mayo 13, 2025

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¿Quieres tramitar un permiso para consumir marihuana? Aquí te decimos cómo

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Víctor Meade es una de las 200 personas en México que ya cuentan con esta autorización, ahora ofrece su ayuda para hacer este trámite

Por: Bernardo Vera

Víctor Meade, colaborador de La Orquesta y estudiante de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es uno de los pocos ciudadanos mexicanos que ha logrado obtener una autorización emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que le permite el consumo lúdico de marihuana; un proceso que atravesó por múltiples trabas burocráticas, pero al final, con las herramientas legales para poner a prueba el sistema legal de nuestro país, logró ejercer su derecho para la portación y consumo de esta planta. Ahora Víctor ofrece su asesoría para que cualquier persona que desee tener un permiso como el suyo, pueda acceder a él.

¿POR QUÉ ES POSIBLE SOLICITAR UN PERMISO?

Víctor contó el contexto general de la situación y el hueco legal que le permitió acceder a esta alternativa, luego de la contradicción detectada en la Ley General de Salud, respecto a la prohibición absoluta del consumo de cannabis y las autorizaciones que debían ser emitidas por la Cofepris; dicho asunto escaló a la SCJN y fue expuesta en junio de 2021 por diferentes asociaciones en el país.

“A partir de que varias organizaciones empezaron a promover amparos diciendo que este artículo era inconstitucional, al final el asunto llegó a la Suprema Corte y resolvió que la prohibición absoluta al consumo de cannabis de manera lúdica era inconstitucional porque estaba violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, manifestó.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, según Meade, es el espacio de la vida privada de cada ciudadano en el que el gobierno no puede inmiscuirse, siempre que no afecte los intereses o se genere daño a otras personas. Por esta razón, aseguró, la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana fue una medida desproporcionada, y violaba el derecho de las personas a decidir cómo pasan su tiempo:

“Lo que hace la Corte es que, al ser inconstitucional que la Ley General de Salud prohíba de manera absoluta el consumo de cannabis, se da un tiempo al Congreso de la Unión para que supere la inconstitucionalidad; es decir, que eliminen la prohibición absoluta y lo permitan, como ellos quieran, pero deben quitarlo”.

Víctor narró que la SCJN le concedió un plazo al Congreso de la Unión para eliminar la prohibición absoluta, situación que no resolvió; por lo que la Corte asumió sus propias facultades de retirar artículos del ordenamiento legal, cuando consideran que son inconstitucionales. “Básicamente lo que hace la Corte es eliminar esos artículos prohibitivos de la Ley General de Salud”, apuntó.

A partir de que la SCJN emitió dicho ordenamiento, la Cofepris perdió capacidad de actuación, sin mayor remedio que acatar la disposición, para lo cual, el interesado debe presentar un escrito con base en lo dicho por la Corte. Sin embargo, la Cofepris había negado todas las solicitudes hechas para que se emitieran las autorizaciones.

“Dicha negativa es una omisión directa al mandato de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte. Entonces ¿qué haces cuando la Corte dice que sí tienes derecho, que sí te deben de expedir la autorización, pero la Cofepris no lo hace? Tienes que iniciar un procedimiento judicial ante el Poder Judicial de la Federación, se llama ‘denuncia de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad’ y esto es un proceso rápido, tiene plazos más cortos. Después de unos cuantos días, el juzgado tendrá que valorar la respuesta de la Cofepris y le ordenará que emitan la autorización que le solicitaron”.

¿CÓMO SE OBTIENE?

Víctor es actualmente una de las cerca de 200 personas en todo el país que cuentan con una autorización, y nos contó que tuvo que pasar por todo el procedimiento legal para el inicio de estos trámites. Adelantó que estos requieren paciencia de parte de la o el interesado, debido a que el propio sistema los obstruye:

“Una de las trabas es que para que puedas ir a la Cofepris a pedirles el permiso y meter la solicitud inicial, ellos te obligan a que saques una cita y solamente puedes sacar cita si tienes firma electrónica del SAT. Además, libera los horarios de vez en cuando; es muy complicado y ponen sus trabas para limitar los derechos de las personas que buscan regularizarse”.

