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¿Quieres tramitar un permiso para consumir marihuana? Aquí te decimos cómo
Víctor Meade es una de las 200 personas en México que ya cuentan con esta autorización, ahora ofrece su ayuda para hacer este trámite
Por: Bernardo Vera
Víctor Meade, colaborador de La Orquesta y estudiante de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es uno de los pocos ciudadanos mexicanos que ha logrado obtener una autorización emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que le permite el consumo lúdico de marihuana; un proceso que atravesó por múltiples trabas burocráticas, pero al final, con las herramientas legales para poner a prueba el sistema legal de nuestro país, logró ejercer su derecho para la portación y consumo de esta planta. Ahora Víctor ofrece su asesoría para que cualquier persona que desee tener un permiso como el suyo, pueda acceder a él.
¿POR QUÉ ES POSIBLE SOLICITAR UN PERMISO?
Víctor contó el contexto general de la situación y el hueco legal que le permitió acceder a esta alternativa, luego de la contradicción detectada en la Ley General de Salud, respecto a la prohibición absoluta del consumo de cannabis y las autorizaciones que debían ser emitidas por la Cofepris; dicho asunto escaló a la SCJN y fue expuesta en junio de 2021 por diferentes asociaciones en el país.
“A partir de que varias organizaciones empezaron a promover amparos diciendo que este artículo era inconstitucional, al final el asunto llegó a la Suprema Corte y resolvió que la prohibición absoluta al consumo de cannabis de manera lúdica era inconstitucional porque estaba violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, manifestó.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, según Meade, es el espacio de la vida privada de cada ciudadano en el que el gobierno no puede inmiscuirse, siempre que no afecte los intereses o se genere daño a otras personas. Por esta razón, aseguró, la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana fue una medida desproporcionada, y violaba el derecho de las personas a decidir cómo pasan su tiempo:
“Lo que hace la Corte es que, al ser inconstitucional que la Ley General de Salud prohíba de manera absoluta el consumo de cannabis, se da un tiempo al Congreso de la Unión para que supere la inconstitucionalidad; es decir, que eliminen la prohibición absoluta y lo permitan, como ellos quieran, pero deben quitarlo”.
Víctor narró que la SCJN le concedió un plazo al Congreso de la Unión para eliminar la prohibición absoluta, situación que no resolvió; por lo que la Corte asumió sus propias facultades de retirar artículos del ordenamiento legal, cuando consideran que son inconstitucionales. “Básicamente lo que hace la Corte es eliminar esos artículos prohibitivos de la Ley General de Salud”, apuntó.
A partir de que la SCJN emitió dicho ordenamiento, la Cofepris perdió capacidad de actuación, sin mayor remedio que acatar la disposición, para lo cual, el interesado debe presentar un escrito con base en lo dicho por la Corte. Sin embargo, la Cofepris había negado todas las solicitudes hechas para que se emitieran las autorizaciones.
“Dicha negativa es una omisión directa al mandato de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte. Entonces ¿qué haces cuando la Corte dice que sí tienes derecho, que sí te deben de expedir la autorización, pero la Cofepris no lo hace? Tienes que iniciar un procedimiento judicial ante el Poder Judicial de la Federación, se llama ‘denuncia de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad’ y esto es un proceso rápido, tiene plazos más cortos. Después de unos cuantos días, el juzgado tendrá que valorar la respuesta de la Cofepris y le ordenará que emitan la autorización que le solicitaron”.
¿CÓMO SE OBTIENE?
Víctor es actualmente una de las cerca de 200 personas en todo el país que cuentan con una autorización, y nos contó que tuvo que pasar por todo el procedimiento legal para el inicio de estos trámites. Adelantó que estos requieren paciencia de parte de la o el interesado, debido a que el propio sistema los obstruye:
“Una de las trabas es que para que puedas ir a la Cofepris a pedirles el permiso y meter la solicitud inicial, ellos te obligan a que saques una cita y solamente puedes sacar cita si tienes firma electrónica del SAT. Además, libera los horarios de vez en cuando; es muy complicado y ponen sus trabas para limitar los derechos de las personas que buscan regularizarse”. 
El procedimiento para realizar la solicitud por parte de la Cofepris y ante el juzgado son gratuitos. No obstante, es un trámite que requiere el acercamiento con un abogado que realice las solicitudes y entregue a las instancias encargadas; es aquí donde se requiere una inversión por parte de la parte solicitadora, por lo que el propio Víctor Meade ofrece sus servicios para quien desee iniciar un procedimiento de esta naturaleza. “Afortunadamente estoy viviendo ahora en la Ciudad de México, y las personas que se acerquen les puedo dar orientación, incluso llevarles su trámite desde acá”.
La autorización estipula, en términos generales, que el consumo se debe realizar en lugares privados y se acredita una cantidad de portación para consumo personal. Además se establece por tiempo indefinido y se queda sujeta a que la autoridad la revoque, cuando considere que se incumple con las condiciones. Víctor explicó que la portación de este permiso es una certeza y prevención para el ciudadano, pues el consumo se sigue y se seguirá haciendo, con o sin la autorización.
“Estar regularizado y tener la protección de la ley te garantiza que ya no te pueden pedir mordida los policías si te agarran, no te pueden llevar a la cárcel, porque tienes tu autorización. Que puedas poseer, transportar, consumir la cantidad de cannabis es indicador de que no se pueden meter contigo, pero siempre que respetes los lineamientos que estableció la Corte en la declaratoria”.
El acceso a este procedimiento, según Meade, es prácticamente para todo ciudadano mayor de 18 años que esté interesado, “en aras de que el consumo de cannabis sea regular, que el gobierno no siga criminalizando a las personas que deciden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
EL SISTEMA BUSCA EVITAR QUE SE TRAMITEN
Victor Meade invitó a la ciudadanía a no estigmatizar a las personas consumidoras de cannabis, y al consumidores a que se animen a regularizarse, tanto para la certeza jurídica, como una medida de presión al gobierno para que legislen sobre este tema. Para ello, ofreció su correo electrónico, para quienes deseen asesoría y comenzar a tramitar esta autorización: [email protected]
“Soy de las pocas personas en el país que tienen autorización, pero es un procedimiento muy obstaculizado y que lo diseñaron precisamente así, para que la gente diga que son muchos problemas, hay que conseguir un abogado que haga el procedimiento, etcétera. La Cofepris lo que intenta es desincentivar a las personas para que no pidan su autorización y sigan en el consumo irregular”.
Meade mencionó que ante un derecho ya establecido, no debería haber limitaciones ni obstáculos, pero esta situación se debe a que el tema de regular el consumo de cannabis no es del agrado del gobierno en turno, por que consideró que la existencia de estas trabas impuestas desde las estructuras institucionales son con la finalidad de que la gente no pueda acceder a ello. Pero enfatizó “es un derecho y tendríamos que poder ejercerlo libremente”.
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En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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