La resolución de la CEDH tras el caso Teresa Carrizales apunta a que el único responsable es el titular de la Policía Municipal, Édgar Jiménez Arcadia

Por: Ana Dora

El primero de julio a medio día, la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, fue desalojada violentamente por elementos de la policía municipal, quienes recibieron la orden de retirarla del inmueble donde laboraba.

El hecho se dio a conocer por un vídeo que circuló en varios medios de comunicación y redes sociales, donde se observa a diversas autoridades municipales, entre ellos el comisario Edgar Jiménez Arcadia, dando instrucciones a las oficiales para el desalojo de la funcionaria, a quien sacaron arrastrando.

Según ha defendido, Jiménez Arcadia actúo en razón del oficio S.G/2393/2019 donde se le informó que la funcionaria ya no laboraba en ese lugar por lo que debía acudir a desalojarla. Dicho documento es firmado por Sebastián Pérez García, secretario general.

Tras presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la exfuncionaria logró que se emitiera la recomendación 20/2019, en la cual se señala como único responsable de la violación a sus derechos humanos al comisario Edgar Jiménez Arcadia, quien de manera: “unilateral y bajo su criterio tomó la decisión de ordenar elementos de policía a su cargo a desalojar del inmueble a Carrizales Hernández mediante el empleo de la fuerza pública”.

En entrevista con el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, precisó que “la recomendación analiza un hecho en particular: lo acontecido el primero de julio en la oficialía de Registro Civil“.

El Ombudsman señaló que la determinación se tomó por los videos en web y documentales que el mismo ayuntamiento proporcionó: “lo que advertimos con los videos y documentos que nos fueron entregados por el Ayuntamiento”.

El defensor aseguró que la responsabilidad de Jiménez Arcadia en los hechos del primero de julio exhibe que “la toma de decisión fue totalmente unilateral por parte del comisario. No hubo indicación escrita o verbal para que él tomara esa determinación”.

López Espinosa señaló que el comisario no debió “emplear el uso de la fuerza excesiva”, puesto que lo único que señala en el oficio indicaba era “salvaguardar el inmueble y retirar a la oficial”.

Lo anterior se robustece y fundamenta porque “Teresa Carrizales no puso en riesgo la integridad de alguna persona o entorpeció algún servicio”, por lo que el uso de la fuerza no es aplicable.

Recalcó que la CEDH “no encontró alguna indicación que le ordenara a Jiménez Arcadia que actuara de esa manera”, por lo que el pronunciamiento es exclusivamente al comisario y deja exentas a las otras autoridades municipales acusadas inicialmente por Teresa Carrizales, entre ellos Xavier Nava, presidente Municipal.

“Dejemos ahí”, sugiere Sebastián Pérez

Por su parte, Sebastián Pérez García, secretario general, pidió “no politizar el tema” e insistió: “dejemos el tema ahí, no ayuda politizar un tema tan sensible”.

Reconoció que “hay carencia en los protocolos” por lo que es necesario “mejorar los procedimientos y manuales en materia de derechos humanos” y acotó que ya se están impartiendo talleres y capacitación con enfoque de igualdad de género.

Pérez García dijo que se acatará la recomendación y señaló que la CEDH no lo menciona en la recomendación: “está muy clara la resolución que acaba de emitir el máximo organismo de los Derechos Humanos”.

Por la insistencia de los reporteros, Sebastián Pérez señaló que “la recomendación, como bien lo dice, exime al alcalde, al contralor, al secretario a la misma coordinadora de derechos humanos”.

También leyó un fragmento del documento: “se acredita que, en ningún momento, ni el alcalde, ni el secretario, ni contralor ni la designada de oficialía civil, giraron instrucciones directas para desalojar a la oficial del registro civil y mucho menos le ordenaron que empleará la fuerza para cumplir tal cometido”.

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