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¿Quieres tramitar un permiso para consumir marihuana? Aquí te decimos cómo
Víctor Meade es una de las 200 personas en México que ya cuentan con esta autorización, ahora ofrece su ayuda para hacer este trámite
Por: Bernardo Vera
Víctor Meade, colaborador de La Orquesta y estudiante de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es uno de los pocos ciudadanos mexicanos que ha logrado obtener una autorización emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que le permite el consumo lúdico de marihuana; un proceso que atravesó por múltiples trabas burocráticas, pero al final, con las herramientas legales para poner a prueba el sistema legal de nuestro país, logró ejercer su derecho para la portación y consumo de esta planta. Ahora Víctor ofrece su asesoría para que cualquier persona que desee tener un permiso como el suyo, pueda acceder a él.
¿POR QUÉ ES POSIBLE SOLICITAR UN PERMISO?
Víctor contó el contexto general de la situación y el hueco legal que le permitió acceder a esta alternativa, luego de la contradicción detectada en la Ley General de Salud, respecto a la prohibición absoluta del consumo de cannabis y las autorizaciones que debían ser emitidas por la Cofepris; dicho asunto escaló a la SCJN y fue expuesta en junio de 2021 por diferentes asociaciones en el país.
“A partir de que varias organizaciones empezaron a promover amparos diciendo que este artículo era inconstitucional, al final el asunto llegó a la Suprema Corte y resolvió que la prohibición absoluta al consumo de cannabis de manera lúdica era inconstitucional porque estaba violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, manifestó.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, según Meade, es el espacio de la vida privada de cada ciudadano en el que el gobierno no puede inmiscuirse, siempre que no afecte los intereses o se genere daño a otras personas. Por esta razón, aseguró, la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana fue una medida desproporcionada, y violaba el derecho de las personas a decidir cómo pasan su tiempo:
“Lo que hace la Corte es que, al ser inconstitucional que la Ley General de Salud prohíba de manera absoluta el consumo de cannabis, se da un tiempo al Congreso de la Unión para que supere la inconstitucionalidad; es decir, que eliminen la prohibición absoluta y lo permitan, como ellos quieran, pero deben quitarlo”.
Víctor narró que la SCJN le concedió un plazo al Congreso de la Unión para eliminar la prohibición absoluta, situación que no resolvió; por lo que la Corte asumió sus propias facultades de retirar artículos del ordenamiento legal, cuando consideran que son inconstitucionales. “Básicamente lo que hace la Corte es eliminar esos artículos prohibitivos de la Ley General de Salud”, apuntó.
A partir de que la SCJN emitió dicho ordenamiento, la Cofepris perdió capacidad de actuación, sin mayor remedio que acatar la disposición, para lo cual, el interesado debe presentar un escrito con base en lo dicho por la Corte. Sin embargo, la Cofepris había negado todas las solicitudes hechas para que se emitieran las autorizaciones.
“Dicha negativa es una omisión directa al mandato de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte. Entonces ¿qué haces cuando la Corte dice que sí tienes derecho, que sí te deben de expedir la autorización, pero la Cofepris no lo hace? Tienes que iniciar un procedimiento judicial ante el Poder Judicial de la Federación, se llama ‘denuncia de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad’ y esto es un proceso rápido, tiene plazos más cortos. Después de unos cuantos días, el juzgado tendrá que valorar la respuesta de la Cofepris y le ordenará que emitan la autorización que le solicitaron”.
¿CÓMO SE OBTIENE?
Víctor es actualmente una de las cerca de 200 personas en todo el país que cuentan con una autorización, y nos contó que tuvo que pasar por todo el procedimiento legal para el inicio de estos trámites. Adelantó que estos requieren paciencia de parte de la o el interesado, debido a que el propio sistema los obstruye:
“Una de las trabas es que para que puedas ir a la Cofepris a pedirles el permiso y meter la solicitud inicial, ellos te obligan a que saques una cita y solamente puedes sacar cita si tienes firma electrónica del SAT. Además, libera los horarios de vez en cuando; es muy complicado y ponen sus trabas para limitar los derechos de las personas que buscan regularizarse”. 
El procedimiento para realizar la solicitud por parte de la Cofepris y ante el juzgado son gratuitos. No obstante, es un trámite que requiere el acercamiento con un abogado que realice las solicitudes y entregue a las instancias encargadas; es aquí donde se requiere una inversión por parte de la parte solicitadora, por lo que el propio Víctor Meade ofrece sus servicios para quien desee iniciar un procedimiento de esta naturaleza. “Afortunadamente estoy viviendo ahora en la Ciudad de México, y las personas que se acerquen les puedo dar orientación, incluso llevarles su trámite desde acá”.
La autorización estipula, en términos generales, que el consumo se debe realizar en lugares privados y se acredita una cantidad de portación para consumo personal. Además se establece por tiempo indefinido y se queda sujeta a que la autoridad la revoque, cuando considere que se incumple con las condiciones. Víctor explicó que la portación de este permiso es una certeza y prevención para el ciudadano, pues el consumo se sigue y se seguirá haciendo, con o sin la autorización.
“Estar regularizado y tener la protección de la ley te garantiza que ya no te pueden pedir mordida los policías si te agarran, no te pueden llevar a la cárcel, porque tienes tu autorización. Que puedas poseer, transportar, consumir la cantidad de cannabis es indicador de que no se pueden meter contigo, pero siempre que respetes los lineamientos que estableció la Corte en la declaratoria”.
El acceso a este procedimiento, según Meade, es prácticamente para todo ciudadano mayor de 18 años que esté interesado, “en aras de que el consumo de cannabis sea regular, que el gobierno no siga criminalizando a las personas que deciden ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
EL SISTEMA BUSCA EVITAR QUE SE TRAMITEN
Victor Meade invitó a la ciudadanía a no estigmatizar a las personas consumidoras de cannabis, y al consumidores a que se animen a regularizarse, tanto para la certeza jurídica, como una medida de presión al gobierno para que legislen sobre este tema. Para ello, ofreció su correo electrónico, para quienes deseen asesoría y comenzar a tramitar esta autorización: [email protected]
“Soy de las pocas personas en el país que tienen autorización, pero es un procedimiento muy obstaculizado y que lo diseñaron precisamente así, para que la gente diga que son muchos problemas, hay que conseguir un abogado que haga el procedimiento, etcétera. La Cofepris lo que intenta es desincentivar a las personas para que no pidan su autorización y sigan en el consumo irregular”.
Meade mencionó que ante un derecho ya establecido, no debería haber limitaciones ni obstáculos, pero esta situación se debe a que el tema de regular el consumo de cannabis no es del agrado del gobierno en turno, por que consideró que la existencia de estas trabas impuestas desde las estructuras institucionales son con la finalidad de que la gente no pueda acceder a ello. Pero enfatizó “es un derecho y tendríamos que poder ejercerlo libremente”.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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