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Sobre periodista potosina interpuso queja contra El Mijis ante la CEDH
Jorge Francisco Saldaña Hernández
La Orquesta de Comunicaciones SA de CV
Miguel de Cervantes Saavedra #140
Colonia Polanco
Dip. Pedro César Carrizalez Becerra, en mi carácter de Diputado en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, señalando como domicilio para recibir notificaciones notificaciones el ubicado en la calle Pedro Vallejo, número 200, Zona Centro de esta ciudad capital, con fundamento en to dispuesto por los artículos, 3,4, 5, 6, 9 y 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, comparezco a ejercer mi derecho de réplica respecto de la publicación realizada en contra del suscrito el dia 9 de septiembre de 2019. La nota Ileva por título “Periodista potosina interpuso queja contra El Mijis ante la CEDH”.
En dicha nota se señala que la periodista presentó una queja, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en mi contra, sin embargo, hay que señalar que derivado del contenido de la nota y el dicho de la reportera, yo no estuve presente en el lugar de los hechos que ella señala donde presuntamente fueron violados sus derechos humanos. A la letra en Ia nota aludida, dice “La comunicadora explicó que mientras encendía su equipo, el diputado pasé de largo y alcanzó a grabar unos segundos de video cuando este subía por las escalera con algunos de los escoltas;” por to que queda claro que yo no estuve presente y resulta ilógico que yo haya perpetrado la supuesta violación a sus derechos.
Me permito citar el Código Internacional de Ética Periodística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para abundar en el fundamento jurídico de por que es pertinente y por que tengo el derecho a mi derecho de replica:
“1.— El derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas tienen
el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.”
“2.- Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.“
“6.- Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre: El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista.
Consecuentemente, en términos de to previsto por el articulo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 6•, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, solicito se realice la publicación gratuita de la réplica formulada en el presente escrito:
En la nota que Ileva por título “Periodista potosina interpuso queja contra El Mijis ante la CEDH” se señala que la periodista presento una queja, ante la Comisión de Derechos Humanos, en mi contra, sin embargo, hay que señalar que derivado del contenido de la nota y el dicho de la reportera que obra en la queja, yo no estuve presente en el lugar de los hechos en donde ella señala que fueron violados sus derechos humanos. A la letra en la nota aludida, dice “La comunicadora explícito que mientras encendía su equipo, el diputado paso de largo y alcanzó a grabar unos segundos de video cuando este subía por las escaleras con algunos de los escoltas;” por lo que queda claro que yo no estuve presente y resulta ilógico que yo haya perpetrado la supuesta violación a sus derechos. Cabe señalar que los escoltas no están subordinados a mi persona sino a la Secretaria de Seguridad Publica, ellos solo brindan el servicio de protección. Gracias.
Respuesta del medio:
- Si bien es cierto que el diputado no se quedó en el lugar para atestiguar el hecho en su totalidad, este ocurrió segundos después de su arribo, por lo que resulta imposible que no tuviera conocimiento de que ocurrió.
- Punto y aparte, esgrimir que los escoltas no se subordinan a su persona, queda contradicho con, al menos, un hecho comprobable en los que los elementos han acompañado al diputado a realizar labores no relacionadas con su Seguridad. Se adjunta liga: http://bit.ly/2Kg6AjJ
- Queda por entendido que el diputado, en consecuencia con su respuesta, no previene, ni evita, ni tomará acción alguna cuando los escoltas que le asigna el Estado, incurran en violaciones a los Derechos Humanos u otro tipo de violencias contra ciudadanos mientras se encuentran a cargo de su custodia.
También lee: Reportera “no debió atravesarse frente a los escoltas”, advierte El Mijis
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
También lee: David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes
A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes
Por: Redacción
La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.
David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.
De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:
- $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
- $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
- $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
- $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
- $3,839.00 en La Gran Vía.
- $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
- $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
- Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.
En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.
Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.
Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.
Otros gastos en bares y restaurantes:
También lee: Fiscalía de SLP decomisó 150 kilos de droga y armas en Villa de Pozos
Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.
Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.
El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.
Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.
Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos
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