Estado
Trabajadores sindicalizados del SUTSGE reciben bonos de forma indebida
Entre los conceptos de los incentivos se encuentran: vida cara, transporte, apoyo a la economía familiar, despensa, previsión social, apoyo a servicios y compensación mensual
Por: Redacción
Más de cinco mil trabajadores sindicalizados del gobierno del estado de San Luis Potosí tienen “prestaciones” o “bonos” de manera indebida por una jornada laboral de ocho horas y cinco días a la semana, los sindicalizados representados por Bernardina Lara del SUTSGE.
Dichas personas reciben siete bonos por múltiples conceptos:
1.-Por vida cara: $1, 140
2.-Transporte: $1,100
3.-Apoyo a la economía familiar: $1,200
4.-Despensa: $1,200
5.-Previsión social $1,100
6.-Apoyo a servicios $1,100
7.-Compensacion mensual $1,000
Por lo que cada persona sindicalizada además de su sueldo recibe al mes de manera adicional $7,840.
Aunado a ello, se encuentra el “bono del día de las madres” que consiste en $5,850; el “bono del día del padre” representan $5,350; y el premio “al mejor trabajador” recibe 30 días de su salario.

De los bonos anuales que reciben destaca el “navideño”, por el que se llevan $8,650, el bono administrativo es de $7,750, de apoyo a la educación $7,000; del Fondo de Ahorro el siete por ciento, por el llamado “bono de equilibrio”, 20 días de salario, por el “bono ajuste calendario”, cinco días de salario; por el “bono por capacitación”, seis días de salario; por el “bono de fortalecimiento económico”, ocho días de salario.
Por el “bono anual por desempeño”, ocho días de salario; por “estímulo a la profesionalización”, siete días de salario; por el “bono anual de superación, seis días de salario y por si todo esto fuera poco, un “bono semestral” de ocho días de salario, y un “premio de puntualidad y asistencia” de dos días de salario.
Hay bonos “especiales, por el llamado “quinquenio”, los sindicalizados que tienen de cinco a 10 años, reciben $300; los que tienen de 10 a 14 años, se llevan $350; de 15 a 19 años, $450; de 20 a 24 años, $650, y de 25 en adelante $1.050.
El “Premio de Antigüedad” lo reciben los que han cumplido diez años en servicio, se les da 40 días de salario; a los que cumplen 15 años, 50 días de salario; por 20 años, 60 días de salario; por 25 años, 70 días; por 28 y 30 años, 95 días de salario, por 35 y 40 años de servicio, reciben 100 y 105 días de salario respectivamente; por 45 y 50 años de servicio, 110 y 125 días de salario respectivamente.
Otro de los privilegios de la burocracia dorada de San Luis Potosí, es la otorgación de becas a los hijos, por discapacidad, reciben $1,125; los que estudian primaria, secundaria y preparatoria reciben $800; los de licenciatura $575; apoyos de guardería para trabajadores de municipios, $1,000; apoyo de guardería $600; para los hijos que estudian una maestría se les otorgan $6,000 y a los de doctorado $4,000.

Para que se titulen los hijos de los sindicalizados se les da un apoyo de $15,000, además $4,000 para que el registro del título y la cédula profesional. Para que los de maestría se titulen, se les da $20,000 y a los de doctorado $25,000. Para compra de libros y útiles escolares para estudiantes de primaria hasta secundaria, reciben diversos montos.
Actualmente, las dirigentes sindicales mantienen un plantón en la Plaza de Armas como lo hicieron con los gobiernos pasados.
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Estado
Retener cadáveres en hospitales o funerarias podría costar hasta 6 años de cárcel
La comisión argumenta que la práctica afecta la dignidad y el bienestar de las familias que esperan el cuerpo de un ser querido
Por: Redacción
La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal, para incrementar las sanciones contra directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, así como funerarias, que retarden o nieguen la entrega de un cadáver.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión, explicó que la pena actual —de tres meses a dos años de prisión— subiría a un rango de dos a seis años para quienes cometan esta conducta.
“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas […] para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido”, dijo.
En la exposición de motivos se señala que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende en gran medida la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.
El dictamen se turnará ahora al pleno del Congreso para su votación.
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Estado
Gobierno impulsa actividades de reinsersión social
Más de mil personas privadas de la libertad participaron labores remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en diversas áreas
Por: Redacción
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer una reinserción social efectiva.
Como parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).
En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, además de la entrega de 754 certificados de primaria y secundaria. A ello se sumaron 91 mil 170 servicios médicos y la participación de más de mil 500 personas en actividades deportivas.
Estado
Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses
Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia
Por: Redacción
Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.
Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.
Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.
Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.
Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.
Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.
Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.
Violencia vicaria, cada 25 de mes
Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.
Congreso desechó iniciativa escolar
Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.
De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.
“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.
Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
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