Ciudad
Sebastián y Nava dejan solo a Édgar Jiménez tras resolución de la CEDH
La resolución de la CEDH tras el caso Teresa Carrizales apunta a que el único responsable es el titular de la Policía Municipal, Édgar Jiménez Arcadia
Por: Ana Dora
El primero de julio a medio día, la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, fue desalojada violentamente por elementos de la policía municipal, quienes recibieron la orden de retirarla del inmueble donde laboraba.
El hecho se dio a conocer por un vídeo que circuló en varios medios de comunicación y redes sociales, donde se observa a diversas autoridades municipales, entre ellos el comisario Edgar Jiménez Arcadia, dando instrucciones a las oficiales para el desalojo de la funcionaria, a quien sacaron arrastrando.
Según ha defendido, Jiménez Arcadia actúo en razón del oficio S.G/2393/2019 donde se le informó que la funcionaria ya no laboraba en ese lugar por lo que debía acudir a desalojarla. Dicho documento es firmado por Sebastián Pérez García, secretario general.
Tras presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la exfuncionaria logró que se emitiera la recomendación 20/2019, en la cual se señala como único responsable de la violación a sus derechos humanos al comisario Edgar Jiménez Arcadia, quien de manera: “unilateral y bajo su criterio tomó la decisión de ordenar elementos de policía a su cargo a desalojar del inmueble a Carrizales Hernández mediante el empleo de la fuerza pública”.
En entrevista con el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, precisó que “la recomendación analiza un hecho en particular: lo acontecido el primero de julio en la oficialía de Registro Civil“.
El Ombudsman señaló que la determinación se tomó por los videos en web y documentales que el mismo ayuntamiento proporcionó: “lo que advertimos con los videos y documentos que nos fueron entregados por el Ayuntamiento”.
El defensor aseguró que la responsabilidad de Jiménez Arcadia en los hechos del primero de julio exhibe que “la toma de decisión fue totalmente unilateral por parte del comisario. No hubo indicación escrita o verbal para que él tomara esa determinación”.
López Espinosa señaló que el comisario no debió “emplear el uso de la fuerza excesiva”, puesto que lo único que señala en el oficio indicaba era “salvaguardar el inmueble y retirar a la oficial”.
Lo anterior se robustece y fundamenta porque “Teresa Carrizales no puso en riesgo la integridad de alguna persona o entorpeció algún servicio”, por lo que el uso de la fuerza no es aplicable.
Recalcó que la CEDH “no encontró alguna indicación que le ordenara a Jiménez Arcadia que actuara de esa manera”, por lo que el pronunciamiento es exclusivamente al comisario y deja exentas a las otras autoridades municipales acusadas inicialmente por Teresa Carrizales, entre ellos Xavier Nava, presidente Municipal.
“Dejemos ahí”, sugiere Sebastián Pérez
Por su parte, Sebastián Pérez García, secretario general, pidió “no politizar el tema” e insistió: “dejemos el tema ahí, no ayuda politizar un tema tan sensible”.
Reconoció que “hay carencia en los protocolos” por lo que es necesario “mejorar los procedimientos y manuales en materia de derechos humanos” y acotó que ya se están impartiendo talleres y capacitación con enfoque de igualdad de género.
Pérez García dijo que se acatará la recomendación y señaló que la CEDH no lo menciona en la recomendación: “está muy clara la resolución que acaba de emitir el máximo organismo de los Derechos Humanos”.
Por la insistencia de los reporteros, Sebastián Pérez señaló que “la recomendación, como bien lo dice, exime al alcalde, al contralor, al secretario a la misma coordinadora de derechos humanos”.
También leyó un fragmento del documento: “se acredita que, en ningún momento, ni el alcalde, ni el secretario, ni contralor ni la designada de oficialía civil, giraron instrucciones directas para desalojar a la oficial del registro civil y mucho menos le ordenaron que empleará la fuerza para cumplir tal cometido”.
