El exgobernador será trasladado al penal del Altiplano al enfrentar una nueva causa penal federal.

​Por Roberto Mendoza

​El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido este lunes 8 de diciembre a las 14:00 horas en la ciudad de Chihuahua por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2024, librada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

​La ejecución de este nuevo mandamiento judicial fue posible después de que el pasado 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos otorgó oficialmente el consentimiento para una excepción al principio de especialidad del tratado de extradición. Esta autorización diplomática facultó a las autoridades mexicanas para procesar al exmandatario por delitos distintos a los de peculado y asociación delictuosa que originaron su entrega a México en junio de 2022, abriendo así un nuevo frente legal de competencia federal.

​Duarte Jáquez, quien desde junio de 2024 gozaba de libertad condicional con medidas cautelares en Chihuahua, fue asegurado para iniciar su traslado inmediato a la Ciudad de México y su posterior internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”. La investigación federal apunta a que el político utilizó el sistema financiero mexicano para ocultar el origen y destino de recursos económicos presuntamente desviados del erario público durante su gestión.

​La intervención de la FGR modifica radicalmente el estatus jurídico del detenido, atrayendo el caso al ámbito federal por la naturaleza del delito financiero. La acción anula de facto la prisión domiciliaria que mantenía bajo la jurisdicción local y reubica al exgobernador en un penal de máxima seguridad, reactivando la exigencia de justicia en un nivel superior de fiscalización y control penitenciario.

Según el procedimiento parlamentario validado por Servicios Parlamentarios, en elección por cédula no existen votos en contra, solo nulos

​Por: Roberto Mendoza

​Durante la sesión del Senado de la República celebrada para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, la votación emitida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue contabilizada oficialmente como “votos nulos”, hecho que generó interpretaciones divergentes en la opinión pública. Mientras el oficialismo logró la mayoría calificada necesaria para la designación, la bancada panista marcó sus cédulas (papeletas) sin seleccionar a ninguna de las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, lo que técnicamente derivó en la anulación del sufragio bajo el reglamento actual.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aclaró que la acción representó un rechazo total a la terna. Para validar este procedimiento, la legisladora citó la intervención del Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado, funcionario con más de dos décadas de experiencia y autoridad técnica en el recinto legislativo. Según explicó Rodríguez, fue Garita quien precisó a la Mesa Directiva que, en el formato de votación por cédula para nombramientos, no existe la figura de “voto en contra”; el sistema solo reconoce votos a favor de una candidata específica o votos nulos.

​Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la postura institucional de su partido fue el rechazo absoluto a los perfiles presentados, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de definición. En este contexto, la senadora Rodríguez advirtió que la controversia sobre la nulidad de los votos está siendo utilizada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con la legisladora, sus exaliados están impulsando una narrativa mediática para señalar al PAN de no haberse opuesto firmemente, estrategia que atribuyó al distanciamiento entre ambas fuerzas políticas respecto a sus alianzas electorales y legislativas.

​”Es una expropiación disfrazada y vamos a exhibir a los senadores de Morena que acaparan agua”, advirtió la senadora Verónica Rodríguez

Por: Roberto Mendoza

​El​ pleno del Senado de la República aprobó la noche de este jueves la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, imponiendo la mayoría oficialista su criterio legislativo. La​ votación en lo particular quedó definida con 82 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, cerrando un proceso que contrastó notablemente con la colegisladora; mientras que en la Cámara de Diputados el debate se extendió por más de 25 horas, en la Cámara Alta la sesión inició a las 16:00 horas y concluyó cerca de la medianoche, desahogando el trámite en apenas ocho horas.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora panista por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, calificó la reforma como una “expropiación disfrazada” y denunció un conflicto de interés dentro de la bancada mayoritaria. Rodríguez acusó directamente al senador Jorge Carlos Ramírez Marín de acaparar más de un millón de metros cúbicos de agua, asegurando que la nueva normativa no tocará a los aliados del poder, y adelantó que exhibirá públicamente a quienes votaron a favor teniendo intereses hídricos. En mensaje al sector agropecuario del estado, la legisladora fue contundente: “A los agricultores y ganaderos de San Luis Potosí les digo que no están solos, esto es un engaño para controlarlos políticamente y vamos a dar la batalla”.

​El documento remitido al Ejecutivo Federal define el contenido del derecho humano al agua y garantiza su acceso equitativo, uso sust entable y saneamiento en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales. Además de establecer la interdependencia con otros derechos humanos,

​Durante la discusión en lo particular, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas que fueron rechazadas en su totalidad por el Pleno, aprobándose los artículos en sus términos. Destacó la propuesta de modificación al 44 presentada por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota, la cual fue desechada en el tablero electrónico con 69 votos en contra.

Destaca que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, determinó no recibir a grupos de productores ni líderes agrícolas, argumentando que sus inquietudes ya habían sido atendidas previamente en su colegisladora, el Senado ratificó los acuerdos alcanzados desde la Cámara de Diputados, confirmando, según la mayoría oficial, que la legislación final incluye las demandas exigidas por agricultores y ganaderos para blindar el uso, legado y sustento del agua, mismas que quedaron plasmadas en el decreto enviado al Ejecutivo.

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