Estado
SCT permite circulación de 33 camiones obsoletos en SLP: diputado
“Con el transporte de las plataformas como Uber, dan cacería certera y sin concesiones como lo han publicado diversos medios de comunicación, haciendo de la ley un tema selectivo, dijo Hernandez Contreras
Por: Redacción
El diputado Edgardo Hernández Contreras solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un análisis profundo sobre las condiciones reales en que opera el transporte público urbano en San Luis Potosí, pues actualmente están en circulación 33 unidades que han sobrepasado la vida mecánica del auto motor del pasaje urbano en San Luis Potosí, de los cuales no se explica la permisividad que les otorga la autoridad.
Aseguró que “pero no es así para con el transporte de las plataformas como Uber, a quienes dan cacería certera y sin concesiones como lo han publicado diversos medios de comunicación, haciendo de la ley un tema selectivo”.
El legislador Hernández Contreras añadió que “habría que hacer una remembranza de lo que se ha intentado Legislatura tras Legislatura a través de las comisiones de transporte, donde no solo se ha estudiado el tema del costo de los pasajes, sino que siempre se ha pretendido extender la vida útil de dichas unidades”.
El legislador acotó a las diversas modificaciones que ya se han hecho a la ley en comento, pero la que pone en riesgo mas que el bolsillo de las y los potosinos, es la “prorroga” que pretenden dar al uso de las unidades chatarra.
“Si vemos el tiempo de vida que tiene una unidad automotor que es utilizada de manera continua, encontraremos que el desgaste de la misma no da para más de 10 años de uso, pero los ahorros que pretenden hacer de la misma al extender su vida útil por otros 5 años representa solo un beneficio económico para el dueño y no los usuarios”.
Hernández Contreras añadió que “empresas de venta de camiones para pasaje urbano dan múltiples facilidades, a través de arrendamiento financiero o arrendamiento puro, las que incluyen la entrega de la unidad nueva con un 5.0 % del costo inicial y hasta 72 mensualidades con tasa fija y seguro, lo que equivale a 6 años”. 
“De lo anterior podemos deducir que en seis años terminaran de pagar la unidad, y que el resto para cumplir 10 años, es decir, cuatro años seria de ganancias netas, aunque van a argüir que gastan más en reparaciones u servicios, para lo cual nos preguntamos, ¿de qué sirve entonces extender otros cinco años de gastos en servicios y reparaciones?”.
Lo anterior deriva en la conveniencia de comprar las unidades nuevas con la ventaja de ser susceptibles de ser deducibles para el pago de impuestos.
“Por último, además de pretender la prórroga de uso de unidades chatarra, se pretende un aumento en el pasaje, donde la tarifa normal está en 9.80 pesos, (nunca regresan los 20 centavos), la tarifa de prepago está en 9.50 y la tarifa especial para estudiantes y adultos mayores está en 4.90; por lo que, de darse el incremento estimado, la tarifa normal quedaría en 10.20 pesos, la de prepago en 9.90 pesos y la especial en 5.10 pesos”.
El diputado Edgardo Hernández puntualizó que “en esta crisis de pandemia, mi prioridad es apoyar a la sociedad civil, pues la gente más necesitada es quien usa el transporte colectivo, ya que se le ha acercado tanto sociedad civil como estudiantes”.
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Destacadas
Propuesta de próxima rectora en la UASLP, ¿paridad de género o vulneración a la autonomía?
La diputada Jacquelin Jauregui presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica de la UASLP
Por: Redacción
Una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presentada hace unos días por la diputada Jacquelin Jauregui Mendoza, busca permear el principio de paridad de género en la elección de los altos cargos de gobierno en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí busca establecer que en la elección, integración y designación de las autoridades de la Universidad, deberá respetarse el principio de equidad de género, garantizando la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los órganos de gobierno.
Es decir, que la persona titular de la Rectoría y las directoras o directores de las entidades académicas, el principio de paridad de género será respetado alternándose entre una mujer y un hombre, salvo en los casos de reelección por un segundo periodo.
