La dirigente de la organización defensora de derechos políticos de las mujeres asegura que llegarán hasta las últimas instancias para evitar que se apodere de la diputación plurinominal

Por: Karina González

Lourdes Moreno Estrada, presidenta de Samalou A.C., afirmó que tras el recurso de revisión que solicitó Óscar Vera Fábregat para poder continuar como legislador y quitar la candidatura que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) le otorgó a María Elena Ramírez y que afecta a otras dos diputadas virtuales, María Elena Ramírez y Marcela García Vázquez, tendrá una respuesta legal del los colectivos feministas en San Luis Potosí y emprenderán un procedimiento sancionador por violencia política de género.

Con este recurso de inconformidad que presentó Óscar Vera, actual diputado local, de resultar procedente, el Partido Acción Nacional sería acreedor de una diputación más por la vía plurinominal, alterando la asignación del Ceepac y dejando a Morena sin su cuarta posición plurinominal, lo que dejaría fuera a Marcela García Vázquez, única mujer feminista dentro de la legislatura potosina que entraría en funciones en septiembre de este año.

Lourdes Moreno indicó que no es la primera vez que el actual diputado y dirigente del Partido Conciencia Popular comete violencia en contra de las mujeres y señaló que recurrirán a los recursos de revisión en cuanto a las resoluciones que emita el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí en este tema y de ser favorable para Óscar Vera, los colectivos feministas acudirán a los tribunales de la Sala Monterre y.

La activista enumeró tres elementos que dijo, “son suficientes” para considerar que existe violencia política de género en el sentido de que las posiciones que Vera Fabregat intenta mover son de mujeres, pero también, dijo, al haber entre ellas una mujer indígena, Bernarda Reyes, sería una doble vulneración a sus derechos humanos y políticos. Además, dijo, de mantener la candidatura de Reyes sería la primer mujer indígena en el Congreso del Estado “y que se estén poniendo trabas para que llegue, claramente es violencia política de género y podrían considerarse racismo y discriminación en contra de ella” afirmó.

Otro de los elementos que dijo Lourdes Moreno es que la candidatura de Marcela García, por Morena, sería una garantía para que la agenda feminista tenga representación en el Legislativo, pues es una reconocida activista por los derechos de las mujeres “nosotras no vamos a dar un paso atrás en el momento que a ella le quiten la candidatura para dársela a un diputado que lleva años perpetuando prácticas endomáticas y patriarcales”, opinó.

El tercer punto, dijo, la violencia política en razón de género que se ejerce en contra de María Elena Ramírez, quien tras militar 18 años en el Partido Conciencia Popular y tener una relación laboral de subordinación con el presidente del partido, Óscar Vera y que la la candidata a la segunda posición de representación proporcional le sea arrebatada por el propio dirigente y que además le quite también a la militancia los espacios de participación ciudadana en la vida política “para él poder seguir conservando su curul que ya considera su patrimonio”, es un claro ejemplo de violencia política en razón de género, explicó.

Finalmente, la activista Lourdes Moreno especuló que esta situación podría ser un previo acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Conciencia Popular para hacer estos movimientos con los que ganarían posiciones ambos partidos y podrían hacer un equilibrio en la toma de decisiones en el Congreso del Estado.

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