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Robos contra socios de Coparmex se duplicaron en menos de 2 años en SLP
En marzo de 2018, solo el 33.98 por ciento había sido víctima, para noviembre del año pasado creció hasta 67.46 por ciento
Por: Redacción
El porcentaje de miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que han sufrido robos en San Luis Potosí se ha duplicado en los últimos dos años.
En marzo de 2018, cuando ese organismo empresarial empezó a publicar sus encuestas acerca de la situación en el cada estado del país, solo el 33.98 por ciento de los socios de Coparmex habían sido víctimas de un delito. En cambio, en la estadística más reciente, de noviembre de 2019, el número se duplicó, hasta el 67.46 por ciento.
Ese comportamiento se ha mantenido durante los dos años de encuesta, que se publica en los meses de marzo, julio y noviembre. Para julio de 2018, el porcentaje de miembros Coparmex robados era de 40.32 por ciento y en noviembre de ese año subió a 53.85 por ciento.
El año pasado, aunque en marzo hubo una baja respecto a noviembre de 2018, pues registró 53.66 por ciento de robos entre socios Coparmex. Para julio, el porcentaje subió nuevamente a 58.87 por ciento y registró 67.46 por ciento en noviembre de 2019.
Ese último incremento a los robos contra asociados Coparmex, que duplica la cifra obtenida en la primera de las encuestas Data Coparmex, coincide con una ola de robos a negocios ocurridos en la ciudad de San Luis Potosí 
Hacia finales del año pasado, una nueva modalidad del delito de robo a negocio parecía comenzar a tomar forma, al menos, en la capital potosina, donde entre noviembre y diciembre se registraron una serie de atracos en restaurantes, bares y cafeterías, incluso, de las colonias menos desfavorecidas.
Por ejemplo, personas armadas ingresaron al restaurante El Pozole, ubicado en el Barrio de Tequis, donde robaron tanto a los comensales como al establecimiento y, aunque no hay una versión oficial, trascendió que el monto del botín podría alcanzar los 100 mil pesos.
Días más tarde, en la misma colonia, un exempleado del restaurante Kabuki ingresó al establecimiento por la mañana para intentar sustraer dinero de la caja registradora; sin embargo, logró ser detenido por empleados que se encontraban ahí cuando intentó cometer el atraco.
También, un comensal en el restaurante La Viga, ubicado en la colonia Lomas, fue amenazado con arma de fuego para entregar sus pertenencias y, al negarse, el presunto ladrón disparó al aire, causando pánico entre los asistentes al lugar.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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