abril 2, 2025

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Tribunal de España autorizó extradición de Emilio Lozoya a México

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Tribunal de España autorizó extradición de Emilio Lozoya a México

El exdirector general de Pemex prometió colaborar para esclarecer los hechos por presuntos sobornos recibidos por Odebrecht

Por: Redacción

Un tribunal español anunció este lunes haber autorizado la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht y que habrían financiado la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

La Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que “se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega” de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición a México, prometiendo colaborar para esclarecer los hechos imputados.

 

Lozoya, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en Málaga, en el sur de España, el pasado 12 de febrero, y se encontraba en prisión preventiva.

El ex directivo de Pemex está reclamado en su país por dos causas. La primera de ellas es la compra, por parte de una filial de Pemex en 2013, de una vetusta planta de fertilizantes por casi 500 millones de dólares, un precio exagerado dado que la instalación no se utilizaba desde hacía 14 años.

El vendedor fue la empresa Altos Hornos de México, y su entonces presidente, Alonso Ancira Elizondo, también fue reclamado por la justicia mexicana.

Al igual que Lozoya este empresario fue detenido en España, en 2019, y en mayo de este año la Audiencia Nacional acordó su extradición, aún pendiente de ejecución.

La otra causa por la que fue reclamado Lozoya en México es el presunto pagos de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública.

Lozoya fue el director de asuntos internacionales de Peña Nieto en la campaña de la elección presidencial de julio de 2012, y durante los tres años anteriores ejerció de asesor de Odebrecht en México, “lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra”, según recordó la Audiencia Nacional.

El auto, fechado el 2 de julio en Madrid y difundido este lunes, detalla que en marzo de 2012 Lozoya pidió a Odebrecht “que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”

, la formación de Peña Nieto, y añade que “en los meses abril a junio y en noviembre de 2012” la constructora realizó “hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares” a las empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan S.A., “vinculadas al reclamado o a su familia”.

Se agrega que “parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en el estado de Guerrero por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers“.

Más adelante, el auto explica que en 2013 Lozoya otorgó “de forma directa a la empresa Odebrecht” un contrato por 1.436 millones de pesos para unas obras en la antigua refinería de Tula, pese a que dicha adjudicación “debería haberse licitado públicamente e internacionalmente”.

Por esta operación, firmada como contrato de obra pública en febrero de 2014, Odebrecht le habría abonado luego “un total de 5 millones de dólares, mediante 5 transferencias a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A. que se realizaron los días 6 y 12 de diciembre de 2013, 24 de febrero, 11 y 20 de marzo de 2014″.

En México, Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016, es el funcionario de mayor nivel involucrado en los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña a cambio de futuros contratos públicos.

Contra la extradición de Lozoya cabe recurso en un plazo de tres días, puntualizó la Audiencia Nacional.

Con información de Excelsior.

También lee: Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México: Gertz Manero

México

Aprueban diputados reforma a la Ley de Obras Públicas

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El diputado potosino José Luis Fernández destaca su impacto positivo para San Luis Potosí.

Por Roberto Mendoza

 

Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención en lo general, y 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Presidencia de la República, fue turnada al Senado para su análisis y votación final.

La nueva legislación busca alinear la ejecución de obra pública con principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez, a través de una plataforma digital centralizada y obligatoria: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta tecnológica será el único medio para llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos en todo el país.

Además, la reforma fortalece mecanismos de control, endurece sanciones e inhabilitaciones y permite nuevas prácticas como los “diálogos estratégicos” entre funcionarios y proveedores antes del inicio formal de un procedimiento, para mejorar las condiciones de contratación. También se establece el uso obligatorio de bitácoras electrónicas para el seguimiento puntual de cada obra.

El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, explicó en entrevista exclusiva para La Orquesta que esta reforma representa una actualización indispensable de una ley vigente desde los años noventa, y que hoy ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno.

“Uno de los principales objetivos es incorporar herramientas tecnológicas para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra pública. La bitácora digital, por ejemplo, permitirá dar seguimiento en tiempo real a los trabajos que se realicen, lo que hoy aún se hace en papel”, señaló.

Fernández también subrayó que la nueva ley introduce candados importantes para evitar conflictos de interés: “Antes, un funcionario no podía participar directamente en una licitación, pero sí podía hacerlo a través de una empresa en la que fuera socio. Ahora, eso también queda prohibido.”

En respuesta a las críticas de la oposición —que considera que esta reforma podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes—, el legislador potosino defendió el contenido de la ley: “Yo creo todo lo contrario. Esta reforma promueve la transparencia y abre espacios de diálogo regulado entre funcionarios y participantes, lo cual puede mejorar las decisiones. En el marco actual, ni siquiera puedes escuchar a quien está ofreciendo un servicio. Ahora eso será posible, con reglas claras.”

