septiembre 25, 2026

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Estado

¿Quiénes quieren gobernar Rioverde?

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La quinta ciudad más importante de San Luis Potosí es una de las pocas en el país en las que el PAN no hará alianza con el PRI

Por: Itzel Márquez

Rioverde es la quinta ciudad más grande y el nodo que une a la zona media y metropolitana con la Huasteca. Siempre ha tenido una fuerte presencia del PAN, a tal punto que actualmente es gobernador por este partido y es de los pocos municipios en el que los blanquiazules no irán dentro de la coalición “Sí por San Luis”.

A continuación te presentamos los perfiles de los y las candidatas que buscarán suceder a José Ramón Torres García:

Marcela Quevedo (Juntos Haremos Historia)

-Es diseñadora industrial.
-Gestora cultural ha impulsado diversos programas e iniciativas ciudadanas en Rioverde.
-En 2018 fue parte de la lista de mayoría relativa en la planilla encabezada por Arnulfo Urbiola Román con el PRI.
-Su labor como artista la ha llevado a colaborar con diferentes marcas, la más relevante fue su intervención con KIA para la promoción de su automóvil Río.
-Hace un mes fue demandada ante el Ceepac por realizar actos anticipados de campaña el pasado 31 de marzo al repartir pacas de alfalfa en las comunidades Angostura y Progreso.

Arnulfo Urbiola (Sí por San Luis: PRI, CP y PRD)

-Postulado por segunda vez para la alcaldía de Rioverde, la anterior fue desde el PRI.
-Fue coordinador del mando único policial en la Zona Media del Estado de San Luis Potosí
-En febrero de este año, la Fiscalía General de la República solicitó congelar sus cuentas por presunta comisión de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
-Se desempeñó como director de Planeación y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado.


-Laboró como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Zona Media.

Sergio Gama Dufour (PAN)

-Estudió ingeniería en agronomía.
-Es miembro del CDE del PAN, en donde ha ocupado cargos como: secretario de finanzas y tesorero.
-Fue presidente de la Coparmex entre 2004 y 2006.
-Entre 2007 y 2009 se desempeñó como presidente municipal de Rioverde.
-De 2009 a 2012 fue diputado federal por el principio de mayoría relativa desde el PAN.

Teté Gamez (Movimiento Ciudadano)

-Es parte de la empresa “Jalapeños Grill” en Rioverde.

Honorio García Palomares (Fuerza por México)

-Se había registrado como precandidato en Morena, pero al no conseguir la nominación migró de partido.
-Es profesor.
-Ha entregado una maceta en cada comunidad que visita y “quien la recibe se compromete a cuidarla con honestidad, compromiso, trabajo y responsabilidad”.

Ana Rosa Márquez Jiménez (Partido Encuentro Solidario)

-Sin información

Gabriela Cabrera Ibarra (Nueva Alianza)

-Es licenciada en educación preescolar

Dolores Guadalupe (Morena)

-Es maestra
-Coordinadora de la carrera de Administración de la UASLP.

Juan Salazar “El Rioverdense” (Redes Sociales Progresistas)

-Es cantante.
-En 2017 fue acusado de supuesto acoso sexual por la youtuber “Gomita”.
-Ganó el concurso Tengo Talento, Mucho Talento en Hollywood.

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Estado

Retener cadáveres en hospitales o funerarias podría costar hasta 6 años de cárcel

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La comisión argumenta que la práctica afecta la dignidad y el bienestar de las familias que esperan el cuerpo de un ser querido

Por: Redacción

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal, para incrementar las sanciones contra directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, así como funerarias, que retarden o nieguen la entrega de un cadáver.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la comisión, explicó que la pena actual —de tres meses a dos años de prisión— subiría a un rango de dos a seis años para quienes cometan esta conducta.

“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas […] para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido”, dijo.

En la exposición de motivos se señala que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende en gran medida la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.

El dictamen se turnará ahora al pleno del Congreso para su votación.

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Estado

Gobierno impulsa actividades de reinsersión social

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Más de mil personas privadas de la libertad participaron labores remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en diversas áreas

 

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer una reinserción social efectiva.

Como parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, además de la entrega de 754 certificados de primaria y secundaria. A ello se sumaron 91 mil 170 servicios médicos y la participación de más de mil 500 personas en actividades deportivas.

 

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Estado

Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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