Estado
Personas encarceladas injustamente podrían ser indemnizadas
Se pagarían hasta 63 mil pesos por año
Por: Redacción
Este miércoles nueve de marzo, el presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 45 BIS al Código Penal del Estado, el cual establece que se deberá indemnizar con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o con violaciones al debido proceso.
La iniciativa plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de esta indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado, la financiación de este fondo deberá ser considerado en la propuesta de Presupuesto de Egresos que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.
La indemnización correspondería a cinco mil 186.1 pesos por mes y 63 mil 097.55 pesos por cada año que el sentenciado haya pasado tras las rejas, el cobro de esta indemnización no anulará la posibilidad de que el sentenciado emprenda acciones legales en contra del Estado o sus funcionarios.
Esta propuesta reconoce que la cantidad de indemnización es insuficiente para la magnitud del daño provocado a estas personas, pero ayudará a que puedan retomar el ritmo de su vida social, familiar y productiva y a fortalecer su proceso de reinserción social y confianza personal.
El derecho de una indemnización a personas que han sido encarceladas injustamente ya es reconocido en constituciones y leyes de países como: Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España; así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Esta iniciativa de ley ya había sido presentada el 18 de mayo de 2015, durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, por el propio José Mario de la Garza; sin embargo, nunca fue atendida por los legisladores.
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Estado
“Son 30 años”: Gallardo sobre la Herencia Maldita
El gobernador del estado respondió tras destaparse un nuevo caso de corrupción de administraciones anteriores en la Universidad Politécnica
Por: Bernardo Vera
Nestor Garza, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), denunció hace unos días que durante administraciones pasadas se cobraban certificaciones por hasta 5 mil pesos a los alumnos; una práctica que redituaba a personas externas a esta Universidad por alrededor de 9 millones de pesos.
Ante este nuevo caso de corrupción que involucra a la llamada “Herencia Maldita”, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mostró indignado, pues este periodo abarcó tres décadas y varias administraciones, por lo que será difícil de calcular en dónde más puede volver a aparecer otro caso.
“Son treinta años, háganle cuentas. Está en todos lados”.
El mandatario estatal aseguró que ningún ex gobernador o funcionario público ha quedado fuera de las investigaciones. Esto, tras cuestionarle el caso de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, que cuenta con una ficha roja por la Interpol.
“Nadie se ha liberado de denuncias. Siguen en transcurso y la Fiscalía es la que nos tiene que dar un informe”, aseveró.
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Destacadas
Justicia en SLP, en crisis por elecciones
Jueces y personal administrativo optaron por la jubilación, lo que ha afectado la impartición de justicia, manifestó Arturo Morales Silva
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, reconoció que la institución atraviesa una situación crítica debido al proceso de elecciones de jueces y magistrados, lo que ha generado retrasos en los juzgados y afectaciones en la impartición de justicia.
“El Poder Judicial ahorita está pasando por una situación crítica derivado del mismo entorno de las elecciones. Como ustedes saben, con motivo de todo este procedimiento, casi el 50% de los jueces optó por la jubilación. Como estamos en ese proceso de elecciones, el Consejo de la Judicatura no puede emitir una convocatoria para seleccionar nuevos jueces. Por lo tanto, tenemos ausencia de jueces“, explicó Morales Silva.
El magistrado señaló que este problema no solo afecta a los jueces, sino también al personal administrativo, ya que secretarios de acuerdo, proyectistas e incluso capturistas han solicitado su jubilación. Esto ha incrementado la carga de trabajo de los empleados restantes y ha complicado el servicio que prestan.
En cuanto a los recursos para el pago de jubilaciones, Morales Silva informó que se han solicitado los fondos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y que confía en que serán proporcionados . “Son aproximadamente entre 20 y 25 espacios de jueces los que se espera cubrir una vez que se realicen las elecciones en septiembre”, detalló.
A pesar de la falta de jueces, el magistrado aclaró que el servicio judicial sigue operando gracias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que permite que los secretarios de acuerdos asuman la función de jueces de manera provisional. Sin embargo, reconoció que esta medida implica una doble carga de trabajo para los secretarios, quienes deben desempeñar ambas funciones.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si las campañas electorales podrían afectar el desempeño de los jueces que buscan un cargo, Morales Silva enfatizó que “quienes decidan seguir prestando servicio lo tienen que hacer al 100%. No podrían distraerse de sus funciones“.
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Destacadas
¿Qué cubre el seguro para alumnos de educación básica en SLP?
El gobernador anunció que alumnos de kinder, primaria y secundaria contarán con este beneficio; cubrirá desde fracturas hasta una posible reparación del daño
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí anunció que desde este primero de marzo, alumnas y alumnos de los planteles de nivel básico podrán acceder a un seguro de gastos médicos, para atender percances que puedan surgir en estos planteles.
El mandatario estatal aseguró que en las instituciones privadas, esta prestación se paga por hasta siete u ocho mil pesos, por lo que a partir de ahora se contará con esta cobertura en las instituciones de educación pública.
Gallardo Cardona mencionó que estos servicios podrán cubrir desde una fractura y podrían llegar hasta la prestación de servicios funerarios y la reparación del daño , en caso de que así lo requieran.
“Cada incidente tiene una valoración, si es por fractura son 25 mil pesos, por ejemplo; dependiendo el accidente que tengan es lo que cubre. Si hay niños que tienen una pérdida de vida total, cubre toda la reparación del daño en temas legales y sobre todo funerarios“, aseguró.
Finalmente, Gallardo Cardona dijo que en su totalidad serán 513 mil niñas y niños beneficiados, a los que cada año se les renovará su poliza. Además que se invertirán más de 100 millones de pesos en este programa.
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