​”El agua sí va pegada a la tierra”, confirma en exclusiva el diputado Oscar Bautista tras negociación política que destrabó parte del conflicto.

​Por Roberto Mendoza

​Tras una extenuante jornada de más de 25 horas ininterrumpidas, calificada como difícil y por momentos ríspida, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La sesión, que inició el miércoles 3 de diciembre a las 13:45 horas y concluyó hoy jueves 4 a las 14:10, culminó con una votación en lo particular de 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, validando un nuevo marco jurídico que elimina el mercado de concesiones entre particulares pero mantiene la certeza jurídica para el sector agropecuario tras intensas negociaciones de última hora.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino Oscar Bautista Villegas, quien fungió como enlace clave entre los productores movilizados y la Junta de Coordinación Política, detalló los acuerdos alcanzados para destrabar el conflicto social y evitar la confrontación. Bautista reveló que gestionó directamente con los líderes parlamentarios Pedro Haces y Reginaldo Sandoval y su coordinador del partido verde, varias mesas de diálogo que permitieron blindar el patrimonio campesino, y leyó textualmente el artículo 49 que consagra el binomio agua-tierra: “En la transmisión de la propiedad de terrenos para uso agrícola, pecuario o forestal, se transmitirá conjuntamente el título de concesión de las aguas nacionales que ampare el volumen necesario para el riego de la superficie de que se trate”, confirmando que el derecho al agua no podrá ser separado de la propiedad de la tierra.

​Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría parlamentaria, presentó una reserva firmada por los líderes de la coalición oficialista para desmentir lo que calificó como “mitos” sobre la expropiación de pozos y la prohibición de heredar. Las modificaciones aprobadas al dictamen original rectificaron el artículo 22 para garantizar que los derechos sucesorios y las transmisiones por herencia sean respetados mediante un trámite administrativo expedito; asimismo, se endureció drásticamente el castigo a la corrupción burocrática, elevando de 8 a 14 años la pena de prisión para los servidores públicos que soliciten dádivas a cambio de agilizar trámites o registrar títulos de concesión irregulares.

​El nuevo ordenamiento jurídico también contempla un programa de transición para regularizar cerca de 40 mil pozos en zonas de libre alumbramiento, otorgándoles título de concesión en lugar de clausurarlos, y tipifica por primera vez como delito penal el “huachicoleo” de agua con sanciones de cárcel, aunque exenta de castigo penal el desvío de cauces cuando sea estrictamente para autoconsumo doméstico o abrevadero de ganado, protegiendo así a la economía de subsistencia.

Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona

Por: Redacción

Desde la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un compromiso que hizo durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

“Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano), por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando”, explicó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona el 10 de septiembre de 2021, por ello, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El Pleno del Senado aprobó con 97 votos la designación de la ex consejera jurídica en una sesión marcada por la confrontación legislativa

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República designó este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años. Con una votación por cédula que arrojó 97 sufragios a favor, 19 en contra y 11 nulos, se alcanzó la mayoría calificada necesaria para avalar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la terna finalista. La ex fiscal capitalina rindió protesta de ley de manera inmediata ante el Pleno, asumiendo el control formal de la institución encargada de la procuración de justicia federal.

​La sesión se desarrolló en un ambiente ríspido donde las fuerzas políticas debatieron sobre la idoneidad de los perfiles y la independencia institucional. La terna, integrada también por Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, fue procesada por la Comisión de Justicia antes de llegar al Pleno. Durante la discusión, el bloque de oposición centró sus críticas en la transición directa de Godoy desde la Consejería Jurídica

​En su intervención posterior a la toma de protesta, Godoy Ramos delineó los objetivos centrales de su gestión, comprometiéndose a una reorganización interna con perspectiva de derechos humanos. La funcionaria aseguró que su administración no fabricará culpables ni ejercerá persecución política, pero subrayó que se aplicará la ley con rigor para evitar la impunidad. Su perfil, que combina experiencia en la fiscalía local de la Ciudad de México y en la administración pública federal, fue defendido por la mayoría legislativa como la opción necesaria para coordinar la política criminal del Estado.

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