El documento propone la consolidación de un modelo nacional para absorber diferencias de organismos locales y la reordenación del financiamiento a partidos

Por: Roberto Mendoza

​El entInstituto Nacional Electoral (INE) regó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el documento Propuesta de Mejora en Materia Electoral, en el cual establece una postura técnica sobre la integración del Poder Legislativo y la vigencia de los legisladores de representación proporcional. El organismo señala en el eje de representación del pueblo que “se recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional”, bajo el argumento de que este sistema garantiza el pluralismo político. El texto identifica que en los procesos recientes se ha presentado una “creciente distorsión en la integración de la Cámara de Diputados, producto de estrategias de coalición que permiten a ciertos partidos exceder el límite constitucional”, por lo que propone ajustes para que el tope de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación sea aplicado de manera efectiva a los grupos coaligados.

​Sobre las autoridades administrativas, el organismo plantea la “consolidación de un modelo nacional que especifique competencias, homologue estándares operativos y refuerce la capacidad del Instituto”, sin proponer la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sino la absorción de sus diferencias estructurales. La propuesta busca resolver las disparidades operativas entre las entidades federativas mediante una regulación que “asegure la calidad de las elecciones locales” a través de una autoridad nacional única que elimine la duplicidad de tareas y centralice la ejecución presupuestal. El documento reconoce que la estructura actual requiere una actualización para que las funciones locales se ejecuten bajo criterios técnicos uniformes dictados por la instancia federal.

​Respecto al sistema de partidos, el Instituto sugiere una “actualización de los mecanismos de fiscalización por parte del Instituto a los partidos, que permita asegurar la transparencia, la equidad en la contienda y la correcta utilización de los recursos públicos y privados”. El documento técnico propone la reordenación del financiamiento mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de datos y la fiscalización de la propaganda digital. Como medida de eficiencia administrativa, el Instituto recomienda “reconsiderar o eliminar la figura de las Agrupaciones Políticas Nacionales“.

​En el eje relativo a la organización de procesos electorales judiciales, el INE incorpora su experiencia derivada del “Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025” para proponer bases institucionales sólidas en esta materia. El documento señala que la organización de estos comicios ha evidenciado retos estructurales que exigen una “profunda actualización, coherente y con visión de futuro” del sistema electoral. La propuesta busca que la elección de juzgadores cuente con las mismas garantías de integridad y certeza que las elecciones constitucionales ordinarias.

​El documento se organiza en torno a ejes como libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, fiscalización, efectividad del sufragio, modelo de comunicación, justicia electoral y mecanismos de democracia participativa. Las propuestas buscan “reforzar la coherencia interna del marco normativo, reducir tensiones interpretativas y fortalecer la tutela de los derechos político-electorales”. Durante la entrega del texto, el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, afirmó que “un órgano administrativo, como el INE, no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Por su parte, el consejero Arturo Castillo respondió que “el país requiere elecciones confiables, para ello se necesitan recursos y autonomía”.

El sistema de vinculación de líneas telefónicas permite el alta de servicios con datos de funcionarios públicos como Noroña, sin verificar su titularidad física​

Por: Roberto Mendoza

​La vinculación obligatoria de líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial inició el 9 de enero de 2026 en cumplimiento con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

El proceso, administrado por la Agencia de Transformación Digital (ATDT) y supervisado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece un plazo de 120 días naturales que concluye el 29 de junio de 2026 para que los usuarios de prepago y pospago realicen el registro biométrico. La medida obliga a los concesionarios a recolectar datos de identidad para integrar la Plataforma Única de Identidad (PUI) con el objetivo declarado de reducir delitos como la extorsión telefónica.

​Diversos reportes documentan fallas técnicas en la plataforma que han permitido el registro de múltiples líneas telefónicas utilizando los datos de personajes como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña. Especialistas en ciberseguridad señalan que la infraestructura de “prueba de vida” carece de validación en tiempo real, lo que facilita la suplantación de identidad mediante el uso de imágenes de identificaciones oficiales obtenidas de fuentes externas.

Además, operadores de telefonía como Telcel, AT&T y Movistar informaron que cada proceso de validación genera un costo operativo de 3.45 pesos más IVA, lo que representa una inversión global proyectada de 4 mil 53 millones de pesos para la industria. Las empresas han solicitado a la CRT una prórroga al plazo establecido ante la posibilidad de que estos costos impacten en las tarifas finales al consumidor o resulten en la cancelación del servicio para 150 millones de líneas.

Por su parte, la autoridad federal sostiene que el registro es indispensable para las labores de inteligencia y que los mecanismos de seguridad de la plataforma se ajustarán para corregir las inconsistencias detectadas en la fase inicial de implementación.

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Mediante una llamada ambos mandatarios sostuvieron un acuerdo, participaron además ​Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch

​Por: Roberto Mendoza

​La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 08:00 horas de este lunes para establecer una agenda de trabajo conjunta. “Hablamos de seguridad con respeto a nuestras soberanías, disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones“, informó la mandataria a través de sus redes sociales tras concluir la llamada desde Palacio Nacional.

El enlace, que motivó el retraso de la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, se centró en definir los mecanismos de interlocución directa entre ambos gobiernos, la presidenta aseguró que por ejemplo el tráfico de fentanilo ha disminuido en un 50% y las muertes por este tráfico se han disminuido en más del 40%, también tiene como contexto la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

​Los alcances de la conversación presidencial incluyeron la ratificación de cuatro ejes estratégicos que coordinarán las dependencias de seguridad y economía de ambas naciones. En materia operativa, se planteó el fortalecimiento de la vigilancia en puntos fronterizos para el control de precursores químicos y el flujo de armas, bajo un esquema de responsabilidad compartida que busca evitar acciones unilaterales. El diálogo abordó la continuidad de las inversiones extranjeras en territorio mexicano y la estabilidad de las cadenas de suministro, en un contexto donde el gobierno de Donald Trump ha señalado la necesidad de obtener “resultados tangibles”

​Esta comunicación directa fue precedida por una llamada técnica ocurrida ayer domingo 11 de enero entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho contacto, los funcionarios revisaron los lineamientos del “Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, donde la parte estadounidense enfatizó el combate a lo que califica como “redes narcoterroristas”. El gobierno mexicano condicionó la operatividad de estos programas al principio de colaboración sin subordinación y al respeto a la integridad territorial. El contacto de este lunes deja la ejecución técnica en manos de mesas de trabajo bilaterales que sesionarán de manera permanente a partir de esta semana.

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