En los últimos cinco meses hubo dos clausuras parciales a estos espacios, informó la titular de Protección Civil estatal

Por: Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y el Sistema DIF estatal reforzarán durante la temporada invernal las inspecciones a casas hogar, albergues, asilos y anexos, informó Nadia Ochoa Limón, titular de la CEPC.

Explicó que las revisiones se hacen todo el año y que en algunos casos han terminado en clausuras parciales, es decir, el cierre de una parte del lugar o de sus actividades hasta que se corrijan las fallas. En los últimos cinco meses fueron dos, precisó Ochoa Limón.

“Es un trabajo que se hace durante todo el año, y en esta temporada invernal estaremos reforzando todavía estos trabajos operativos”, señaló.

Denuncias anónimas al 089

La funcionaria explicó que la ciudadanía puede reportar de forma anónima al 089 cualquier casa hogar, asilo o albergue que opere en malas condiciones. Con la denuncia, el personal acude a revisar el lugar y, si no está en condiciones adecuadas, se aplica la clausura parcial, siempre en colaboración con el DIF.

Lo que deben cumplir

Entre los requisitos que se revisan están salidas de emergencia sin bloquear, extintores listos para usarse, un programa interno de Protección Civil

Ochoa Limón señaló que primero se hacen recomendaciones a los responsables y que, solo si no las atienden, Protección Civil acude a intervenir.

Antecedentes

En febrero de este año, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) clausuró el asilo “La Aldea de los Abuelos”, donde vivían 22 adultos mayores, por fallas como agua sin clorar, ventanas sin vidrio y espacios sin ventilación.

En abril, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reconoció que el Ayuntamiento solo revisa condiciones mínimas en los anexos (centros de rehabilitación para adicciones), porque varias de esas tareas no le corresponden legalmente al municipio.

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Por: Ana G Silva

En 2025 se registraron mil 989 conflictos de trabajo en San Luis Potosí y se solucionaron 284 (es decir solo el 14.28%), de acuerdo con las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los conflictos solucionados bajaron de 825 en 2024 a 284 en 2025, una caída de 65.6%. En el mismo periodo, los conflictos nuevos subieron 7.9%: pasaron de mil 844 a mil 989.

El estado va en sentido contrario al país. A nivel nacional se registraron 104 mil 741 conflictos y se solucionaron 106 mil 980, es decir, se cerraron más casos de los que entraron en el año. En San Luis Potosí se solucionaron 14 por cada 100 conflictos nuevos.

Para el INEGI, un conflicto de trabajo es una disputa individual, que afecta a una persona trabajadora, o colectiva, que afecta a todo el personal de una empresa. Se cuenta como solucionado cuando hay arreglo o resolución final. En el país, el principal motivo de los conflictos individuales fue el despido injustificado, con 59.5%.

Cinco años con el nuevo modelo

San Luis Potosí fue una de las ocho entidades que arrancaron la reforma laboral el 18 de noviembre de 2020. Desde entonces, acudir a un centro de conciliación es obligatorio antes de demandar ante un tribunal laboral. Las juntas locales de conciliación y arbitraje siguen resolviendo los asuntos que empezaron antes del cambio.

Antes de la reforma, el estado registraba entre 3 mil 800 y 4 mil 900 conflictos por año y solucionaba entre 2 mil 600 y 3 mik 400. En 2021, el primer año completo del nuevo modelo, los conflictos bajaron a 1,699 y los solucionados a mil 607. Desde entonces, los conflictos se han mantenido arriba de mil 600 al año, mientras los solucionados han bajado cada año.

Entre 2021 y 2025 se acumularon 9 mil 077 conflictos de trabajo en el estado y se solucionaron 4 mil 702.

En 2025 se solucionaron menos de un conflicto de trabajo por día (0.77 al día): 284 en todo el año, entre tribunales laborales y la junta local.

En el Poder Judicial del Estado, la materia laboral la atiende un solo órgano jurisdiccional con cuatro personas juzgadoras, según el registro administrativo de justicia laboral estatal del INEGI. Desde finales de 2020, ese órgano ha radicado 11 mil 068 expedientes y 6 mil 097 seguían en proceso al cierre de 2025, de acuerdo con la misma fuente.

En 2025, el Tribunal de Justicia Laboral contó con 29 millones 716 mil pesos, el 2.2% del presupuesto del Poder Judicial, según el informe del Programa Institucional 2025 del propio Poder Judicial al tercer trimestre.

La mayoría de las diferencias entre patrones y trabajadores ya no llega a esa etapa. En 2025 se registraron 12 mil 869 convenios prejudiciales en San Luis Potosí, 10.2 por cada mil personas ocupadas, por encima de la tasa nacional de 8.6. La tasa de conflictos fue de 1.6 por cada mil ocupados, cercana a la nacional de 1.7.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, encargado de esa etapa, recibió 9 millones 609 mil 13 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 (Decreto 0037). Es la misma cifra que tenía asignada en 2021, según el Programa Institucional del Centro 2022-2027, y la que repite el presupuesto de 2026 (Decreto 0338). Con ese monto se registraron los 12 mil 869 convenios del año, unos 747 pesos por convenio, aunque si solo se resolvieron 284 tiene un costo para los potosinos de 33 mil 834.55 pesos.

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Araceli Martínez dijo que las concesiones se cancelarán cuando concluyan los procesos

Por: Redacción

Hay alrededor de 15 carpetas de investigación abiertas contra taxistas por la probable comisión de delitos, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la funcionaria, los casos tienen que ver con la posible participación de choferes en robos o en otros incidentes. Aclaró que no se puede saber si son responsables “hasta que no se acredite y se concluya la investigación”.

Las carpetas siguen en proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Para integrarlas, la Fiscalía ha pedido a la SCT datos de los taxistas, como números económicos y domicilios.

Esta semana, la dependencia pidió una reunión con la fiscal María Manuela García Cázares

La secretaria adelantó que los expedientes terminarán con la cancelación de la concesión de los taxistas que resulten responsables “en el momento procesal oportuno”. “Sin duda así será”, afirmó.

En julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los choferes que entraran a la plataforma de taxis de la SCT pasarían exámenes de control y confianza.

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