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¿Quieres tramitar un permiso para consumir marihuana? Aquí te decimos cómo
Víctor Meade es una de las 200 personas en México que ya cuentan con esta autorización, ahora ofrece su ayuda para hacer este trámite
Por: Bernardo Vera
Víctor Meade, colaborador de La Orquesta y estudiante de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es uno de los pocos ciudadanos mexicanos que ha logrado obtener una autorización emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que le permite el consumo lúdico de marihuana; un proceso que atravesó por múltiples trabas burocráticas, pero al final, con las herramientas legales para poner a prueba el sistema legal de nuestro país, logró ejercer su derecho para la portación y consumo de esta planta. Ahora Víctor ofrece su asesoría para que cualquier persona que desee tener un permiso como el suyo, pueda acceder a él.
¿POR QUÉ ES POSIBLE SOLICITAR UN PERMISO?
Víctor contó el contexto general de la situación y el hueco legal que le permitió acceder a esta alternativa, luego de la contradicción detectada en la Ley General de Salud, respecto a la prohibición absoluta del consumo de cannabis y las autorizaciones que debían ser emitidas por la Cofepris; dicho asunto escaló a la SCJN y fue expuesta en junio de 2021 por diferentes asociaciones en el país.
“A partir de que varias organizaciones empezaron a promover amparos diciendo que este artículo era inconstitucional, al final el asunto llegó a la Suprema Corte y resolvió que la prohibición absoluta al consumo de cannabis de manera lúdica era inconstitucional porque estaba violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, manifestó.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, según Meade, es el espacio de la vida privada de cada ciudadano en el que el gobierno no puede inmiscuirse, siempre que no afecte los intereses o se genere daño a otras personas. Por esta razón, aseguró, la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana fue una medida desproporcionada, y violaba el derecho de las personas a decidir cómo pasan su tiempo:
“Lo que hace la Corte es que, al ser inconstitucional que la Ley General de Salud prohíba de manera absoluta el consumo de cannabis, se da un tiempo al Congreso de la Unión para que supere la inconstitucionalidad; es decir, que eliminen la prohibición absoluta y lo permitan, como ellos quieran, pero deben quitarlo”.
Víctor narró que la SCJN le concedió un plazo al Congreso de la Unión para eliminar la prohibición absoluta, situación que no resolvió; por lo que la Corte asumió sus propias facultades de retirar artículos del ordenamiento legal, cuando consideran que son inconstitucionales. “Básicamente lo que hace la Corte es eliminar esos artículos prohibitivos de la Ley General de Salud”, apuntó.
A partir de que la SCJN emitió dicho ordenamiento, la Cofepris perdió capacidad de actuación, sin mayor remedio que acatar la disposición, para lo cual, el interesado debe presentar un escrito con base en lo dicho por la Corte. Sin embargo, la Cofepris había negado todas las solicitudes hechas para que se emitieran las autorizaciones.
“Dicha negativa es una omisión directa al mandato de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte. Entonces ¿qué haces cuando la Corte dice que sí tienes derecho, que sí te deben de expedir la autorización, pero la Cofepris no lo hace? Tienes que iniciar un procedimiento judicial ante el Poder Judicial de la Federación, se llama ‘denuncia de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad’ y esto es un proceso rápido, tiene plazos más cortos. Después de unos cuantos días, el juzgado tendrá que valorar la respuesta de la Cofepris y le ordenará que emitan la autorización que le solicitaron”.
¿CÓMO SE OBTIENE?
Víctor es actualmente una de las cerca de 200 personas en todo el país que cuentan con una autorización, y nos contó que tuvo que pasar por todo el procedimiento legal para el inicio de estos trámites. Adelantó que estos requieren paciencia de parte de la o el interesado, debido a que el propio sistema los obstruye:
“Una de las trabas es que para que puedas ir a la Cofepris a pedirles el permiso y meter la solicitud inicial, ellos te obligan a que saques una cita y solamente puedes sacar cita si tienes firma electrónica del SAT. Además, libera los horarios de vez en cuando; es muy complicado y ponen sus trabas para limitar los derechos de las personas que buscan regularizarse”. 
El procedimiento para realizar la solicitud por parte de la Cofepris y ante el juzgado son gratuitos. No obstante, es un trámite que requiere el acercamiento con un abogado que realice las solicitudes y entregue a las instancias encargadas; es aquí donde se requiere una inversión por parte de la parte solicitadora, por lo que el propio Víctor Meade ofrece sus servicios para quien desee iniciar un procedimiento de esta naturaleza. “Afortunadamente estoy viviendo ahora en la Ciudad de México, y las personas que se acerquen les puedo dar orientación, incluso llevarles su trámite desde acá”.
La autorización estipula, en términos generales, que el consumo se debe realizar en lugares privados y se acredita una cantidad de portación para consumo personal. Además se establece por tiempo indefinido y se queda sujeta a que la autoridad la revoque, cuando considere que se incumple con las condiciones. Víctor explicó que la portación de este permiso es una certeza y prevención para el ciudadano, pues el consumo se sigue y se seguirá haciendo, con o sin la autorización.
“Estar regularizado y tener la protección de la ley te garantiza que ya no te pueden pedir mordida los policías si te agarran, no te pueden llevar a la cárcel, porque tienes tu autorización. Que puedas poseer, transportar, consumir la cantidad de cannabis es indicador de que no se pueden meter contigo, pero siempre que respetes los lineamientos que estableció la Corte en la declaratoria”.
El acceso a este procedimiento, según Meade, es prácticamente para todo ciudadano mayor de 18 años que esté interesado, “en aras de que el consumo de cannabis sea regular, que el gobierno no siga criminalizando a las personas que deciden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
EL SISTEMA BUSCA EVITAR QUE SE TRAMITEN
Victor Meade invitó a la ciudadanía a no estigmatizar a las personas consumidoras de cannabis, y al consumidores a que se animen a regularizarse, tanto para la certeza jurídica, como una medida de presión al gobierno para que legislen sobre este tema. Para ello, ofreció su correo electrónico, para quienes deseen asesoría y comenzar a tramitar esta autorización: [email protected]
“Soy de las pocas personas en el país que tienen autorización, pero es un procedimiento muy obstaculizado y que lo diseñaron precisamente así, para que la gente diga que son muchos problemas, hay que conseguir un abogado que haga el procedimiento, etcétera. La Cofepris lo que intenta es desincentivar a las personas para que no pidan su autorización y sigan en el consumo irregular”.
Meade mencionó que ante un derecho ya establecido, no debería haber limitaciones ni obstáculos, pero esta situación se debe a que el tema de regular el consumo de cannabis no es del agrado del gobierno en turno, por que consideró que la existencia de estas trabas impuestas desde las estructuras institucionales son con la finalidad de que la gente no pueda acceder a ello. Pero enfatizó “es un derecho y tendríamos que poder ejercerlo libremente”.
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
También lee: Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la carretera 57: SSPC
En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios
Por: Ana G Silva
Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.
El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.
Lo que registra el INEGI
En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.
El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.
Sin tope en el mostrador
La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público
Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.
El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.
En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.
También lee: PAN propone cadena perpetua a “narcopolíticos” y vales para medicinas
Apuntes
Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:
En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.
La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.
El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.
Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.
Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.
Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.
Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.
“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.
Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?
Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.
Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.
Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.
Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.
El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.
Yo soy Jorge Saldaña.
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