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¿Quién debe ser el secretario o secretaria de Cultura con Gallardo?
Hablamos con integrantes del Centro Universitario de las Artes para conocer su opinión sobre el posible nombramiento de Juan Carlos Machinena
Por: Itzel Márquez
Ricardo Gallardo, gobernador electo, anunció la semana pasada que tiene algunos posibles perfiles para ocupar la Secretaría de Cultura, entre los que destacó a Juan Carlos Machinena Morales, ex candidato de FXM y delegado con licencia del Centro INAH. La Orquesta consultó con Óscar Montero, director de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y Claudia Rodríguez, docente del Centro Universitario de las Artes (Cuart) para conocer su opinión sobre qué tipo de funcionario debería colocarse en la dependencia.
“Estoy sin duda seguro de que este cargo debe ocuparlo quien sea profundamente conocedor del arte potosino, el cual está constituido por egresados de escuelas del estado, pero también por autodidactas y artistas indígenas; alguien que tenga gran sensibilidad y que realmente se preocupe por el quehacer del artista y no solo por el vestido o la corbata que usarán”, mencionó Óscar.
Por su parte, Claudia dijo que quien esté al frente de la Secretaría de Cultura debería ser alguien interesado en el desarrollo de la calidad y la oferta artística tanto a nivel formativo como en difusión, pues afirmó que, a veces quienes están en el puesto prefieren invitar a personas externas y no apoyar al talento potosino.
Sobre la posibilidad de que Juan Carlos Machinena ocupe este cargo, Óscar Montero prefirió no opinar y se limitó a decir: “lo que más le afecta al arte son los rumores, por ello creo que mejor nos quedamos con las características que debe tener, sin mencionar nombres”.
Por su parte, Claudia Rodríguez externó su opinión: “no he escuchado hablar de él en el medio artístico, por lo cual podría decir que no tiene que ver con el sector, no es una persona conocida o que nos conozca ni que tenga un verdadero interés, es más la oportunidad política”; además, la artista mencionó a dos personas que podrían ocupar este cargo: “el primero sería Eudoro Fonseca, quien nos conoce perfectamente, se interesa en la trayectoria de las personas, tiene buena memoria pues nos reconoce y puedes verlo observando una función de danza como dando clase; la segunda persona es Dolores Lastras, 
Otro punto importante fue conocer lo que creen los artistas que hace falta a la Secretaría de Cultura para hacer más estrecha su relación con la sociedad potosina, a lo cual Óscar respondió que lo primero sería “adelgazar el grupo de burócratas culturales que han hecho mucho daño y sobre todo que se sienten a escuchar a los artistas, a conocer sus problemas”; Claudia coincidió en la necesidad de una estrecha vinculación entre la Secretaría de Cultura y la comunidad artística.
Finalmente, en cuanto a las expectativas de los artistas del nuevo gobierno, mencionaron:
“Creo que al ser un gobernador electo joven creo que tiene esa posibilidad de ver a los jóvenes, cuando estuvo en Soledad, más allá de los dimes y diretes que se hablan y señalan, creo que vemos su historia y escuchaba a los jóvenes, llevaba conciertos, hacía actividades de cine y eso habla de que escuchaba a la gente y había una cercanía; necesitamos un secretario de cultura como Francisco Toledo, fue promotor cultural, editaba libros, era activista, acudía a las marchas, ese es el ideal”, dijo Óscar.
“Las expectativas son que realmente se vea que el sector cultural o artístico es parte de la economía de la sociedad, tmb n generamos un producto interno bruto y que se vea como un nicho de oportunidad, que se potencien las capacidades formativas y creativas, porque eso podría generar más movimiento económico en la sociedad y turismo cultural, nos están dejando de lado y no ven importancia del sector”, recalcó Claudia.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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