México
Tribunal de España autorizó extradición de Emilio Lozoya a México
Tribunal de España autorizó extradición de Emilio Lozoya a México
El exdirector general de Pemex prometió colaborar para esclarecer los hechos por presuntos sobornos recibidos por Odebrecht
Por: Redacción
Un tribunal español anunció este lunes haber autorizado la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y que habrían financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que “se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega” de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición a México, prometiendo colaborar para esclarecer los hechos imputados.
Lozoya, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en Málaga, en el sur de España, el pasado 12 de febrero, y se encontraba en prisión preventiva.
El ex directivo de Pemex está reclamado en su país por dos causas. La primera de ellas es la compra, por parte de una filial de Pemex en 2013, de una vetusta planta de fertilizantes por casi 500 millones de dólares, un precio exagerado dado que la instalación no se utilizaba desde hacía 14 años.
El vendedor fue la empresa Altos Hornos de México, y su entonces presidente, Alonso Ancira Elizondo, también fue reclamado por la justicia mexicana.
Al igual que Lozoya este empresario fue detenido en España, en 2019, y en mayo de este año la Audiencia Nacional acordó su extradición, aún pendiente de ejecución.
La otra causa por la que fue reclamado Lozoya en México es el presunto pagos de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública.
Lozoya fue el director de asuntos internacionales de Peña Nieto en la campaña de la elección presidencial de julio de 2012, y durante los tres años anteriores ejerció de asesor de Odebrecht en México, “lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra”, según recordó la Audiencia Nacional.
El auto, fechado el 2 de julio en Madrid y difundido este lunes, detalla que en marzo de 2012 Lozoya pidió a Odebrecht “que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI” , la formación de Peña Nieto, y añade que “en los meses abril a junio y en noviembre de 2012” la constructora realizó “hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares” a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan S.A., “vinculadas al reclamado o a su familia”.
Se agrega que “parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en el estado de Guerrero por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers“.
Más adelante, el auto explica que en 2013 Lozoya otorgó “de forma directa a la empresa Odebrecht” un contrato por 1.436 millones de pesos para unas obras en la antigua refinería de Tula, pese a que dicha adjudicación “debería haberse licitado públicamente e internacionalmente”.
Por esta operación, firmada como contrato de obra pública en febrero de 2014, Odebrecht le habría abonado luego “un total de 5 millones de dólares, mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A. que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014″.
En México, Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016, es el funcionario de mayor nivel involucrado en los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña a cambio de futuros contratos públicos.
Contra la extradición de Lozoya cabe recurso en un plazo de tres días, puntualizó la Audiencia Nacional.
Con información de Excelsior.
También lee: Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México: Gertz Manero
México
Siempre voy a defender a México: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum reveló que la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense sobre la emergencia nacional en la frontera sur
Por: Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, como Jefa del Ejecutivo Federal, siempre defenderá al pueblo, a la soberanía y a la independencia de México, además de que apoyará y protegerá a los connacionales que viven en Estados Unidos.
En ese sentido, la jefa del Ejecutivo Federal reveló que la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense sobre la emergencia nacional en la frontera sur es prácticamente el mismo decreto que firmó en 2019, durante su primer periodo presidencial.
“Eso es importante que se conozca, ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México, en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala, esencialmente. Incluso, eso dice en el último párrafo el decreto”, explicó.
Respecto a la declaración de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que en Estados Unidos se conoce como la política “Quédate en México”, la Presidenta puntualizó que es una medida instaurada en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y el cual esencialmente establece que las personas que solicitan asilo a EU no pueden permanecer en su territorio durante el proceso, ante esto, la Presidenta aseveró que el Gobierno de México construyó una política migratoria humanitaria.
México
Se podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes: Ricardo Anaya
Anaya señaló que los municipios fronterizos, como Tijuana, están sobrecargados y carecen de recursos para atender a los deportados
Por Roberto Mendoza
En el marco de las discusiones de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió en entrevista sobre una posible crisis migratoria de “dimensiones insospechadas” derivada de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
Anaya subrayó la necesidad de que México se prepare con inteligencia y estrategia para afrontar este desafío, que podría afectar gravemente a estados como San Luis Potosí y las zonas fronterizas del país.
