La Cámara restringirá el ingreso de personas involucradas en las agresiones y revisará el acceso de vehículos y acompañantes de legisladores

Por: Roberto Mendoza

El enfrentamiento entre diputados del PRI y Movimiento Ciudadano del martes 20 de octubre puso en evidencia deficiencias en los controles de seguridad de la Cámara de Diputados. Tras los empujones registrados durante la visita de Jorge Álvarez Máynez y el lanzamiento de agua contra el logotipo de MC en sus oficinas, la Junta de Coordinación Política acordó impedir el ingreso de las personas no legisladoras involucradas, reforzar la vigilancia y restringir el acceso al Salón de Sesiones a personal debidamente acreditado.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció que actualmente no existe un control suficiente sobre las personas que ingresan acompañando a los diputados y sus vehículos, aunque aclaró que no hay información concluyente sobre la presencia de personas armadas.

También instruyó al Comité de Ética a atender con urgencia la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano. Las sanciones podrían incluir amonestaciones, remoción de cargos legislativos o descuentos a la dieta. El coordinador priista Rubén Moreira fue el único que no respaldó los acuerdos.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, aseguró que cuentan con fotografías, videos y testigos de las agresiones, además de preparar una denuncia penal y exigir sanciones ejemplares. En contraste, el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla calificó lo ocurrido como un acto simbólico de protesta por la situación en Jalisco, negó que lo acompañaran personas armadas y rechazó las acusaciones de MC. «Si en su momento presentan esas denuncias penales, estamos listos para asumirlas», afirmó, al sostener que no dejará de manifestarse pese a las posibles consecuencias.

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Movimiento Ciudadano denunció que fueron rechazadas sus propuestas para proteger la sátira política

Por: Roberto Mendoza

Con 312 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada “ley antimemes”, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería, la falsificación de marcas y la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor.

La reforma establece penas de hasta diez años de prisión, amplía los delitos relacionados con la propiedad intelectual y sustituye en diversas disposiciones el criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial. Aunque no prohíbe expresamente los memes, tampoco establece una excepción específica para la sátira política, lo que provocó cuestionamientos de la oposición sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, advirtió que la legislación establece un precedente preocupante.

“Nosotros creemos que es muy grave el precedente que se deja”, señaló, tras explicar que su bancada solicitó incorporar disposiciones para proteger la sátira política y la libertad de expresión, pero fueron rechazadas. La legisladora sostuvo que este tipo de decisiones dejan “muy mal la libertad de expresión en este país”.

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“Hay grupos delictivos — que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos”

Por: Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, gracias a las acciones realizadas por el Gobierno de México para combatir el comercio ilícito de combustibles, como la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en el 2026, en lo que llevamos hasta septiembre del 2026? Son 48 mil millones de pesos. Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025”.

“Hay grupos delictivos —podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Expuso que, con el objetivo de seguir disminuyendo irregularidades en el comercio de combustibles, incluso se analizan cambios en leyes para disminuir la figura del comercializador.