diciembre 3, 2025

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Estado

SLP, con un mínimo histórico de observaciones en la Cuenta Pública 2017

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Cuenta Pública 2017

San Luis Potosí registró un 0.5 por ciento de sus recursos con observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2017

Por: Redacción

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el Informe final de la revisión de la cuenta pública 2017 de los recursos federales que fueron ejercidos por dependencias y entidades del gobierno estatal. San Luis Potosí presentó un mínimo histórico de observaciones con respecto a la fiscalización realizada en los últimos seis años, informó la Contraloría General de Estado.

El Gobierno del Estado presentó un monto observado de 164 millones de pesos que representa un mínimo histórico para San Luis Potosí de 0.5% observado sobre la muestra auditada que asciende a 33 mil 144.82 millones de pesos.

Los montos observados a la entidad en el Informe de Resultados de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017, disminuyeron en un 61.55 por ciento respecto al año 2016, por lo que los programas de auditoría, prevención de riesgos y control interno implementados para la aplicación correcta de los recursos federales generaron resultados significativos.

Asimismo, en el informe presentado por David Colmenares Páramo, titular de la ASF, ante la Cámara de Diputados, se reportó que para el caso del Gobierno d el Estado de San Luis Potosí, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por primera ocasión no tuvieron monto observado, y, tanto el Seguro Popular como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por segundo año consecutivo presentaron cero observaciones cuantificables, con lo que se han resuelto problemas estructurales de dichos fondos.

Entre los fondos y programas observados se encuentra el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), al presentar subejercicio de recursos, por un monto total de 135.98 millones de pesos, mismos que son ejercidos por ayuntamientos de la entidad y la Comisión Federal de Electricidad, y que al momento del cierre de la auditoria anual se encontraban en proceso de ejecución y comprobación del recurso por dichas entidades, por lo que son solventables.

La Contraloría General del Estado informó que seguirá tomando medidas necesarias para evaluar, capacitar y coadyuvar a solventar las observaciones generadas en la Cuenta Pública 2017, así como las medidas preventivas y disciplinarias correspondientes.

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Estado

100 mil pesos de 27 diputados: el gesto que no apaga ninguna emergencia

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La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos

Por: Cristian Betancourt

Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.

Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.

En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado

s (es decir tres mil 700 pesos cada uno) no alcanza para cubrir totalmente una reparación de unidad o la adquisición de equipo básico.

Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.

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Estado

Villa de Pozos Destaca Interés de Visitantes

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Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso

Por: redacción

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.

La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.

Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.

La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.

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Ciudad

Educación superior gratuita y de aplicación inmediata a nivel nacional

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Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo

Por: Angel Bravo

El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.

Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.

La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:

La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.

El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.

El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.

A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.

Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo

no ha obligado aún a las autoridades de los otros niveles de gobierno a destinar los recursos necesarios:

“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”

En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.

El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.

Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”

El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.

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