Sobre el impacto en San Luis Potosí, Fernández dijo que habrá que hacer adecuaciones a la ley estatal para armonizar con esta reforma federal, pero confía en que los cambios sean positivos. “La gente quiere que el dinero público se invierta bien, que se hagan obras duraderas y de calidad, que gane la mejor propuesta y no quien tiene más cercanía con el poder. Eso es lo que busca esta ley.”

La reforma, que también regula procedimientos como la adjudicación directa y las condiciones para que entidades públicas realicen obras sin recurrir a terceros.

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México

Diputado Pedro Haces impulsa “Ley Propina”

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El Legislador sostuvo que “La propina es sagrada” y justifica iniciativa

Por Roberto Mendoza

 

En entrevista exclusiva con La Orquesta, el diputado federal Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política de Morena, anunció que ya se ha aprobado en comisiones una iniciativa que busca proteger y dignificar los derechos de las y los trabajadores que reciben propinas en México, particularmente en sectores históricamente desprotegidos como el restaurantero y el de servicios directos al consumidor.

El dictamen, explicó el legislador, establece criterios claros para garantizar una distribución igualitaria de las propinas entre los trabajadores, integrándolas al total del consumo reflejado en tickets o facturas. Con esta medida, se elimina la entrega directa de la propina, lo que permitirá una mayor transparencia y vigilancia en su reparto.

“La propina es un derecho sagrado del trabajador y no debe usarse para pagar loza, cristalería ni mantelería”, sentenció Haces Barba, al denunciar que muchos dueños de r estaurantes deducen parte de las propinas para cubrir costos operativos, violando así los derechos fundamentales de su personal.

El legislador subrayó que esta propuesta no solo beneficia a meseros o trabajadores de restaurantes, sino a todas las personas que reciben propinas

como parte de su actividad laboral, incluyendo trabajadores en gasolineras y otros servicios similares, donde este ingreso representa un componente clave de su sustento.

La propuesta también contempla la obligatoriedad de establecer un salario base para todos los trabajadores del sector, que no podrá ser menor al salario mínimo ni al salario mínimo profesional. “Con esta reforma se busca que la propina no sea el sueldo, sino un complemento justo y equitativo por el servicio prestado”, puntualizó.

Pedro Haces añadió que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una mayor justicia laboral, y confió en que obtendrá el respaldo de las diversas fuerzas políticas en el Congreso, pues —afirmó— “nadie puede estar en contra de dignificar el trabajo honrado”.

También lee: Podrían multar a establecimientos si cargan propinas en cuentas

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México

María Teresa Ealy Díaz: “No me retracto; las pruebas y los testigos me respaldan”

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La diputada de Morena, hija del dueño de El Universal, habla sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, las denuncias que presentó y la fractura en su bancada

Por: Roberto Mendoza

La diputada federal María Teresa Ealy Díaz, hija del empresario Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal, se colocó en el centro del debate legislativo al votar a favor del desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación por su media hermana. Su voto, junto con el de otras 51 diputadas y diputados de Morena, ha generado una fisura en la bancada guinda.

En entrevista con La Orquesta, Ealy Díaz confirmó que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con violencia política de género dentro de su propio grupo parlamentario. “Ya presenté las denuncias, ahora lo que sigue es dar el trámite correspondiente con las autoridades… no me voy a retractar”, aseguró tajante.

Sobre las divisiones en Morena, la legisladora aceptó que “hay enojos”, especialmente por parte de quienes votaron en contra del desafuero. “Creo que algunas diputadas fueron mal informadas. Nos dijeron que no había testigos ni dictámenes que acreditaran el hecho, pero eso es falso. En delitos de naturaleza sexual es común que sean de realización oculta”, explicó.

Ealy Díaz también criticó los comentarios del diputado Enrique Vázquez, quien hizo señalamientos personales que constituyen violencia de género: “Dijo que yo vivía violencia en casa y que el periódico de mi familia, El Universal, era corrupto. Eso fue subido a la página del Congreso,

lo cual es inaceptable”, afirmó.

Sobre el supuesto intento de mediación dentro de Morena, dijo que no hubo ningún acuerdo. “No hablamos de eso. Él fue respetuoso, pero yo le dije claro: voy con las denuncias”, subrayó.

La diputada reiteró su compromiso con la agenda feminista: “Nos llamaron ‘heroínas efímeras’, lo cual es un insulto no solo para nosotras, sino para todas las activistas que luchan por justicia”.

Respecto a si se siente incómoda dentro de la bancada oficialista, Ealy Díaz fue contundente: “Me siento respaldada por la ciudadanía, especialmente por las mujeres. Ellas saben que tienen en mí una voz que las representa”.

Finalmente, pidió resguardar los videos de la sesión donde se votó el dictamen contra Blanco y responsabilizó a sus compañeros por haber subido material personal a plataformas oficiales. “Que digan quién les ordenó eso. No se puede usar la página del Congreso para desacreditar a una legisladora”, concluyó.

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Opinión

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