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SLP liberó a 11 personas presas
Ricardo Gallardo aseguró que purgaban sentencias exageradas, “cuando verdaderos criminales salieron gracias al dinero”
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona liberó este primero de diciembre a 111 personas privadas de su libertad por infracciones menores, muchas de ellas recluidas injustamente, “mediante procesos viciados o pagando sentencias excesivas por delitos como haber robado comida para alimentar a su familia durante la pandemia por el coronavirus”.
Durante su intervención, el mandatario estatal destacó que las preliberaciones se hicieron después de haber analizado sus expedientes por parte del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública del Estado, “porque sabíamos que sus procesos estaban mal hechos y que a diferencia de muchos verdaderos criminales que salieron con dinero, ustedes no pudieron salir porque no tenían esos recursos”, manifestó.
Las personas que obtuvieron este beneficio, tanto hombres como mujeres, se encontraban recluidas en los centros penitenciarios de la capital (La Pila), Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala, Tancanhuitz y Tamazunchale, muchas de las cuales recibieron su carta de libertad condicional con lágrimas de alegría, agradeciendo al gobernador por esta nueva oportunidad que le brinda para reintegrarse a la sociedad.
Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno tiene un compromiso con la protección de los derechos humanos y de la justicia, por lo que exhortó a los preliberados a buscar una verdadera reinserción a la sociedad, donde el Gobierno los apoyará a través de la Secretaría del Trabajo, para que puedan conseguir una fuente de empleo y no sean discriminados.
“El nuevo San Luis Potosí que se está construyendo será más solidario, más igualitario, donde se terminaron los malos tratos, las discriminaciones, pero también se procederá con todo el peso de la Ley contra aquellos que lesionen a la sociedad, porque se protegerá al inocente, pero también se castigará al que esté dañando al Estado”.
Durante la entrega de las cartas de libertad condicionada en el Centro de Reinserción Social La Pila, se preparó una exhibición de boxeo, donde el gobernador se puso los guantes y realizó un combate de sombra con uno de los internos, conviviendo con ellos como lo hizo durante la primera semana de su administración, en donde constató las condiciones inhumanas en las que vivían y ordenó de inmediato la rehabilitación del penal con una inversión de 20 millones de pesos.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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