Estado
Piden castigar el ciberacoso con hasta 4 años de cárcel en SLP
Además de castigar el ciberacoso, la iniciativa de la diputada Paola Arreola pretende fortalecer las sanciones contra personas que difundan imágenes de una persona desnuda sin su consentimiento
Por: Redacción
La diputada Paola Alejandra Arreola Nieto presentará una iniciativa de Ley que propone reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí para tipificar como delito el ciberacoso sexual.
Destacó que la propuesta de reforma al artículo 187, plantea establecer que comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, divulgue, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
La legisladora puntualizó que este delito se sancionará con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de trecientos días del valor de la unidad de medida de actualización.
Además, se aumentaría la sanción pecuniaria y la pena privativa de la libertad, cuando: “El delito sea cometido por el cónyuge o por persona que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia, y la víctima fuese menor de edad, o persona con discapacidad”.
Expuso que en la adición del artículo 187 Bis, también se propone que a quien sin consentimiento de la víctima, obtenga de dispositivos móviles o de almacenamiento físico o virtual, cualquier imagen, video, textos o audios, de contenido íntimo o erótico sexual, se le impondrá de tres a seis años de prisión. “187 Ter. Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas en el presente capítulo, se aumentarán en dos terceras partes”, agregó.
Dijo que, de aprobarse la iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, se impondrá de cuatro a siete años de prisión, a quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, divulgue, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
Además, precisó que en la adición al artículo 187 Sextus, se establecería que “Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en los artículos anteriores”.
Por último, la legisladora Paola Arreola, precisó que la adición del artículo 187 Septimus, se propone que “si la persona agresora fuese servidor público, y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta”.
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Se busca que las campañas de gobernador, alcaldes y diputados duren lo mismo, tiempo en el que se celebrarían los debates correspondientes
Por: Redacción
La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral para que las campañas electorales para la gubernatura del estado, así como para las diputaciones y ayuntamientos, tengan una duración de 45 días.
Asimismo, señala que en materia de debates, es obligatoria la realización de por lo menos dos entre todos los candidatos o candidatas a la Gubernatura del Estado, y uno entre los candidatos o candidatas por cada distrito.
La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece actualmente una duración diferenciada de las campañas electorales: 60 días para la elección de la Gubernatura y 40 días para diputaciones y ayuntamientos.
La congresista explicó que la iniciativa parte de una premisa constitucionalmente valida: la eficacia democrática de una campaña no depende exclusivamente de su extensión temporal, sino de que el tiempo previsto sea suficiente, proporcional y funcional para cumplir sus fines constitucionales. 
Añadió que la reforma privilegia calidad deliberativa sobre duración excesiva, optimización del gasto electoral y racionalidad institucional,
Esta iniciativa no invade atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues no modifica topes de gasto; fiscalización; financiamiento ni facultades administrativas del órgano electoral. La reforma incide exclusivamente en una definición legislativa sobre duración de campañas.
“No se trata de un argumento de reducción presupuestal, sino de racionalidad institucional. La duración de campañas debe ser suficiente para cumplir sus fines, sin extender temporalidades mayores a las necesarias”, puntualizó.
La propuesta se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.
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Destaca a nivel nacional por su diversificación productiva y fortalecimiento de infraestructura, impulsando inversión y empleo
Por: Redacción
Con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar la competitividad, la inversión y el desarrollo regional, el estudio de Situación Sectorial México 2026 posicionó a San Luis Potosí como una de las entidades con mayor avance entre las economías estatales, al registrar un crecimiento del 3.6 por ciento en la actividad económica durante el primer trimestre de 2026, además de escalar del lugar 16 al 15 en el PIB Estatal a nivel nacional, superando a entidades como Tabasco.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que este avance sostenido se sustenta en factores clave como la gobernabilidad, la seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura, la atracción de nuevas inversiones, el impulso a sectores estratégicos y la coordinación efectiva entre los distintos niveles de Gobierno, lo que permite consolidar un entorno favorable
El fortalecimiento de la seguridad pública y la gobernabilidad generan confianza en inversionistas nacionales e internacionales, posicionando al Estado como un destino atractivo. Este dinamismo se apoya en una base productiva diversificada en sectores como servicios, manufactura y comercio, así como en una estructura exportadora sólida que permitió a la entidad crecer 13.7 por ciento en 2025, destacando junto a Estados como Zacatecas y Yucatán.
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Una iniciativa presentada en el Congreso local implicaría poner en manos del gobierno estatal el filtro definitivo para que cualquier aspirante pueda inscribirse, o no, al proceso electoral de 2027
Por: Redacción
Una iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés este martes ante el Congreso de San Luis Potosí busca obligar a todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— a aprobar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos, en el marco del proceso electoral rumbo a 2027.
La propuesta, añadida de último momento al orden del día, establece que ningún partido político podrá registrar candidaturas si los aspirantes no cuentan con una certificación de integridad y confiabilidad expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, trámite que cada interesado deberá gestionar por cuenta propia.
En contexto, el Centro de Evaluación, si bien es un organismo público desconcentrado, depende directamente de la Secretaría General de Gobierno del poder ejecutivo estatal.
Las evaluaciones comprenderían pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y un análisis del entorno socioeconómico, similares a las que se aplican actualmente al personal de seguridad pública. La certificación se integraría como requisito obligatorio en el proceso de registro de candidaturas.
La iniciativa presenta además una limitación de fondo: la autoridad electoral únicamente verificaría la existencia del documento, sin facultades para revisar los resultados ni emitir juicio sobre la elegibilidad del aspirante, ya que los contenidos tendrían carácter confidencial. En la práctica, el filtro operaría sin que los órganos electorales puedan evaluar lo que arrojaron las pruebas.
El diputado Serrano Cortés sustentó la propuesta bajo el concepto de autodefensa constitucional, argumentando que el marco jurídico puede establecer condiciones para evitar la infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos. De aprobarse, la reforma entraría en vigor de inmediato tras su publicación, con un plazo de 90 días para que el Centro de Evaluación emita lineamientos y el CEEPAC ajuste su normativa rumbo al proceso electoral de 2027.
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