El procedimiento para realizar la solicitud por parte de la Cofepris y ante el juzgado son gratuitos. No obstante, es un trámite que requiere el acercamiento con un abogado que realice las solicitudes y entregue a las instancias encargadas; es aquí donde se requiere una inversión por parte de la parte solicitadora, por lo que el propio Víctor Meade ofrece sus servicios para quien desee iniciar un procedimiento de esta naturaleza. “Afortunadamente estoy viviendo ahora en la Ciudad de México, y las personas que se acerquen les puedo dar orientación, incluso llevarles su trámite desde acá”.

La autorización estipula, en términos generales, que el consumo se debe realizar en lugares privados y se acredita una cantidad de portación para consumo personal. Además se establece por tiempo indefinido y se queda sujeta a que la autoridad la revoque, cuando considere que se incumple con las condiciones. Víctor explicó que la portación de este permiso es una certeza y prevención para el ciudadano, pues el consumo se sigue y se seguirá haciendo, con o sin la autorización.

“Estar regularizado y tener la protección de la ley te garantiza que ya no te pueden pedir mordida los policías si te agarran, no te pueden llevar a la cárcel, porque tienes tu autorización. Que puedas poseer, transportar, consumir la cantidad de cannabis es indicador de que no se pueden meter contigo, pero siempre que respetes los lineamientos que estableció la Corte en la declaratoria”.

El acceso a este procedimiento, según Meade, es prácticamente para todo ciudadano mayor de 18 años que esté interesado, “en aras de que el consumo de cannabis sea regular, que el gobierno no siga criminalizando a las personas que deciden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

EL SISTEMA BUSCA EVITAR QUE SE TRAMITEN

Victor Meade invitó a la ciudadanía a no estigmatizar a las personas consumidoras de cannabis, y al consumidores a que se animen a regularizarse, tanto para la certeza jurídica, como una medida de presión al gobierno para que legislen sobre este tema. Para ello, ofreció su correo electrónico, para quienes deseen asesoría y comenzar a tramitar esta autorización: [email protected]

“Soy de las pocas personas en el país que tienen autorización, pero es un procedimiento muy obstaculizado y que lo diseñaron precisamente así, para que la gente diga que son muchos problemas, hay que conseguir un abogado que haga el procedimiento, etcétera. La Cofepris lo que intenta es desincentivar a las personas para que no pidan su autorización y sigan en el consumo irregular”.

Meade mencionó que ante un derecho ya establecido, no debería haber limitaciones ni obstáculos, pero esta situación se debe a que el tema de regular el consumo de cannabis no es del agrado del gobierno en turno, por que consideró que la existencia de estas trabas impuestas desde las estructuras institucionales son con la finalidad de que la gente no pueda acceder a ello. Pero enfatizó “es un derecho y tendríamos que poder ejercerlo libremente”.

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SLP tipifica la violencia vicaria como delito

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Se darán hasta 8 años de prisión a agresores

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este lunes reformas al Código Penal estatal para tipificar como delito la violencia vicaria, una forma extrema de agresión de género que utiliza a las hijas e hijos como herramientas para dañar a las mujeres. La iniciativa, promovida por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, fue avalada por unanimidad durante la sesión ordinaria del pleno.

Con la adición del Capítulo VIII “Violencia Vicaria” al Título Sexto del Código Penal y la incorporación del Artículo 207 Ter, se establece que comete este delito cualquier hombre que, con intención dolosa y de manera directa o a través de terceros, cause daño a una mujer con la que haya tenido una relación —ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato o convivencia— utilizando a sus hijos o hijas como medio para hacerlo.

Las sanciones contempladas para este delito van de dos a ocho años de prisión, además de una multa de 140 a 200 unidades de medida de actualización (UMA). También se faculta a las autoridades judiciales para aplicar otras penas complementarias, como la pérdida de la patria potestad, custodia, derechos hereditarios y pensión alimenticia, así como la prohibición de acudir a ciertos lugares. Además, el agresor deberá participar en servicios de reeducación y recibir tratamiento psicológico, sin exceder el tiempo impuesto en prisión. Cuando la violencia vicaria se comete mediante una persona intermediaria, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte.

