de la República obtuvo en 2021 una orden de aprehensión contra Treviño, luego de que no se presentara a una audiencia judicial. Ese mismo año, Interpol emitió una ficha roja para su localización internacional, la cual fue cancelada en 2023 por presuntas violaciones a su derecho de defensa. En octubre de ese año, un juez dejó sin efecto la suspensión definitiva que lo protegía de la captura, reactivando el mandato judicial. Desde entonces, el ex funcionario permanecía fuera del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención durante su conferencia matutina y señaló que Treviño será deportado a México para enfrentar su proceso judicial. “Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años. Finalmente se encuentra y va a ser deportado… tiene que llevar su juicio en México”, dijo. La mandataria subrayó que el caso refleja avances en la cooperación internacional contra la corrupción, aunque advirtió que es necesario fortalecerla.

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Guzmán López podría convertirse en testigo clave contra otros narcotraficantes y, posiblemente, figuras de la política mexicana

Por Roberto Mendoza

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante una Corte Federal en Chicago de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. La diligencia ocurrió tras semanas de negociaciones que derivaron en el traslado de su caso desde Nueva York bajo la Regla 20 del Procedimiento Penal Federal, mecanismo que facilita acuerdos de culpabilidad y evita un juicio público.

Versiones documentadas en medios estadounidenses y reportes judiciales apuntan a que Guzmán López habría aceptado cooperar con las autoridades norteamericanas a cambio de beneficios en su condena. Entre la información que presuntamente habría ofrecido se incluirían nombres de políticos mexicanos, empresarios y mandos militares con vínculos o acuerdos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, hasta ahora no existen registros públicos que detallen la identidad de las personas implicadas ni el alcance de dicha colaboración.

Como parte del proceso, trascendió que al menos 17 familiares cercanos a Ovidio Guzmán se encuentran en territorio estadounidense desde mayo, bajo protección federal, lo que refuerza las conjeturas sobre un eventual testimonio contra otros integrantes de la estructura criminal.

La Corte fijó nueva audiencia para el próximo mes, en la cual podría definirse la pena solicitada por la Fiscalía y las condiciones finales del acuerdo de culpabilidad. De confirmarse su colaboración, Guzmán López podría convertirse en un testigo clave contra figuras relevantes del narcotráfico y, potencialmente, de la política mexicana.

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