La supervisión integral permite ubicar mejoras clave en infraestructura hídrica y sanitaria para garantizar el servicio a miles de familias

Por: Redacción

Bajo la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de asegurar el acceso al agua potable y saneamiento, la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizó un recorrido en la cabecera municipal de El Naranjo para evaluar el funcionamiento del sistema que atiende a más de 18 mil habitantes, como parte de un impulso sin límites que fortalece los servicios básicos.

Durante la visita, encabezada por el titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, junto con el organismo operador Sistema Integral de Agua Potable y Saneamiento (SINPAS), se revisaron puntos clave del sistema. En el tanque elevado Obrera se identificaron trabajos necesarios para mejorar el abasto en colonias como Plan de San Luis e Infonavit.

Posteriormente, en la zona de la cascada El Meco, se detectó la necesidad de rehabilitar alrededor de 300 metros de la línea de conducción

El recorrido también incluyó el cárcamo de bombeo en el ejido Sabinito Plan, donde se planteó modernizar la infraestructura para optimizar su operación. Finalmente, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Bahía, se confirmó que permanece fuera de servicio, por lo que se dará prioridad a su reactivación para evitar afectaciones ambientales y proteger la salud de la población.

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Se propone un esquema de pago cruzado para reducir deudas y dar certeza a la continuidad de los servicios de agua

Por: Redacción

El Organismo Operador de Agua Potable Interapas, informa que restablecerá una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado para acordar un esquema que permita saldar las deudas que tienen entre sí.

Interapas reconoce un adeudo al mes de marzo de 284.46 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua (CEA), por el tratamiento de aguas residuales.

Por otro lado, dependencias del Gobierno del Estado deben a Interapas 229.48 millones de pesos

Ante esta situación, ambas partes buscan aplicar un mecanismo de compensación. Esto significa que una parte de la deuda se pagará “cruzando” lo que cada uno debe, en lugar de hacer todos los pagos por separado.

Con este acuerdo, se espera reducir las deudas y facilitar la continuidad de los servicios de agua.

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La propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas

Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de las víctimas indirectas de feminicidio, la diputada Dulcelina Sánchez De Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en concordancia con la Ley General de Víctimas y el Protocolo Spotlight.

La legisladora señaló que, la propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas, mediante el acceso a educación, salud y sustento.

Además señaló que la iniciativa contempla reformas y adiciones a los artículos 135, 135 Bis y 135 Ter del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en los que se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de precisar que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada de oficio, bajo el protocolo especializado en feminicidio.

Asimismo, se detallan las circunstancias que configuran razones de género, entre ellas la existencia de relaciones de parentesco, afecto, laborales, docentes o de confianza entre la víctima y el agresor

La legisladora Dulcelina Sánchez, indicó que esta propuesta además busca incorporar el concepto de feminicidio en grado de tentativa, cuando se realicen actos encaminados a privar de la vida a una mujer por razones de género, sin que el delito se consuma por causas ajenas a la voluntad del agresor.

En lo referente al artículo 135 Ter, se establece que en toda sentencia condenatoria por feminicidio, el juzgador deberá garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo el pago de indemnización y gastos funerarios, acceso gratuito y permanente a servicios de salud mental y atención médica especializada, así como mecanismos que aseguren el sustento alimenticio y educativo de las hijas e hijos menores de edad o con discapacidad.

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