Si bien la propuesta impulsa la paridad de género en la Máxima Casa de Estudios potosina mediante la reforma a un documento emitido por el propio Congreso local —y a propósito de la reforma constitucional de 2019 sobre el principio de paridad de género—, también genera inquietudes sobre los alcances de la autonomía universitaria, un principio establecido en la Constitución mexicana, que permite a las universidades públicas gobernarse a sí mismas, definir sus propios criterios de organización, y elegir libremente a sus autoridades.
En su exposición de motivos, la legisladora Jauregui Mendoza expuso que su iniciativa es “una respuesta a la deuda histórica con las mujeres que, pese a su talento y esfuerzo, han sido relegadas de los órganos de gobierno que definen el presente y futuro de la Universidad”.
Actualmente, el artículo 15 de esta Ley establece que la forma de sesionar, integración, nombramiento, atribuciones, obligaciones y término del encargo de las autoridades de la UASLP se integra en la forma en que lo establezca su Estatuto Orgánico, y los reglamentos que emita el Consejo Directivo. Esto aplicable para:
– La Junta Suprema de Gobierno.
– El Consejo Directivo Universitario.
– La persona titular de la Rectoría.
– Los consejos técnicos consultivos de las entidades académicas.
– Las directoras o directores de las entidades académicas.
La iniciativa se encuentra actualmente en estudio dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local. Aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno legislativo.
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Autoridades y empresarios destacan que el Patronato cuenta con autonomía regulada y opera bajo lineamientos claros
Por: Redacción
La Feria Nacional Potosina (FENAPO) se desarrolla con base en un marco legal vigente y bajo una estrecha coordinación entre diversas autoridades estatales y municipales, afirmó la Asociación de Empresarios del Entretenimiento de San Luis Potosí, ante versiones que cuestionaban la legalidad de algunos aspectos operativos del evento.
Roberto Pinto Madrid, presidente de dicha asociación, explicó que el Patronato de la FENAPO funciona como un organismo descentralizado, con autonomía regulada, normatividad propia y atribuciones específicas para gestionar la organización del evento ferial. Indicó que no se trata de una entidad privada, por lo que no está sujeta a los mismos requisitos que los negocios particulares, como licencias comerciales o permisos municipales convencionales.
Desde su fundación, el Patronato emite cada año convocatorias formales a instancias del gobierno estatal y municipal para establecer mesas de trabajo, definir operativos y aplicar reglamentos en materia de seguridad, salud pública y administración general
Pinto Madrid precisó que los espacios, establecimientos y servicios dentro del recinto ferial son inspeccionados por las autoridades competentes, quienes verifican que se cumplan con las disposiciones sanitarias, los lineamientos de protección civil y los permisos temporales requeridos para actividades como la venta de bebidas alcohólicas, conforme a lo establecido por la legislación estatal.
Finalmente, subrayó que la cooperación institucional ha sido permanente, y que cada edición de la feria se realiza mediante una planificación coordinada entre el Patronato y las dependencias correspondientes, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.
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Congreso del Estado
Se debe proteger a menores de edad involucrados en procesos judiciales: Congreso
Se pretende que se garantice el cuidado dentro de los procesos judiciales y que no revictimice a los menores de edad
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia de la LXIV Legislatura, analiza la iniciativa presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, que plantea reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que tiene como objetivo proteger a los menores de edad cuando tienen que intervenir el procedimientos judiciales como víctimas o testigos.
El diputado César Arturo Lara, explicó que con esta iniciativa se plantea que se contemplen los conceptos de mínima intervención y el de la no revictimización a los menores de edad cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.
Puntualizó que es de suma importancia mencionar que los concentos mencionados ya se establecen en los artículos 4º y 6º de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ello, se pretende que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado también se garantice el cuidado dentro de los procesos judiciales en donde en ningún momento se ejerza sobre los menores de edad una revictimización o victimización secundaria y tengan una intervención mínima.
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