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¿Por qué no hay paridad de género en los cargos de la UASLP?
En las consejerías los hombres tienen 140% más representación que las mujeres; Urenda Navarro pide una reforma a los estatutos universitarios
Por: Ana G Silva
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) celebró el fin su elección de consejeros y consejeras alumnos y alumnas, quienes representarán al estudiantado de las diferentes facultades y escuelas de la institución durante el periodo 2023-2025. De ese proceso resultaron electos doce hombres y cinco mujeres, esto significa que los hombres tendrán un 140% más representación ante el Consejo Directivo Universitario (CDU). La Orquesta conversó con Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de los Derechos Universitarios en la institución, para conocer su opinión sobre la falta de paridad y si la universidad tiene planeado implementar políticas para abatir esa brecha.
Navarro Sánchez explicó que el que no existiera paridad en el proceso de la elección de las consejerías estudiantiles y de maestras (o) obedece a que no hay una reforma estatutaria que garantice de manera puntual que en las postulaciones se recurra a las fórmulas paritarias, sobre todo en facultades en donde la ocasión anterior haya sido ocupada la vacante por un hombre, pues solo existe una “medida afirmativa”, mediante la cual las candidaturas deben tener a una mujer como titular de la misma o como suplente para cumplir el criterio de cuota, lo que deja a los grupos políticos decidir en qué posición estarán las mujeres, esto ocasiona que regularmente les den las suplencias.
Urenda Queletzú consideró que hay resistencia a la participación de las mujeres en todas las instancias, pues “se sigue creyendo que no se cuenta con las capacidades para participar, que es una acción errónea y bastante regresiva en términos de derechos humanos”.
La funcionaria universitaria declaró que todas las instituciones, incluida la UASLP, tienen que avanzar en el sentido de integrar de manera más efectiva a las mujeres, pues “no bastan las cuotas, ya que por sí mismas no garantizan que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones”.
La defensora de los Derechos Universitarios comentó que lo que ya se ha hecho en las pasadas elecciones fue una solicitud expresa de candidatear solo mujeres como medida afirmativa, aunque en esta ocasión, no se presentaron estas fórmulas. Añadió que es necesario que se proponga al Consejo Directivo Universitario una reforma estatutaria, en los términos de que se garanticen las representaciones de consejeras y consejeros , la paridad en los cargos, que en consecuencia, también se tendrían que replantear las convocatorias para que no sea por cuotas, y necesariamente tendrían que ser la fórmula mujer-mujer y viceversa.
“Se tiene que transitar a un nivel institucional de que el principio de paridad no sea sólo una medida afirmativa, sino que se integre de manera formal hasta en tanto se garantice la participación efectiva y las mujeres en los espacios de toma de decisiones”.
Urenda manifestó que en el escenario nacional ya es una obligación la paridad en materia de administración pública, tanto local como federal, con sus excepciones, es decir, que todos los cargos de representación se rigen bajo el principio de paridad, sin embargo, a nivel organizacional, como en la integración de gabinetes no es paritarios; señaló que ese sería el siguiente proceso:
“Que no nada más sean los cargos de elección o de representación, sino que sean también aquellos que forman parte de la Administración Pública, que las mujeres formen parte de los de la integración de los gabinetes, es decir de los equipos de trabajo de quienes suelen llegar a los cargos de representación”.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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