El alcalde dice desconocer el plan de fondo que maneja la Comisión en la planta tratadora

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, para tratar el plan de traspaso al ayuntamiento de la planta tratadora de aguas residuales de Escalerillas, una vez que esté concluida.

Afirmó que hace mucho tiempo no habla ni se reúne con el funcionario estatal, y que de existir un canal de comunicación entre ambos, él mismo lo confirmaría públicamente.

Señaló que el municipio desconoce el plan de fondo que la CEA tiene para Escaleril las

, luego de que el propio titular de la dependencia mencionara que el ayuntamiento había referido no contar con el recurso, razón por la que la CEA decidió invertir en la construcción de esa planta.

Insistió en que, con él, no ha habido ningún acercamiento por parte de la CEA sobre el tema.

De acuerdo con Martínez Sánchez, la dependencia prevé licitar la rehabilitación de la planta en un plazo de uno a mes y medio, con una ejecución de obra de entre 100 y 150 días, financiada en su totalidad con 6 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); una vez concluida, se firmará un convenio para formalizar la entrega al Ayuntamiento capitalino.

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Asume responsabilidad legislativa por antinomia constitucional y descarta ruptura con el PVEM por reforma en Zacatecas

Por: Roberto Mendoza

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, convocó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a alcanzar un acuerdo interno para definir la titularidad del máximo tribunal y descartó extender la gestión del actual ministro presidente, al tiempo que asumió la omisión del Congreso ante la contradicción de normas en la Constitución.

“El Poder Legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una o al no haber eliminado una de las dos disposiciones. Pero creo que se puede llegar a un acuerdo y hay salida institucional y jurídica, no hay problema”, señaló.

El legislador precisó que, ante la coexistencia de dos preceptos que marcan tanto la asignación por votación popular como la elección por mayoría interna, la solución institucional inmediata recae en el consenso del pleno de ministros mientras el Legislativo no concrete la derogación correspondiente.

Respecto a la renuncia de la magistrada Mónica Soto, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que compete a la Comisión Permanente calificar la solicitud bajo la figura de causa grave, trámite que históricamente se ha procesado conforme a la tradición parlamentaria sin abrir debate sobre motivos particulares, y afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opera con total legalidad.

“La Constitución señala que las renuncias solo son por causas graves y quien califica la causa es la Comisión Permanente, aunque la Constitución no define qué son las causas graves (…) por lo pronto el tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”.

Monreal expuso además que las dos posiciones vacantes en la Sala Superior podrían cubrirse mediante la vía de los comicios populares en 2028 o a través de la integración de quienes obtuvieron el segundo lugar en el proceso electivo previo.

Finalmente, el líder de la bancada morenista rechazó que las reformas aprobadas por el Congreso local de Zacatecas para otorgar seis diputaciones plurinominales a los segundos lugares más votados configuren una ventaja indebida para Morena o fracturen la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo:

“No le veo, en ninguna medida, ni en ningún lugar, algún beneficio para Morena (…) No se pone en riesgo ninguna alianza, no se pone en riesgo la coalición, no se pone en riesgo el caminar juntos en procesos que vienen”.

Aseguró que la medida somete la mitad de la representación proporcional al escrutinio directo en las urnas y puntualizó que los actores inconformes disponen de los mecanismos jurídicos correspondientes para controvertir la resolución local.

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El paquete legislativo prohíbe la anulación de vuelos de regreso y fija límites de permanencia en pista

Por: Roberto Mendoza

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, ingresó una serie de 10 reformas para modificar los esquemas operativos de las aerolíneas y terminales aéreas en el país: “Son 10 iniciativas que están para democratizar mejor los viajes en avión”.

El proyecto estipula la asignación obligatoria de asiento para erradicar la sobreventa algorítmica, el reintegro directo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a usuarios que no aborden y la prohibición de anular el tramo de retorno si no se utiliza el vuelo de ida.

A la par, determina un tope máximo de permanencia dentro de aeronaves en tierra de una hora para rutas nacionales y dos para internacionales, además del reembolso por cancelaciones notificadas con 48 horas

de anticipación y modificaciones de itinerario hasta cuatro horas antes cubriendo únicamente la diferencia tarifaria.

La iniciativa asigna a las aerolíneas la liquidación inmediata de indemnizaciones al pasajero aun cuando las demoras correspondan a fallas de los aeropuertos: “Si el retraso o la cancelación es responsabilidad del aeropuerto, la obligación de cubrir las compensaciones o indemnizaciones estará a su cargo, y la aerolínea deberá pagarlos de inmediato a la persona pasajera”.

Moreira Valdez convocó a un foro legislativo a finales de septiembre para analizar las condiciones del servicio y someter a debate esquemas de cabotaje aéreo frente a los costos en destinos nacionales.

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