Durante la presentación de la reforma, la diputada Hernández Ramírez subrayó que la violencia vicaria representa una de las formas más crueles y despiadadas de violencia de género

, pues busca infligir un daño emocional irreversible a la mujer atacando a lo que más ama: sus hijos e hijas. Esta forma de violencia puede manifestarse a través de la manipulación, sustracción, agresiones físicas, abuso sexual, tortura, prostitución e incluso el asesinato de menores, siendo estos también víctimas directas del agresor.

“El objetivo del agresor es destruir emocional y psicológicamente a la mujer, ejercer un dominio absoluto sobre ella y mantener una relación de poder basada en la desigualdad”, denunció la legisladora. La aprobación de esta iniciativa representa un avance histórico para el marco legal de protección a las mujeres y sus hijas e hijos en San Luis Potosí, alineándose con las demandas de colectivos feministas y expertos en derechos humanos.

Con esta medida, el Congreso del Estado busca dar respuesta a una deuda legislativa pendiente y garantizar el acceso a la justicia de mujeres que han sido invisibilizadas dentro del sistema judicial por no contar con un tipo penal específico para sancionar este tipo de violencia.

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Gobierno de El Salvador detiene a egresado de la UASLP

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Alejandro Henriquez realizaba la defensa de habitantes de “Cooperativa El Bosque”, sitio donde se pretende un desalojo; UASLP calificó la detención de “arbitraria”

Por: Redacción

Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron esta mañana a Alejandro Antonio Henriquez Flores, abogado salvadoreño, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y asesor de “Ecos El Salvador”, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente en aquel país.

De acuerdo a medios de comunicación locales, habitantes de la Cooperativa El Bosque –comunidad localizada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, La Libertad– realizaron una manifestación pacífica el día de ayer, para evitar el desalojo (considerado como ilegal) de unas 300 familias de esa zona. Sin embargo, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco líderes comunitarios de esta Cooperativa, en una detención que califican como arbitraria.

El portal Bálsamo Radio TV dio a conocer el momento en que Alejandro Henriquez fue llevado por elementos de la misma corporación, y que pudiera estar relacionado con las mismas acciones cometidas el día de ayer, luego de darse a conocer que Henriquez Flores funge como abogado de la Cooperativa en el litigio legal que sostienen, y en el que ha acompañado a las familias, presumiblemente reprimidas el día de ayer.

Junto a él, ha sido detenido el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez

.

La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitió un comunicado en el que condenó la detención del abogado, quien es egresado de este programa de estudios. Así mismo, se mostraron preocupados por el contexto de persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos, los pueblos y la tierra en El Salvador.

Habitantes de la Cooperativa El Bosque se han visto presionados ante el intento de desalojo de sus viviendas, en un proceso que consideran como fraudulento, pues se trata de un sitio con tierras fértiles y recursos hídricos. El desalojo fue decretado por mandato judicial emitido por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla con fecha límite del 22 de mayo de este mes.

Esta tarde se prevé una manifestación frente al consulado de El Salvador, ubicado en la capital de San Luis Potosí, para exigir la liberación inmediata del abogado y defensor de derechos humanos.

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¿Falta información sobre cómo votar este 2 de junio?

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El magistrado Arturo Morales aseguró que sí hay interés por participar, pero se necesita mayor claridad sobre el procedimiento

Por: Redacción

A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, el

magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Morales Silva, advirtió que existe una falta generalizada de información sobre cómo ejercer el voto, lo cual podría convertirse en un obstáculo para la participación ciudadana.

En entrevista, Morales Silva señaló que en el contacto que ha tenido con distintos sectores de la población ha detectado una preocupación recurrente respecto al número de boletas que se entregarán y el

proceso para emitir el voto de manera correcta.

existe una necesidad de que se explique un poco más cómo se va a votar. Las personas con las que he hablado coinciden en que tienen muchas dudas de cómo será el proceso el 1 de junio”, afirmó.

El magistrado explicó que cada votante recibirá seis boletas para elegir a integrantes del Poder Judicial Federal, así como por lo menos tres boletas adicionales para cargos del fuero común, lo cual representa una logística electoral más compleja de lo habitual.

Pese a ello, destacó que percibe un genuino interés ciudadano por acudir a las urnas, por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales para reforzar la difusión y orientación sobre el proceso electoral.

Si se trabaja un poco más en ese rubro, creo que las personas podrían ejercer su derecho al voto con mayor facilidad”, concluyó Morales Silva.

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