Congreso del Estado
Pérdida de la patria protestad por violencia familiar, propone diputada
La iniciativa de Martha Patricia Aradillas contempla que la medida también aplique cuando exista vinculación a proceso por los delitos de feminicidio y violencia vicaria
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó ante el pleno del Poder Legislativo, la iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de San Luis Potosí determinando que la patria potestad se perderá cuando exista auto de vinculación a proceso o tentativa por el delito de violencia familiar, vinculación a proceso o tentativa por el delito de feminicidio y cuando se acredite que se ha cometido violencia vicaria.
La legisladora dijo que a nivel nacional la violencia familiar aumentó un 15.3% en 2021 en comparación con 2020, con un total de 253 mil 739 denuncias por este delito, mientras que en San Luis Potosí cerró el 2021 con 9 mil 034 denuncias por violencia familiar.
También indicó que según los datos arrojados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se recibieron 24 denuncias por el delito de feminicidio, 58 por homicidio doloso 55 por homicidio culposo; así como mil 788 por lesiones dolosas, y 186 por lesiones culposas.
La iniciativa de reforma que fue presentada plantea reformar a las fracciones, II, y III del artículo 291, y fracción VI del artículo 296 y adiciones al artículo 291 la fracción IV, 293 fracción VIII y al 296 fracción VII al Código Civil para el Estado de San Luis Potosí. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para ser analizada, discutida y dictaminada
La legisladora comentó que, “podemos mencionar que, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la protección al desarrollo familiar, además de que establece que el Estado velará el interés superior de la niñez, garantizando sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.
Martha Patricia Aradillas explicó que en las llamadas de emergencia al 911 destacan 15 mil 571 llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar, 3 mil 565 relacionadas con violencia contra la mujer, 158 relacionadas con incidentes de abuso sexual, 181 relacionadas con acoso u hostigamiento sexual, 82 relacionadas con violación 82, y 2 mil 901 relacionadas con violencia de pareja.
La Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí establece que, “la Violencia familiar es el uso de la fuerza física o moral, o las omisiones que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica, sexual, o las tres, independientemente de que pueda producir o no lesiones, y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato, y que tiene por efecto causar un daño”.
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Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.
La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.
De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.
Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.
La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.
Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.
El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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Congreso del Estado
Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado
Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro
Por: Redacción
Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.
El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.
La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.
En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas
Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.
El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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