El diputado de Movimiento Ciudadano advierte que recortes de presupuesto y personal al INE podrían hacer ineficiente el proceso de evaluación para el 2027

Por: Redacción

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, se pronunció con cautela sobre la propuesta impulsada por Morena a nivel nacional para prohibir candidaturas a personas con vínculos con el crimen organizado, señalando que si bien el objetivo es positivo, el mecanismo planteado debe revisarse a fondo antes de que entre en operación.

El legislador reconoció que todo lo que contribuya a transparentar los procesos de selección de candidatos y garantizar perfiles idóneos es bienvenido. “Todo lo que ayude a tener con mayor claridad el perfil del ciudadano que se presenta a una candidatura, creo que es positivo”, señaló Gama Basarte. Sin embargo, dejó en claro que lo presentado hasta ahora puede mejorarse.

Uno de los puntos que más llamó la atención del diputado es quién será el responsable de llevar a cabo las evaluaciones. La propuesta señala que serían los consejeros nacionales del INE quienes realizarían ese proceso. Al respecto, Gama Basarte descartó que vaya a haber una mano negra en el proceso, pero pidió dar el beneficio de la duda. “No creo que, con lo que ha dicho la oposición, que es gente de Morena la que está en el INE, se preste a que hagan los palomeos. Vamos a generar el beneficio de la duda, porque todavía no está implementado”, indicó.

El legislador también levantó una bandera de alerta sobre la capacidad operativa del INE para asumir esa tarea. Recordó que el instituto ha sufrido recortes importantes de presupuesto y personal en los últimos años, por lo que cuestionó si realmente podrá evaluar de manera eficiente el volumen de candidatos que se presentarán en el proceso electoral de 2027. “Cuántos candidatos habrá en el 2027 y si realmente alcanza con las reducciones que han hecho de personal y de presupuesto para el INE, tal vez no sea muy eficiente el mecanismo que están presentando”, advirtió.

Gama Basarte concluyó que cada partido político deberá definir una postura muy clara respecto a la forma en que el INE instrumente el mecanismo, y llamó a esperar a que la propuesta quede formalmente presentada antes de emitir un juicio definitivo. “Hay que revisarlo a fondo ya que quede formalmente presentado”, sentenció.

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La Fiscalía General del Estado aparece como la dependencia contra la que se han emitido más quejas

Por: Redacción

En información publicada por El Sol de San Luis, de enero a abril del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió más de 150 denuncias contra distintos organismos gubernamentales e instituciones educativas, según datos de la Plataforma Estatal de Transparencia.

En ese lapso, se registraron un total de 152 quejas, con el mes de abril siendo donde más se presentaron con 63. En enero hubo 26, bajaron en febrero con 21 y volvieron a subir en marzo con 42, antes de alcanzar su pico en el cuarto mes.

La Fiscalía General del Estado fue la que más denuncias registró, siendo éstas principalmente por amenazas, detenciones arbitrarias, retrasos injustificados en procesos y negativa a recibir denuncias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también recibió varias acusaciones en su contra por maltratos durante las detenciones, ejercicio de la fuerza excesiva y apropiación ilícita de bienes.

Interapas fue objeto de múltiples inconformidades por cobros injustificados del servicio del agua, la suspensión del mismo y deficiencias en la atención a la población.

En cuanto a las instituciones educativas, se efectuaron múltiples señalamientos contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por ignorar casos de acoso, maltrato estudiantil y discriminación.

Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, reconoció que, al menos en el tema de la educación, las entidades sí han mostrado voluntad para corregir estas situaciones, citando específicamente a la SEGE y al Cobach

Por otro lado, también se efectuaron denuncias en contra de ayuntamientos como los de Tamazunchale, Ciudad Valles, Xilitla y Soledad, reclamando principalmente omisión a solicitudes ciudadanas y actos administrativos sin sustento.

Argüelles Moreno reveló que emitieron varias recomendaciones a estas dependencias, con una de ellas siendo dirigida al Gobierno de Tamazunchale, recalcando que buscan atender estas situaciones teniendo como pilar la prevención

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La dependencia aseguró que la maestra demandante no pertenecía a la plantilla oficial y que había sido contratada por la Asociación de Padres de Familia

Por: Redacción

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aclaró que el embargo ejecutado en la primaria “Lic. Antero G. González” de Ciudad Valles no fue en contra de la dependencia estatal, sino derivado de un conflicto laboral entre una docente de inglés y la Asociación de Padres de Familia del plantel.

A través de un comunicado oficial, la SEGE explicó que la maestra que promovió la demanda laboral “no formaba parte de la plantilla laboral adscrita a la dependencia”, ya que había sido contratada directamente por la Asociación de Padres de Familia y posteriormente no se le renovó el contrato.

La dependencia estatal precisó que el procedimiento fue resuelto por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles,

La aclaración surge luego de que trascendiera públicamente el embargo de diversos bienes dentro de la escuela primaria, situación que generó confusión sobre una posible responsabilidad directa de la SEGE en el conflicto laboral.

En el posicionamiento, la dependencia reiteró que se mantiene ajena al proceso legal y sostuvo que continuará trabajando en favor de los derechos laborales de las y los docentes que sí forman parte de su plantilla oficial.

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