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¿Quién debe sustituir a “Chiquilín” al frente del Archivo Histórico?
Ricardo García, ex director, apuntó que se debe buscar un perfil de archivista, pues el área está “patas para arriba”
Por: Ana G Silva
Rafael Aguilar Fuentes, mejor conocido como “El Chiquilín”, fue cesado de su cargo como director del Archivo Histórico, esto luego de ser detenido por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí tras conducir en estado de ebriedad y agredir a una agente. Al momento, no hay información de quién podría sustituirlo; sin embargo, Ricardo García, ex dirigente de esta área, habló de cómo debería ser su sustituto.
Ricardo García destacó que el encargado del Archivo Histórico, más que un investigador, debe ser un archivista, pues aseguró que existe desorden que requiere de atención:
“Como investigador he ido y me dan otro documento de otra sección que no corresponde, he trabajado toda la vida en los escribanos, lo que ahora son los notarios, y pido un protocolo o parte de un protocolo y me llevan una causa, entonces todo indica que está patas para arriba”.
El ex director del Archivo indicó que apelará para que se nombre a un archivista de calidad. Agregó que se debe cuidar la seguridad, pues existe robo de documentos: “a veces es peligroso llevar investigadores, porque puede caer en la tentación de llevarse documentos”.
García sugirió que la elección del nuevo director se haga mediante un concurso para seleccionar al mejor perfil, en donde intervenga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e investigadores del Colegio de San Luis:
“Antiguamente en el Archivo había un cuerpo de consejeros, ya desaparecieron todos, la directora que estuvo anteriormente (Flor de María Salazar Mendoza) desconoció al consejo, entonces ahora nadie asesora u opina y se necesitan esas opiniones de los investigadores”.
García destacó que propondría a Rafael Morales, ex director de Archivo Histórico, pues consideró que es el perfil más apto para ocupar el puesto por su experiencia administrativa y de investigación: “Él nos puso en cintura a todos y nos mostró cómo se debe dirigir el Archivo”.
Ricardo García destacó que Rafael Aguilar, el poco tiempo que estuvo al frente, tuvo buenas intenciones, no obstante, no conocía la prioridad del lugar que era poner en orden: “fui a visitarlo y me di cuenta que le faltaba demasiada experiencia archivística, como a mí. Quería hacer eventos culturales y no está mal si te ponen al frente del Centro de las Artes, pero la prioridad del Archivo es establecer los documentos en orden, entonces estaba en otra onda”.
El investigador destacó que el nuevo director de esta dependencia debe buscar presupuesto para invertir en mejores instalaciones, equipo y personal capacitado en cada área.
Finalmente, a la pregunta de si él estaría interesado en el puesto, respondió: “Ya no tengo energía para meter en cintura a tanta gente, voy para los 80 años, estaría dispuesto a ayudar provisionalmente, pero cuando fui director llegué en esa condición porque María Isabel Monrroy se fue al Colsan y duré 5 años, así que, tal vez, no lo haría”, concluyó.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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