Se tendrá una amplia participación de mujeres del estado

Por: Redacción 

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura, aprobó la lista de las 30 mujeres que van a participar en el Primer Parlamento de Mujeres Jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que llevará el nombre de “La Joven de Amajac”, y que se desarrollará, el próximo día 25 de noviembre del presente año.

 La diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, informó que luego de analizar y discutir sobre los perfiles de las 40 mujeres que se registraron de acuerdo a la convocatoria previamente establecida y difundida por las vías oficiales del Poder Legislativo, se aprobaron a las 30 mujeres que estarán participando.

La temática para participar es: Mujeres, seguridad y justicia; Derechos humanos de las mujeres; Mujeres en la participación política y liderazgo; Mujeres buscadoras; Economía y mundo laboral: persistencia de los techos de cristal; Pueblos originarios y desigualdad; Acciones por la salud de las mujeres; Desarrollo económico para la igualdad; Mujeres y niñas con discapacidad; Mujeres y el uso de las TIC´S. (Tecnologías de la Información y la Comunicación); El papel de la mujer en el desarrollo sostenible; Mujeres en la ciencia; Mujeres en el arte y la cultura; Las mujeres en el deporte; Innovación en políticas públicas con perspectiva de género; Mujer y juventud; Mujeres y migración; y Mujeres cuidadoras.

Destacó que el objetivo del Parlamento de Mujeres Jóvenes del Estado, es crear un foro abierto donde las mujeres entre 18 y 29 años de edad cumplidos pueda exponer, discutir y analizar la situación de las mujeres jóvenes, y en el cual se incorporen sus propuestas en una agenda legislativa ciudadana.

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, aprobó el registro de Juana Iveth Zúñiga Castillo, Gloria Hernández Hernández, Claudia Santiago García, Indira Guadalupe Medina Guevara, Odalys Jacaranday Salas Alvizo, Marissa Jonguitud Hernández, Arantxa Viera Delfin, Marisol Torres Morales, Fátima Luna Romo, Fernanda Elizabeth Mejía Rivas.

Así como; Fátima Guadalupe Velázquez Romo, Ana Sofía Álvarez Cárdenas, Selene Guadalupe Monjaras Álvarez, Mayra Itzayana Turrubiartes Amaro, Nuria Leticia Turrubiartes Amaro, Gabriela Sayuri Lainez Alvineda, Ana Lorena Martínez Salais, Brenda Rocío Hernández Tomas, Kenia Mayahuetl Juárez Montejano, Anja Von Der Meden Klein (Mujer Autista).

Karla Gabriela Sánchez Ornelas, Sofía Medina Rodríguez, Mabel Yoselin Coronado Quiroz, Itzel Saavedra Quijano, Verónica Guadalupe Tinajero Castillo, María de Jesús Martínez Luna, Josselyn villarreal Zaragoza, Mildred Zurisadai Puebla Rojas, Anel Paulina Martínez Cruz, Heidy Carey Vargas Santiago.

Cabe destacar que, en el primer parlamento de Mujeres Jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que llevará el nombre de “La Joven de Amajac”, participarán mujeres originarias de los municipios de; Cárdenas, Tamazunchale, Tampamolón, Ciudad Valles, Matehuala, La Capital, Cerritos, Mexquitc, Matlapa, Soledad, Charcas, Río Verde y Tanquian.

María García Cázares informó que podría solicitar el retiro de la alerta en los municipios donde aún se mantiene activa

Por: Redacción

Según información publicada por Astrolabio, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), explicó que esta adecuación forma parte de los compromisos pendientes que el estado debía cumplir ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a fin de acreditar avances sustantivos en la atención de la violencia feminicida.

La Alerta de Violencia de Género fue declarada en el estado en 2017 para seis municipios: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale. Sin embargo, en 2024 la Conavim autorizó el levantamiento de la alerta en tres de ellos: Tamazunchale, Tamuín y Matehuala, luego de que acreditaron avances en las acciones institucionales y en la disminución de riesgos para las mujeres.

Actualmente, la medida sigue vigente en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, municipios donde persisten altos índices de violencia contra las mujeres

La fiscal aseguró que el nuevo protocolo de feminicidios busca atender esas deficiencias al garantizar investigaciones con perspectiva de género y evitar la revictimización.

No obstante, organizaciones civiles como la Red de Mujeres de San Luis Potosí y la colectiva Nosotras Voces de Alerta han advertido que la eliminación de la AVGM no debe convertirse en una meta política ni en un trámite administrativo.

Recordaron que la violencia feminicida no ha desaparecido, y que el levantamiento de la alerta debe sustentarse en resultados verificables, no sólo en informes internos. En lo que va del año, la Fiscalía ha reconocido el registro de múltiples homicidios de mujeres con características de feminicidio, algunos aún en investigación.

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Dos tercios de los ginecólogos del IMSS se declararon objetores de conciencia; además, los medicamentos misoprostol y mifepristona aún no se han adquirido este año

Por: Redacción

A un año de que San Luis Potosí despenalizó el aborto, la realidad contradice al discurso institucional: el sistema de salud público —que por ley debe garantizar el acceso gratuito y seguro a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)— es el que menos procedimientos realiza.

De acuerdo con un informe del Frente Marea Verde SLP, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 674 abortos en la entidad, de los cuales solo 207 fueron atendidos por instituciones públicas, mientras que 467 se realizaron con acompañamiento de colectivas feministas, lo que equivale al 69% del total.

“El sistema de salud es hoy el que menos abortos realiza, aunque es el único que tiene la obligación legal de garantizarlos”, subrayó el Frente en su informe.

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí reportaron únicamente 136 casos, sin detallar en qué hospitales ocurrieron ni reconocerlos formalmente como abortos voluntarios. El IMSS contabilizó 71 procedimientos en dos unidades médicas, y el ISSSTE simplemente no entregó datos.

En contraste, las redes de acompañamiento reportaron haber asistido a casi 500 mujeres en el mismo periodo, principalmente a través de métodos farmacológicos y apoyo emocional.

Las organizaciones señalan que la objeción de conciencia sigue siendo una de las principales barreras. En la mayoría de las unidades médicas hay personal que se niega a realizar los procedimientos, y dos tercios de los ginecólogos del IMSS se declararon objetores

Aunque el presupuesto estatal destinado a la ILE se duplicó en 2025 —de 446 mil pesos a 2.2 millones—, menos de la mitad ha sido ejercido. Además, el monto para la compra de medicamentos (misoprostol y mifepristona) disminuyó de 223 mil 800 pesos a 83 mil 984, y hasta el momento los fármacos no han sido adquiridos.

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el aborto como un derecho constitucional, en San Luis Potosí el Código Penal aún lo considera un delito. Médicas y activistas advirtieron en el foro “Acceso al aborto: ¿seguro y gratuito?” que esta contradicción mantiene el riesgo de criminalización para mujeres y personas gestantes.

“La despenalización legislativa fue un avance histórico, pero no una garantía real. Sin protocolos, sin medicamentos y con miedo, el derecho sigue siendo letra muerta”, señalaron.

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