El senador fue enfático al señalar que el gobierno mexicano debe tomarse en serio las amenazas del presidente de Estados Unidos, quien ha planteado redadas masivas y deportaciones de migrantes, muchas de ellas dirigidas a familias que llevan años viviendo en el vecino del norte. “No es solo un asunto de números”, explicó Anaya, destacando que estas políticas no solo afectarán a quienes han cruzado recientemente la frontera, sino a familias establecidas desde hace décadas, cuyos hijos ni siquiera hablan español. “Deportar a la mitad de una familia que lleva 20 años viviendo en Chicago podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes”, alertó.
Ana ya también señaló que los municipios fronterizos, como Tijuana, están sobrecargados y carecen de recursos para atender a los deportados, quienes llegan sin un lugar donde dormir ni un plan de acción. Criticó la respuesta federal, calificando de insuficiente la propuesta de ofrecer una tarjeta con 100 dólares a los deportados. “Eso es lo que un migrante gana en un día en Estados Unidos.
Lo que necesitamos es fondear a los estados y municipios, porque son ellos quienes enfrentan directamente la crisis”, afirmó.El senador propuso un enfoque más amplio y estructurado para abordar el problema, sugiriendo un tratado bilateral en materia de seguridad y un programa de visas de trabajo temporal que beneficie a ambas naciones. Anaya destacó que los problemas de migración, seguridad y crimen organizado están estrechamente relacionados, y pidió dejar de lado la retórica nacionalista y adoptar estrategias audaces. “No hay manera de que Estados Unidos lo resuelva por su cuenta ni de que nosotros lo hagamos solos. Esto debe verse como una oportunidad para plantear ideas inteligentes y conjuntas”, comentó.
La situación migratoria, según Anaya, no solo es un problema humanitario, sino también una amenaza para la estabilidad de regiones completas dentro del país. Subrayó la importancia de prever las consecuencias de estas políticas y adelantarse a los efectos que podrían tener sobre las comunidades más vulnerables. “Más vale tener un plan de acción ahora que lamentar después. Hay que creerles las amenazas a los populistas, porque muchas veces las cumplen”, concluyó.
La advertencia del senador resalta la urgencia de un enfoque más integral y estratégico para manejar la crisis migratoria, un problema que no solo afecta a los migrantes, sino que pone en jaque la capacidad de respuesta de México ante las decisiones de su vecino del norte.
México
Si quisieran invadirnos, lo harían: Jorge Castañeda
Respecto al programa “Quédate en México”, Castañeda expresó dudas sobre la existencia de un acuerdo formal entre ambos países
Por: Roberto Mendoza
Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México y actual catedrático en la Universidad de Nueva York, compartió en entrevista sus perspectivas sobre la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en el contexto de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.
Castañeda señaló que, según informes del New York Times, durante el periodo de transición previo al 20 de enero, los funcionarios estadounidenses evitaron entablar diálogos sustanciales con sus contrapartes mexicanas, argumentando que aún no habían asumido formalmente sus cargos. Esta postura dejó al gobierno mexicano en una posición de espera, sin la capacidad de influir en las decisiones que se estaban gestando en Washington.
Entre las medidas anunciadas por la administración Trump, destacó la designación de ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sin embargo, minimizó el impacto de esta clasificación, argumentando que no otorga nuevas facultades al gobierno estadounidense para actuar fuera de su territorio. “Si quisieran invadirnos, lo harían con o sin esa designación”, afirmó, subrayando que la medida tiene implicaciones principalmente dentro de Estados Unidos.
Más preocupante para Castañeda es la situación de aproximadamente 30,000 migrantes que, habiendo obtenido citas a través del programa CBP-1, vieron sus entrevistas canceladas. Esta acción deja a miles de personas en un limbo legal y humanitario en la frontera norte de México. Además, mencionó la reciente cancelación del programa de “indulto humanitario” que afectaba a cerca de 720,000 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, muchos de los cuales podrían ser retornados a México, exacerbando la crisis migratoria en la región.
Respecto al programa “Quédate en México”, Castañeda expresó dudas sobre la existencia de un acuerdo formal entre ambos países para su reinstauración. Sin embargo, reconoció que, dada la presión y las circunstancias, México podría verse obligado a aceptarlo, a pesar de los desafíos logísticos y humanitarios que conlleva.
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