Estado
Personas encarceladas injustamente podrían ser indemnizadas
Se pagarían hasta 63 mil pesos por año
Por: Redacción
Este miércoles nueve de marzo, el presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 45 BIS al Código Penal del Estado, el cual establece que se deberá indemnizar con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o con violaciones al debido proceso.
La iniciativa plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de esta indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado, la financiación de este fondo deberá ser considerado en la propuesta de Presupuesto de Egresos que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.
La indemnización correspondería a cinco mil 186.1 pesos por mes y 63 mil 097.55 pesos por cada año que el sentenciado haya pasado tras las rejas, el cobro de esta indemnización no anulará la posibilidad de que el sentenciado emprenda acciones legales en contra del Estado o sus funcionarios.
Esta propuesta reconoce que la cantidad de indemnización es insuficiente para la magnitud del daño provocado a estas personas, pero ayudará a que puedan retomar el ritmo de su vida social, familiar y productiva y a fortalecer su proceso de reinserción social y confianza personal.
El derecho de una indemnización a personas que han sido encarceladas injustamente ya es reconocido en constituciones y leyes de países como: Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España; así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Esta iniciativa de ley ya había sido presentada el 18 de mayo de 2015, durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, por el propio José Mario de la Garza; sin embargo, nunca fue atendida por los legisladores.
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Estado
Adriana “N” es vinculada a proceso por caso de huachicol fiscal
La empresaria, capturada en San Luis Potosí por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la detención de Adriana “N”, en San Luis Potosí, por su presunta vinculación con el caso de Ernesto “N” y el huachicol fiscal.
Fue detenida el pasado 17 de julio en la capital potosina durante un operativo federal. La Fiscalía General de la República (FGR) la identifica como accionista y representante legal de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con operaciones en la Zona Industrial de San Luis Potosí, y la señala como presunta integrante de la estructura empresarial utilizada para importar combustibles de manera irregular.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización habría importado combustibles declarando únicamente una parte del volumen real para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante una red integrada por empresarios, agentes aduanales y representantes de diversas compañías.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México negó conceder la suspensión solicitada por la defensa de Adriana “N”, al considerar que los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por los que es investigada ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la Ley de Amparo.
La jueza fijó para el próximo 28 de julio la audiencia en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva solicitada por la defensa. Paralelamente, un juez de control federal continúa la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Adriana “N”, Ernesto “N” y los demás imputados.
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Ciudad
Guardia Civil de Pozos se capacita por nuevas reformas al Código Penal
Además de fortalecer las capacidades operativas, en la capacitación se proporcionaron herramientas para que policías orienten a la ciudadanía
Por: Redacción
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos participaron en una capacitación sobre las recientes reformas al Código Penal que permiten investigar de oficio este ilícito.
El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que la capacitación fue impartida por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, quienes acudieron a las instalaciones de la Comandancia Magueyes para brindar a las y los elementos los conocimientos necesarios sobre la aplicación de las modificaciones legales y los nuevos procedimientos de actuación.
Explicó que, como parte de la estrategia impulsada por la Federación, se instruyó a los elementos a recabar la mayor cantidad de información posible para fortalecer el trabajo de los grupos de inteligencia, con el propósito de evolucionar de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia policial, mediante la generación y análisis de datos que permitan prevenir e investigar este tipo de delitos con mayor eficacia.
Además de fortalecer las capacidades operativas de la corporación, durante la capacitación se proporcionaron herramientas para que las y los policías orienten a la ciudadanía y al sector comercial sobre las nuevas disposiciones legales, las medidas de prevención y la forma adecuada de actuar en caso de ser víctimas de una extorsión; información que será incorporada a los operativos y acciones preventivas que desarrolla la Guardia Civil Municipal como parte de las actividades para fortalecer la seguridad en Villa de Pozos.
Estado
Congreso de SLP aprueba reforma para prevenir la adicción digital en menores
La modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deberán implementar estrategias para proteger la salud mental infantil frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí para fortalecer la protección de la salud mental de menores de edad ante los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales.
La iniciativa, presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, establece que las autoridades estatales y municipales deberán desarrollar estrategias de prevención, detección y atención de riesgos asociados al uso intensivo de la tecnología, entre ellos la adicción digital.
Entre las acciones contempladas se encuentran campañas de concientización dirigidas a madres, padres de familia, docentes y estudiantes , así como la elaboración de protocolos que promuevan un uso equilibrado de las herramientas digitales.
En la exposición de motivos del dictamen se advierte que el uso de pantallas como herramienta para entretener o distraer a niñas y niños pequeños puede representar riesgos para su salud mental, por lo que la reforma busca incorporar este tema al marco de protección integral de los derechos de la infancia en la entidad.
Con la modificación, las autoridades educativas, de salud, seguridad pública y de protección de niñas, niños y adolescentes deberán implementar medidas orientadas a prevenir los efectos negativos derivados del uso excesivo de dispositivos digitales y promover hábitos tecnológicos saludables.
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