La propuesta fue turnada a las comisiones de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos

Por: Redacción

El colectivo ILE de San Luis Potosí presentó el pasado 1 de junio la propuesta para impulsar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. El día de ayer ya fue presentada al pleno en la sesión ordinaria 71, y será turnada a la Comisión de Justicia, Asistencia Social y Derechos Humanos.

La iniciativa indica que la Secretaría de Salud del Estado deberá facilitar los servicios necesarios para la interrupción del embarazo en forma gratuita y universal; agrega que las propias instituciones de salud del Gobierno del Estado tendrán que atender a todas las mujeres solicitantes, sin importar que cuenten con servicios de salud públicos o privados.

Integrantes del colectivo afirmaron que cuando la mujer decida practicar la interrupción del embarazó, la institución deberá de atender la solicitud en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de que esta sea presentada, además de agregar que es de importancia que la práctica clínica de la interrupción del embarazo atienda los derechos humanos de las mujeres, como la no discriminación y confidencialidad de sus datos personales.

La propuesta aborda la definición del aborto ilegal como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación con distintas penas

, siendo estas: A la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otra persona la haga abortar se le impondrá una pena de seis a nueve meses de prisión y una sanción pecuniaria de 100 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Señalaron que en este caso, el delito sólo se sancionará cuando haya sido consumado.

El colectivo señaló que de igual forma, dentro de la iniciativa se considera que, a quien hiciera abortar a una mujer con el consentimiento de la misma, la pena impuesta sería en igual medida que la anterior pero solo hasta 100 UMAs, así como crear el delito de aborto forzado en cualquier momento de la gestación cuando no exista el consentimiento de la mujer embarazada, adicionando un excluyente de responsabilidad penal cuando existan casos de alteraciones genéticas que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del producto y sería requerido el consentimiento de la mujer.

La propuesta en caso de ser aprobada pasará al pleno posteriormente para su votación.

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