Estado
¿Qué cambió en el Código Penal de SLP con la despenalización del aborto?
La colectiva Marea Verde destacó que aún quedan cuatro pendientes en materia de salud para que se complete dicho derecho
Por: Redacción
El pasado jueves 7 de noviembre se logró un histórico avance para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí con la reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Del artículo 148 se eliminó el primer párrafo; y las fracciones I y II se modifica la III fracción y se agrega una fracción IV, en donde se reconoce a las personas gestantes como sujetas y beneficiarias de esta norma. Es decir elimina las sanciones corporales que iban de tres a ocho años de prisión y económicas que varían desde los trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la fracción III del artículo antes señalado, se expone que comete el delito de aborto “Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional. Esta conducta será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
En el caso de la fracción IV, que se agrega, esta establece que comete el delito de aborto “La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo”, apunta que esta conducta será sancionada con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado”.
Los cambios en el artículo 149 eliminan las sanciones que se estipulaban para el profesionista de la medicina o persona partera que causara el aborto a una mujer, que se establecían de tres a ocho años de cárcel y la suspensión de su ejercicio profesional hasta por cinco años.
En el artículo 150, donde se establecían los casos en los que no se perseguiría el delito de aborto, se agrega el reconocimiento de las personas gestantes en la primera fracción, donde también se establece que son causales excluyentes de este delito cuando el aborto “Sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante” (aborto espontáneo) y cuando “El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos”. 
Sin embargo, la reciente reforma al Código Penal no contempló todas las causales excluyentes de responsabilidad penal para quienes aborten después de las doce semanas de gestación. La reforma actual únicamente considera como eximentes los casos en que no haya una conducta culposa de la mujer o persona gestante, como en los abortos espontáneos, situaciones de violación o inseminación indebida. Esto deja fuera otras causales más progresivas que se aplican en los códigos penales de estados como Michoacán y la Ciudad de México, donde el aborto después de la semana 12 también es permitido si, por ejemplo, hubo dilación del personal de salud en atender la solicitud de interrupción del embarazo en el plazo establecido, en casos de extrema precariedad, o cuando exista riesgo de vida para la mujer o persona gestante a causa del embarazo.
Las colectivas externaron que el camino para acceder al derecho del aborto en condiciones de libertad, seguridad y dignidad para las mujeres y personas gestantes en nuestro estado no ha terminado.
El Frente Marea Verde apuntaron que dicho logro de las mujeres organizadas deberá reforzarse con modificaciones a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en los siguientes aspectos:
- Reconocimiento de las personas gestantes como sujetas de protección en materia de salud por parte del Estado.
- La obligatoriedad del Estado de brindar acceso al aborto seguro en los plazos establecidos en el Código Penal estatal, así como de brindar información relacionada con el aborto como método seguro de planificación familiar.
- La obligatoriedad del Estado de mantener la atención materno infantil y de personas gestantes como prioridad.
- La responsabilidad del Estado de otorgar servicios de salud reproductiva que comprendan la posibilidad y acceso al aborto; y de promover políticas públicas tendientes a la educación y capacitación en materia de salud sexual, derechos reprodcutivos, anticoncepción, maternidad y paternidad responsables focalizada para adolescentes y jóvenes.
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Instalarán bahía de taxis autorizados en la Fenahuap donde operarán conductores certificados por la SCT
Por: Redacción
Con el objetivo de prevenir incrementos indebidos en tarifas durante la temporada vacacional, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, anunció medidas especiales de supervisión en distintos puntos del estado.
En el caso de Ciudad Valles, particularmente durante la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), se instalará una bahía de taxis autorizados a las afueras del recinto.
La funcionaria explicó que en este punto operarán únicamente conductores previamente certificados por la dependencia, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y tarifas justas.
“Recomendamos a los usuarios tomar su taxi en esta bahía para evitar abusos”, señaló.
En la capital potosina, añadió, se reforzarán los operativos de inspección y se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el servicio.
Para ello, la SCT puso a disposición el número de atención ciudadana 444 487 7096, donde se podrán reportar cobros excesivos u otras malas prácticas.
