“Este reconocimiento pertenece a cada docente que ha encendido la chispa del conocimiento, que ha creído en la capacidad de su alumnado”

Por: Redacción

La  LXIV Legislatura del Congreso del Estado develó en Sesión Solemne, el epígrafe “Maestras y Maestros Potosinos”, como un reconocimiento a su labor en la transmisión de conocimiento y en la consolidación de valores esenciales para la sociedad.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, acompañado del Consejero Jurídico del Estado, Marcos Joel Perea Arellano, en representación del Poder Ejecutivo del Estado; y del magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realizaron la develación de dicho epígrafe en el Muro de Honor del salón de pleno “Ponciano Arriaga Leija”.

En su intervención, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología quien señaló que esta develación es un acto de justicia a una labor, que aunque muchas veces silenciosa es esencial y transformadora.

“Por ello, este reconocimiento pertenece a cada docente que ha encendido la chispa del conocimiento, que ha creído en la capacidad de su alumnado, que ha acompañado los procesos humanos más allá del currículo, y que ha defendido la educación pública como un derecho y como un camino hacia la justicia social”.

Reconoció el trabajo de las maestras y los maestros, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, donde el magisterio potosino ha estado presente en el último rincón del estado, incluyendo los lugares de difícil acceso para llevar las diferentes áreas del conocimiento.

En el caso de los delitos del fuero común, la decisión de otorgar un indulto será responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado

Por: Redacción

En sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Primera de Justicia y Gobernación de la LXIV Legislatura, fue aprobada la reforma a los artículos 57 y  80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de amnistía e indulto.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el objetivo es armonizar el texto local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de establecer la facultad para conceder amnistías por delitos del fuero común en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo del Estado.

Y en el caso del indulto por delitos del fuero común, se dispone que esta facultad pasará al ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado, y para conceder dicha gracia, se deberá integrar una Comisión Interdisciplinaria, en términos de la Ley en la materia que en su momento se expida.

“Esta facultad del Poder Ejecutivo se va a implementar a través de una Comisión Interdisciplinaria, cuando se diera el caso de un indulto, el Poder Ejecutivo depositado en el Gobernador tendría que conformar esta Comisión Interinstitucional técnica para delimitar cómo va a operar el indulto; y la facultad para la amnistía queda en el Poder Legislativo”.

Se establece en sus artículos transitorios, que derivado de esta  reforma constitucional y sus alcances, el Congreso del Estado contará con un término de 180 días naturales para expedir la Ley secundaria, contados a partir de la declaratoria de reforma y adición constitucional que en su momento se realice, en términos del artículo 138 de la Constitución del Estado.

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Convocan a marcha pacífica el 4 de julio, por lo que solicitarán el acompañamiento del organismo ante la evasión de responsabilidad de la empresa

Por: Ana G Silva

Ex trabajadores de la empresa Valeo Sistemas Eléctricos S.A. de C.V. entregaron una carta dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, en la que solicitan autorización y acompañamiento para realizar una manifestación pacífica el próximo 4 de julio de 2025, en defensa de sus derechos laborales y humanos.

En el escrito, los firmantes aseguran haber sido víctimas de incumplimiento de pagos y malos tratos, así como de una presunta estrategia legal de la empresa —en colusión con autoridades laborales— para evadir responsabilidades previamente acordadas.

“Nos hicieron firmar documentos sin asesoría jurídica, nunca se nos asignó un defensor, y ahora se nos comunica que ya no habrá próximos pagos”, denuncian en la carta.

Los ex empleados acusan directamente a representantes de PROFEDET (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a quienes señalan por engañarlos, abusar de su confianza y revocar acuerdos de manera unilateral, lo cual los ha dejado en una situación de indefensión.

Además, informan que el 23 de junio fueron convocados a una reunión en PROFEDET en la que se les aseguró que no se realizarán nuevos pagos, bajo el argumento de una resolución “legal” de la empresa. Sin embargo, afirman que al solicitar evidencia documental de dicha decisión, ésta les fue negada.

“Nos sentimos engañados, burlados, desprotegidos y violentados. Esta controversia afecta a nuestras familias desde 2016. Hemos vivido desgaste emocional, mental y económico”, expresan.

Ante este panorama, piden a la CEDH su intervención como observadora y orientadora para llevar a cabo la protesta “de forma pacífica, respetuosa y legal”, haciendo valer su derecho a la libre manifestación y libertad de expresión, sin generar disturbios ni afectar a terceros.

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