El Congreso del Estado de San Luis Potosí comenzó a trabajar en una reforma electoral para incorporar la figura de la revocación de mandato en la Constitución local; sin embargo, aunque la iniciativa avance y sea aprobada en los próximos meses, este mecanismo no podría aplicarse al actual gobierno estatal y tendría efectos reales hasta la siguiente administración, es decir, después de 2030.

La discusión resurgió luego de que el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) ordenó al Poder Legislativo armonizar la Constitución local con la reforma federal de 2019, al considerar que la omisión del Congreso vulnera derechos de participación ciudadana reconocidos a nivel nacional.

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, confirmó que su bancada ya construye una propuesta de reforma electoral para incorporar la revocación de mandato a nivel estatal.

El morenista explicó que la intención es homologar la Constitución de San Luis Potosí con la federal y posteriormente crear una legislación secundaria que establezca reglas, fechas y procedimientos para realizar este tipo de consultas ciudadanas.

No obstante, aun cuando la reforma sea aprobada durante esta legislatura, la figura no podría aplicarse de forma retroactiva sobre el mandato actualmente en curso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Esto debido a principios constitucionales de certeza jurídica y temporalidad electoral, además de que la eventual legislación tendría que definir desde qué periodo gubernamental comenzaría a operar el mecanismo.

En la práctica, la revocación de mandato únicamente podría contemplarse para la próxima gubernatura que inicie funciones en 2027, y el eventual ejercicio ciudadano tendría lugar aproximadamente a la mitad de ese sexenio, es decir, hacia 2030.