Estado
Personas encarceladas injustamente podrían ser indemnizadas
Se pagarían hasta 63 mil pesos por año
Por: Redacción
Este miércoles nueve de marzo, el presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 45 BIS al Código Penal del Estado, el cual establece que se deberá indemnizar con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o con violaciones al debido proceso.
La iniciativa plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de esta indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado, la financiación de este fondo deberá ser considerado en la propuesta de Presupuesto de Egresos que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.
La indemnización correspondería a cinco mil 186.1 pesos por mes y 63 mil 097.55 pesos por cada año que el sentenciado haya pasado tras las rejas, el cobro de esta indemnización no anulará la posibilidad de que el sentenciado emprenda acciones legales en contra del Estado o sus funcionarios.
Esta propuesta reconoce que la cantidad de indemnización es insuficiente para la magnitud del daño provocado a estas personas, pero ayudará a que puedan retomar el ritmo de su vida social, familiar y productiva y a fortalecer su proceso de reinserción social y confianza personal.
El derecho de una indemnización a personas que han sido encarceladas injustamente ya es reconocido en constituciones y leyes de países como: Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España; así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Esta iniciativa de ley ya había sido presentada el 18 de mayo de 2015, durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, por el propio José Mario de la Garza; sin embargo, nunca fue atendida por los legisladores.
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Congreso del Estado
Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio
El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.
La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.
Qué se agrega
Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.
También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.
Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.
Cuál es la pena
El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.
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Estado
Gobierno presenta a Canaco estrategias de seguridad y desarrollo económico
Según el Gobierno del Estado, los empresarios reconocieron que las acciones favorecen la actividad comercial
Por: Redacción
Funcionarios del Gobierno del Estado presentaron ante el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) las estrategias y resultados de la administración en seguridad, infraestructura y desarrollo económico.
En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández; el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, y el presidente de la Canaco-Servytur, Mauricio Mahbub Tamez.
Los funcionarios expusieron las herramientas tecnológicas
, las inversiones en equipamiento e infraestructura policial y las capacidades operativas que forman parte de la estrategia de seguridad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como los resultados de la coordinación con la federación.De acuerdo con el Gobierno del Estado, los representantes empresariales reconocieron que estas acciones contribuyen a generar condiciones para el crecimiento económico y la actividad comercial. Los tres secretarios reiteraron su disposición de mantener comunicación con la cámara, compartir información sobre las estrategias en marcha y atender sus planteamientos.
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Ayuntamiento de SLP
Galindo celebra que la Corte invalide precampañas de 20 días
Llamó a los diputados a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado para reducir a 20 días las precampañas a la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos.
Galindo consideró que la decisión de las ministras y ministros representa un regreso al orden democrático. Dijo que la modificación no estuvo sustentada en criterios de racionalidad y que pudo afectar las condiciones de competencia electoral rumbo a 2027.
“Pena ajena”
“Me da un poco de pena ajena que otra vez, de nueva cuenta, la Corte le enmiende la plana al Congreso del Estado”, expresó. Señaló que no es la primera vez que decisiones del Poder Legislativo local son corregidas por instancias constitucionales.
Lo que resolvió la Corte
La SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley Electoral potosina que fijaba precampañas de 20 días. Con la resolución se restituyen los periodos de 40 días
para la gubernatura y de 25 para diputaciones y ayuntamientos. Antes, en septiembre, la Corte ya había anulado la alternancia de género a la gubernatura, otra parte de la misma reforma.Preguntas al Congreso
Galindo cuestionó qué justificación había para reducir los tiempos de precampaña y a quién beneficiaba esa modificación. Con base en eso, dijo que la resolución de la Corte restablece condiciones democráticas en el estado.
Llamado a los diputados
Sostuvo que el Congreso local ha dejado mucho que desear y llamó a sus integrantes a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones y mejorar su desempeño.
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