Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2026, en la localidad Estación Jaral de Berrios, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato

Por: Redacción

La Policía de Investigación (PDI) detuvo a José Manuel “N”, quien contaba con un mandamiento judicial vigente por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa, solicitado por autoridades del estado de Guanajuato.

La intervención de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) derivó de la colaboración interinstitucional con autoridades guanajuatenses, luego de obtener información sobre la posible ubicación del imputado en territorio potosino.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 4 de abril de 2026, en la localidad Estación Jaral de Berrios, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato, donde presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima.

Las indagatorias establecen que familiares de la afectada intervinieron para evitar que continuara la agresión; no obstante, cuando intentaban auxiliarla para retirarla del lugar, el señalado presuntamente tomó un machete de su vehículo y lesionó a la víctima.

Derivado de dichas lesiones, la mujer perdió la movilidad de ambas manos, además de sufrir la amputación de dos dedos de la mano izquierda, por lo que recibió atención médica especializada.

El secretario Jesús Juárez Hernández señaló que casi todos los elementos que pasan estas pruebas, pero quienes no lo hacen, pueden ser separados de sus cargos

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Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), reveló que para este año, más de mil elementos de la Guardia Civil están programados para realizar exámenes de control y confianza.

Detalló que llevarán a cabo “el paquete completo”, con lo que estarán realizando evaluaciones médicas, psicológicas, psicométricas, toxicológicas y la correspondiente prueba del polígrafo.

El secretario aseguró que en ocasiones anteriores han tenido muy buenos resultados en estas pruebas, pues la gran mayoría de los policías las pasan sin mayores problemas. Sin embargo, reconoció que sí ha habido casos de oficiales que no lo aprueban.

En cuanto a las sanciones para quienes no obtienen calificaciones satisfactorias, explicó que notifican a las direcciones para que analicen cada uno de los casos y se abra el expediente correspondiente, dándole la oportunidad al elemento de presentar su defensa.

Según la gravedad particular se determina la penalización correspondiente, y en caso de que la situación lo amerite, se da la separación del cargo.

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El exsecretario de Seduvop, acusado por el presunto desfalco de 250 millones de pesos en el proyecto Red Metro, solo tiene prohibido acercarse a la dependencia donde laboró

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La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, aclaró el estatus legal de Leopoldo Stevens Amaro, exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, luego de que circularan imágenes del exfuncionario en una fiesta: no está bajo arraigo domiciliario y desde 2023 lleva su proceso en libertad.

La fiscal explicó que Stevens Amaro fue vinculado a proceso en septiembre de 2022 por el delito de ejercicio abusivo de funcion es, derivado del presunto desfalco de 250 millones de pesos en el proyecto Red Metro

. En ese momento, el juez de control le impuso prisión domiciliaria como medida c autelar , considerando su condición de adulto mayor. Sin embargo, la defensa del exfuncionario tramitó una modificación y el juzgador la aprobó. “Hubo un cambio de medida cautelar desde 2023”, confirmó García Cázares.

La única restricción vigente que enfrenta el exsecretario es la prohibición de acercarse a las instalaciones de la Seduvop. “El exsecretario de Seduvop, Leopoldo Stevens, no se encuentra bajo arraigo domiciliario, él tiene otras medidas cautelares distintas“, remarcó la titular de la FGE.

En cuanto al fondo del asunto, García Cázares precisó que el proceso penal sigue abierto y que hasta el momento no existe resarcimiento del daño, dado que el juicio no ha concluido. La siguiente etapa es la audiencia intermedia, cuya fecha depende de la autoridad judicial. “No hay un resarcimiento del daño en virtud de que no está concluido el proceso; tendremos la audiencia intermedia al momento que lo establezca el juez“, señaló.

La fiscal subrayó que el Ministerio Público mantiene en seguimiento la carpeta de investigación y que el proceso continúa con el objetivo de garantizar la resolución de la denuncia presentada por el Gobierno del Estado.

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