Seguridad
“No vi nada raro el día que habría ocurrido la agresión sexual”: testigo de Alejandro N
La declarante también mencionó que trabajaba en la planta baja y que la oficina de Alejandro N. estaba en la planta alta, por lo que no pudo haberse percatado de lo que sucedía
Por: Redacción
El 12 de julio la defensa de Alejandro N., ex funcionario del DIF estatal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras acusado de abuso sexual, presentó la primera testigo a su favor durante el juicio que se lleva a cabo en el Centro Integral de Justicia Penal, se trata de una ex trabajador social del DIF que laboró en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM) durante el tiempo en que la víctima realizaba actividades en dicha dependencia, la cual indicó que el día de la agresión no se percato de “nada raro” en la oficina.
La testigo confirmó que conocía a Alejandro N. como su jefe directo y a la víctima; afirmó que el trato entre el acusado y el denunciante era respetuoso y cordial, además de que el menor nunca se quedó fuera de horario con el señalado. Agregó que el 14 de octubre de 2019, día en que se habría llevado a cabo una agresión sexual, ella no se percató de nada raro en las oficinas de la PDPAM.
En la contra interrogatoria del ministerio público, la testigo aclaró que, en dicha fecha, ella no subió más de una vez a la planta alta donde laboraba la víctima. Posteriormente, dijo que ella no podía haberse percatado de nada, ya que estaba en la planta baja. 
Durante la audiencia del martes se presentó también una perito en psicología de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien reafirmó el dicho de la perito en psicología que fue interrogada la semana pasada, sobre el hallazgo de señales de abuso sexual en el joven víctima de Alejandro N. Añadió que el joven señaló a Alejandro N. como su agresor y no señaló ninguna otra agresión sexual más que la que denunciaba.
Durante el contra interrogatorio, la defensa del imputado aludió a que la perito aplicó un test de comprobación de síntomas, pero no aplicó un test para revisar la veracidad del testimonio, a lo cual la perito explicó que no había condiciones para aplicar esa prueba de veracidad.
A la audiencia también asistió a declarar un integrante de la dirección General de Métodos de Investigación que realizó un acta de inspección de las oficinas del PDPAM, en la cual figuran un par de fotografías del lugar. Además se leyó integra la entrevista a un testigo que falleció en enero de 2022 y que se encargó de entregar a las autoridades el nombramiento de Alejandro N. frente a la PDPAM.
También lee: Juicio de Alejandro N continúa, y puede prolongarse aún más: FGE
Oscar Infante Muñoz, integrante de una brigada de la Comisión Nacional Forestal, señaló que el traslado en camionetas de carga representa una dificultad para el personal que combate incendios en distintos puntos del estado
Por: Redacción
Combatir incendios forestales implica enfrentar altas temperaturas, terrenos complicados y el riesgo permanente de quedar atrapado por el fuego. Sin embargo, para los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), uno de los retos comienza incluso antes de llegar a la emergencia: el transporte.
Oscar Infante Muñoz, brigadista forestal con siete años de experiencia, señaló que una de las principales necesidades de las brigadas es contar con vehículos adecuados para trasladar a todo el personal de forma segura hacia las zonas de combate.
Explicó que actualmente se movilizan en camionetas de carga sencilla, donde parte de los integrantes debe viajar en la parte trasera durante recorridos que en ocasiones son de varias horas.
“Nos gustaría más equipo, un vehículo mejor para salir y que todos los compañeros fueran adentro, porque nosotros nos transportamos en vehículos de carga sencilla; unos van afuera y otros adentro”, comentó.
Infante Muñoz indicó que la labor de un brigadista exige responsabilidad, disciplina y preparación constante debido a los riesgos que representa enfrentar incendios forestales
El combatiente recordó que uno de los incendios más complicados en los que ha participado ocurrió hace dos años en Matehuala, donde un operativo que inicialmente estaba previsto para durar unos días se extendió durante dos semanas debido a la rápida propagación del fuego.
Aseguró que en aquella ocasión el peligro fue tal que su brigada estuvo a punto de quedar atrapada entre las llamas y tuvo que ser auxiliada mediante un helicóptero tras refugiarse en una zona elevada.
Las brigadas forestales de la Conafor atienden incendios en diversas regiones de San Luis Potosí durante la temporada crítica, labor que requiere no sólo capacitación y experiencia, sino también condiciones adecuadas de equipamiento y movilidad para reducir los riesgos durante las operaciones.
También lee: Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi
En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El predio se ubica sobre Circuito Potosí, a la altura de San Juanico el Grande; en el operativo participaron la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil Estatal
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de alrededor de 174 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en un predio ubicado al norte de la capital potosina, sobre Circuito Potosí, a la altura de la localidad de San Juanico el Grande.
De acuerdo con la dependencia, el hallazgo derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el ingreso y salida frecuente de pipas y carrotanques en el inmueble, utilizado presuntamente para cargar y descargar combustible.
La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del Ministerio Público Federal, encabezó el operativo conjunto con la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal
En el lugar se localizaron una pipa con 27 mil litros de diésel, dos tractocamiones con tanques de 63,500 y 67,000 litros del mismo combustible, un depósito horizontal con 16,500 litros adicionales, un tanque con 4,000 litros de urea, un módulo despachador y una bomba de doble manguera con el logo de Pemex, además de equipos de cómputo y documentación diversa.
Las autoridades también aseguraron 102 vehículos de distintas características —entre pipas vacías, plataformas, cajas secas y dollys— y el inmueble, que operaba aparentemente como oficinas. El caso continúa bajo investigación federal por posesión, comercialización y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
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