septiembre 10, 2026

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Estado

Trabajadores sindicalizados del SUTSGE reciben bonos de forma indebida

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Entre los conceptos de los incentivos se encuentran: vida cara, transporte, apoyo a la economía familiar, despensa, previsión social, apoyo a servicios y compensación mensual

Por: Redacción

Más de cinco mil trabajadores sindicalizados del gobierno del estado de San Luis Potosí tienen “prestaciones” o “bonos” de manera indebida por una jornada laboral de ocho horas y cinco días a la semana, los sindicalizados representados por Bernardina Lara del SUTSGE.

Dichas personas reciben siete bonos por múltiples conceptos:

1.-Por vida cara: $1, 140
2.-Transporte: $1,100
3.-Apoyo a la economía familiar: $1,200
4.-Despensa: $1,200
5.-Previsión social $1,100
6.-Apoyo a servicios $1,100
7.-Compensacion mensual $1,000

Por lo que cada persona sindicalizada además de su sueldo recibe al mes de manera adicional $7,840.

Aunado a ello, se encuentra el “bono del día de las madres” que consiste en $5,850; el “bono del día del padre” representan $5,350; y el premio “al mejor trabajador” recibe 30 días de su salario.

De los bonos anuales que reciben destaca el “navideño”, por el que se llevan $8,650, el bono administrativo es de $7,750, de apoyo a la educación $7,000; del Fondo de Ahorro el siete por ciento, por el llamado “bono de equilibrio”, 20 días de salario, por el “bono ajuste calendario”, cinco días de salario; por el “bono por capacitación”, seis días de salario; por el “bono de fortalecimiento económico”, ocho días de salario.

Por el “bono anual por desempeño”, ocho días de salario; por “estímulo a la profesionalización”, siete días de salario; por el “bono anual de superación, seis días de salario y por si todo esto fuera poco, un “bono semestral” de ocho días de salario, y un “premio de puntualidad y asistencia” de dos días de salario.

Hay bonos “especiales, por el llamado “quinquenio”, los sindicalizados que tienen de cinco a 10 años, reciben $300; los que tienen de 10 a 14 años, se llevan $350; de 15 a 19 años, $450; de 20 a 24 años, $650, y de 25 en adelante $1.050.

El “Premio de Antigüedad” lo reciben los que han cumplido diez años en servicio, se les da 40 días de salario; a los que cumplen 15 años, 50 días de salario; por 20 años, 60 días de salario; por 25 años, 70 días; por 28 y 30 años, 95 días de salario, por 35 y 40 años de servicio, reciben 100 y 105 días de salario respectivamente; por 45 y 50 años de servicio, 110 y 125 días de salario respectivamente.

Otro de los privilegios de la burocracia dorada de San Luis Potosí, es la otorgación de becas a los hijos, por discapacidad, reciben $1,125; los que estudian primaria, secundaria y preparatoria reciben $800; los de licenciatura $575; apoyos de guardería para trabajadores de municipios, $1,000; apoyo de guardería $600; para los hijos que estudian una maestría se les otorgan $6,000 y a los de doctorado $4,000.

Para que se titulen los hijos de los sindicalizados se les da un apoyo de $15,000, además $4,000 para que el registro del título y la cédula profesional. Para que los de maestría se titulen, se les da $20,000 y a los de doctorado $25,000. Para compra de libros y útiles escolares para estudiantes de primaria hasta secundaria, reciben diversos montos.

Actualmente, las dirigentes sindicales mantienen un plantón en la Plaza de Armas como lo hicieron con los gobiernos pasados.

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Estado

Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico

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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.

La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental

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Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas

Por: Redacción

Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.

La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.

Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.

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Estado

Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto

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La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios

Por: Redacción

Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.

Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.

El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.

Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.

La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.

El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.

Menos gasto en telefonía y oficinas

La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.

Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.

Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.

En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.

También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano

se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.

La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.

Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas

La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.

De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.

Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.

Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.

Analizan concentrar oficinas para reducir rentas

La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.

El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.

La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.

De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.

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Opinión

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