Martínez Acosta destacó que recientemente se capacitó y certificó a un grupo de taxistas que buscan mejorar la calidad del servicio, al tiempo que advirtió que se aplicarán sanciones más severas a quienes reincidan en irregularidades.
“Le estamos apostando a quienes quieren hacer bien las cosas, y aplicaremos sanciones determinantes a quienes persistan en malas prácticas”, afirmó.
Finalmente, indicó que se solicitará el apoyo de la Policía Vial para retirar a unidades —tanto particulares como de transporte público— que operen en sitios no autorizados, como ocurre en zonas como La Alameda en la capital.
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Más de 100 unidades médicas ya fueron formalizadas; el proceso busca integrar completamente el sistema estatal al modelo federal de atención
Cynthia Mariana Guerrero Hernández, subdirectora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, informó que continúa el proceso de transferencia de unidades médicas al modelo federal de atención encabezado por IMSS Bienestar, como parte de la reestructura del sistema de salud para población sin seguridad social.
En entrevista, explicó que este proceso deriva del convenio de coordinación firmado en agosto de 2023, mediante el cual se busca que las instituciones de salud que anteriormente operaban bajo el estado pasen a ser propiedad y estén bajo la operación directa del esquema federal.
Guerrero Hernández detalló que de un total de 218 unidades médicas que estaban a cargo de los Servicios de Salud, 100 ya cuentan con título de propiedad a favor de IMSS Bienestar, lo que representa un avance significativo en la consolidación del nuevo modelo.
Además, señaló que recientemente se gestionó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí la donación de cuatro centros de salud más, Los Pocitos, Rotario, Ciudad Fernández y San Miguel. Estos casos forman parte de los asuntos abordados en la sesión legislativa, en apego a la Ley de Bienes del Estado.
La funcionaria confirmó que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” ya fue incorporado al modelo, al contar con un título de propiedad formalizado a favor de IMSS Bienestar
Sobre el impacto para la ciudadanía, Guerrero Hernández aclaró que la transición no implica la suspensión ni modificación del acceso a los servicios médicos. “La población continuará recibiendo atención de manera normal; lo que cambia es la operatividad, que ahora está a cargo de IMSS Bienestar”, explicó.
En ese sentido, subrayó que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí mantiene la rectoría de la política pública en materia de salud, por lo que seguirá supervisando y garantizando la calidad de los servicios.
Finalmente, la funcionaria indicó que continúan las gestiones para completar la transferencia total de las unidades médicas, con el objetivo de que todas cuenten con certeza jurídica y operen de manera regularizada dentro del sistema federal.
Aseguró que tanto autoridades estatales como federales trabajan de forma coordinada para garantizar que el servicio médico se mantenga sin interrupciones y con calidad para la población potosina.
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El galardón se otorgó por su trabajo como activista a favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia vicaria
Por: Redacción
El Congreso del Estado entregó el Reconocimiento “Matilde Cabrera Ipiña de Corsi”, a Carla Ress García, quien se ha destacado como activista a favor de los derechos de las mujeres, y ha sido voz en la lucha contra la violencia vicaria, trabajando para impulsar reformas legales en la materia.
La diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó la importancia de este reconocimiento a la labor de Carla Ress como representante estatal del Frente Nacional de Violencia Vicaria, visibilizando la violencia que viven las mujeres, y de la cual ella también fue víctima, y que ha brindado acompañamiento a otras mujeres víctimas en nuestro estado, y a nivel nacional.
“En el mes de marzo, donde se visibiliza la lucha de las mujeres, esta Legislatura reconoce el trabajo de Carla Ress, que ha vivido en carne propia la violencia vicaria y que se ha dedicado a acompañar a las víctimas; esta Legislatura visibilizó esta lucha e hicimos posible reformas legales para la protección de las mujeres”.
En su intervención, la activista señaló que hasta este marzo del 2026, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria suma a nivel nacional a 5 mil 266 mujeres víctimas de violencia vicaria, con más de 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes que viven este tipo de violencias.
Señaló que de ellos, solo 116 menores de edad han sido recuperados y han regresado con sus madres, “ese dato duele pero también nos recuerda que todavía hay mucho por hacer, muchas infancias que recuperar y muchas madres a las que debemos apoyar”.
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