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Rehabilitación de plaza El Cóndor, nuevas unidades deportivas y mejores calles y avenidas se realizarán gracias a la coordinación interinstitucional.
Por: Redacción
Con el compromiso de trabajar por el bienestar de la población, la presidenta concejal Patricia Aradillas, quien encabeza el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, informó que durante el próximo año se fortalecerá la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.
La funcionaria destacó que se proyectan grandes obras para Villa de Pozos, entre el las la rehabilitación integral de la Plaza Cóndor, ubicada en la colonia Rancho Viejo, un espacio que será renovado para brindar áreas urbanas y recreativas dignas, seguras y funcionales para las familias de la zona.
Señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Estatal permitirá la construcción de nuevas vialidades, unidades deportivas, así como la pavimentación de las laterales de la carretera 57, además de otras acciones estratégicas que impulsarán el desarrollo urbano y la movilidad en el municipio.
La presidenta concejal afirmó que se destinarán más de 500 millones de pesos para obras de infraestructura, una inversión histórica gracias a la coordinación con Gobierno del Estado que consolidará al municipio con mejores servicios, espacios públicos de calidad y mayores oportunidades para todas y todos.
Esta alternativa está dirigida a cuentas domésticas y comerciales con adeudos de 2024 o años anteriores, y permite regularizar la situación
Por: Redacción
El programa “Acaba tu deuda de una vez” está por terminar y restan únicamente 10 días para que los usuarios con adeudos pendientes puedan aprovechar los incentivos fiscales vigentes en los servicios de agua y drenaje.
Esta alternativa está dirigida a cuentas domésticas y comerciales con adeudos de 2024 o años anteriores, y permite regularizar la situación de cada contrato mediante descuentos que se aplican conforme al monto del adeudo.
Para conocer el beneficio disponible, los usuarios pueden ingresar a sindeuda.interapas.mx, donde solo requieren el número de cuenta y el código verificador que aparece en su recibo. Tras adherirse al programa, se cuenta con un plazo de 24 horas para realizar el pago en una sola exhibición, ya sea a través de la aplicación “InterAPPas Móvil”
Interapas reiteró la invitación a no dejar pasar estos últimos días y aprovechar el cierre del programa, ya que los recursos recaudados permiten dar continuidad a acciones de mantenimiento, atención a fugas y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria en la zona metropolitana.
Para más información, los usuarios pueden comunicarse a Acuatel 444 123 6400 o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
El exfuncionario del DIF, acusado de violación, obtuvo libertad condicionada tras cumplir la mitad de su pena y acreditar los requisitos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal
Por: Redacción
El Poder Judicial confirmó que Alejandro Fernández Montiel obtuvo su libertad condicionada, como parte del proceso de ejecución penal, luego de que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario cumplió la mitad de la pena impuesta, equivalente a 6 años, 1 mes y 15 días, plazo que se alcanzó el 8 de diciembre de 2025, lo que permitió a la autoridad judicial analizar su situación jurídica para el acceso a este beneficio.
El órgano jurisdiccional determinó conceder la libertad condicionada tras validar diversos elementos, entre ellos:
- el tiempo efectivo de compurgación,
- la conducta durante el internamiento,
- el cumplimiento del plan de actividades, y
- la reparación del daño.
La resolución se emitió dentro del marco legal vigente y corresponde a la fase de ejecución de la sentencia, por lo que no implica la absolución del delito ni la cancelación de la condena, sino una modificación en la forma de cumplimiento de la pena.
El caso de Fernández Montiel generó amplia atención pública desde su detención en octubre de 2019, tras una persecución en la capital potosina, así como por la naturaleza del delito por el cual fue sentenciado. La concesión de la libertad condicionada reaviva el debate sobre los alcances del sistema penal, la protección de las víctimas y la aplicación de beneficios legales en delitos de alto impacto social.
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