abril 8, 2026

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Trabajadores sindicalizados del SUTSGE reciben bonos de forma indebida

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Entre los conceptos de los incentivos se encuentran: vida cara, transporte, apoyo a la economía familiar, despensa, previsión social, apoyo a servicios y compensación mensual

Por: Redacción

Más de cinco mil trabajadores sindicalizados del gobierno del estado de San Luis Potosí tienen “prestaciones” o “bonos” de manera indebida por una jornada laboral de ocho horas y cinco días a la semana, los sindicalizados representados por Bernardina Lara del SUTSGE.

Dichas personas reciben siete bonos por múltiples conceptos:

1.-Por vida cara: $1, 140
2.-Transporte: $1,100
3.-Apoyo a la economía familiar: $1,200
4.-Despensa: $1,200
5.-Previsión social $1,100
6.-Apoyo a servicios $1,100
7.-Compensacion mensual $1,000

Por lo que cada persona sindicalizada además de su sueldo recibe al mes de manera adicional $7,840.

Aunado a ello, se encuentra el “bono del día de las madres” que consiste en $5,850; el “bono del día del padre” representan $5,350; y el premio “al mejor trabajador” recibe 30 días de su salario.

De los bonos anuales que reciben destaca el “navideño”, por el que se llevan $8,650, el bono administrativo es de $7,750, de apoyo a la educación $7,000; del Fondo de Ahorro el siete por ciento, por el llamado “bono de equilibrio”, 20 días de salario, por el “bono ajuste calendario”, cinco días de salario; por el “bono por capacitación”, seis días de salario; por el “bono de fortalecimiento económico”, ocho días de salario.

Por el “bono anual por desempeño”, ocho días de salario; por “estímulo a la profesionalización”, siete días de salario; por el “bono anual de superación, seis días de salario y por si todo esto fuera poco, un “bono semestral” de ocho días de salario, y un “premio de puntualidad y asistencia” de dos días de salario.

Hay bonos “especiales, por el llamado “quinquenio”, los sindicalizados que tienen de cinco a 10 años, reciben $300; los que tienen de 10 a 14 años, se llevan $350; de 15 a 19 años, $450; de 20 a 24 años, $650, y de 25 en adelante $1.050.

El “Premio de Antigüedad” lo reciben los que han cumplido diez años en servicio, se les da 40 días de salario; a los que cumplen 15 años, 50 días de salario; por 20 años, 60 días de salario; por 25 años, 70 días; por 28 y 30 años, 95 días de salario, por 35 y 40 años de servicio, reciben 100 y 105 días de salario respectivamente; por 45 y 50 años de servicio, 110 y 125 días de salario respectivamente.

Otro de los privilegios de la burocracia dorada de San Luis Potosí, es la otorgación de becas a los hijos, por discapacidad, reciben $1,125; los que estudian primaria, secundaria y preparatoria reciben $800; los de licenciatura $575; apoyos de guardería para trabajadores de municipios, $1,000; apoyo de guardería $600; para los hijos que estudian una maestría se les otorgan $6,000 y a los de doctorado $4,000.

Para que se titulen los hijos de los sindicalizados se les da un apoyo de $15,000, además $4,000 para que el registro del título y la cédula profesional. Para que los de maestría se titulen, se les da $20,000 y a los de doctorado $25,000. Para compra de libros y útiles escolares para estudiantes de primaria hasta secundaria, reciben diversos montos.

Actualmente, las dirigentes sindicales mantienen un plantón en la Plaza de Armas como lo hicieron con los gobiernos pasados.

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PC advierte posible clausura de Plaza San Luis por negligencia

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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas

Por: Redacción

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.

El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.

“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.

Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.

El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.

Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.

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STPS confía en evitar paro en GM

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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%

Por: Redacción

Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.

Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.

“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.

Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao

se otorgara un incremento del 15 por ciento, lo que ha generado expectativas entre los trabajadores potosinos.

Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.

El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.

Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.

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Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación

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Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones

Por: Redacción

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.

El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.

“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.

Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.

Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.

“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.

El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.

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