La iniciativa busca garantizar justicia efectiva a través de atención veterinaria integral y sanciones ejemplares

Por: Redacción

El Congreso de San Luis Potosí analiza una iniciativa presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, que plantea una reforma a la Ley de Protección a los Animales del Estado, con el objetivo de establecer la obligación legal de reparar el daño causado a cualquier animal víctima de crueldad, maltrato o tortura.

La propuesta consiste en adicionar el artículo 127 BIS a la normativa vigente, para que toda persona que incurra en actos de violencia contra animales tenga que cubrir de manera integral los costos derivados del daño provocado. Esto incluye atención veterinaria, medicamentos, cirugías, rehabilitación y cualquier otro tratamiento necesario para asegurar el bien estar del anim al agredido.

“No se trata solo de castigar, sino de construir una cultura de responsabilidad”, afirmó el legislador, quien subrayó que esta medida permitiría no solo sancionar al agresor, sino también educar a la sociedad sobre el respeto a los derechos animales.

La propuesta también contempla que la reparación del daño se aplique sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales ya establecidas en la ley y en el Código Penal del Estado, lo que refuerza el marco jurídico con un enfoque más humano y restaurativo.

Para Gámez Macías, esta iniciativa representa un avance legal que trasciende el castigo: “El bienestar animal debe traducirse en acciones, no solo en discursos”, señaló, al explicar que la prevención y la justicia restaurativa deben ser pilares fundamentales para una convivencia armónica entre personas y animales.

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El Congreso del Estado refuerza el marco legal de atención a menores en situación migratoria

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria que transitan por el territorio potosino.

La reforma, impulsada por la diputada Brisseire Sánchez López, responde a la creciente presencia de población migrante en la entidad, y reconoce que la niñez migrante constituye uno de los sectores más vulnerables, por lo que requiere de una atención especializada y prioritaria.

La legisladora destacó que estos menores de edad enfrentan condiciones adversas en sus trayectos, como el hambre, el frío, la violencia, la discriminación y el riesgo de ser víctimas de explotación, situación que exige que el Estado garantice la protección de sus derechos fundamentales conforme a los principios establecidos en la Constitución Mexicana

Con esta reforma, se busca que las autoridades estatales actúen en concordancia con el principio del interés superior de la niñez, y aseguren su acceso a servicios básicos, atención digna y condiciones de tránsito seguras durante su paso por San Luis Potosí.

La diputada Sánchez López subrayó que el reto migratorio debe abordarse con una perspectiva humanitaria y de derechos humanos, especialmente cuando se trata de menores de edad que migran en contextos difíciles, muchas veces sin acompañamiento o huyendo de entornos de violencia o carencias extremas.

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De acuerdo a las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la misma Constitución

Por: Redacción

En San Luis Potosí, serán imprescriptibles los delitos de, violación; estupro; feminicidio; homicidio calificado; homicidio en razón de parentesco; secuestro y desaparición forzada de personas, son imprescriptibles. Igualmente los delitos de abuso sexual; hostigamiento sexual; acoso sexual; y difusión ilícita de imágenes, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años edad.

Lo anterior luego de que se aprobó, la iniciativa de la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, quien planteo la reforma el artículo 110; y adiciones al artículo 183 bis, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Expuso que de acuerdo a las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la misma Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, teniendo todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad.

Lamentó que las niñas, los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual con frecuencia guardan silencio por miedo, culpa, impotencia, o vergüenza, por lo que solo el transcurso del tiempo en algunas ocasiones les permite hablar sobre lo sucedido, sobre la agresión sufrida, pues la humillación y el temor a ser estigmatizados los acompaña a lo largo de su vida.