Congreso del Estado
Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años
La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.
De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.
Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.
Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.
En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.
Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica
Por: Redacción
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona, para sustituir a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) por el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS) como autoridad encargada de ejecutar el Decreto Legislativo No. 410 de 2005, para dar certeza jurídica a lotes de personas de escasos recursos en Matehuala.
De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica y de armonización normativa, que no modifica el contenido sustantivo del decreto original, pero corrige la autoridad competente para permitir la conclusión efectiva de los procesos y evitar vicios legales, informó el presidente de la Comisión, diputado Héctor Serrano Cortés.
Se mantienen intactos: la superficie, lotificación, registro y elementos técnicos del decreto original; se incorporan disposiciones para concluir trámites pendientes de regularización y escrituración; se atienden casos de sucesiones (beneficiarios fallecidos), transmisión de posesión y diversas situaciones no previstas.
Congreso del Estado
Congreso busca autonomía financiera como derecho de mujeres víctimas de violencia
El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia
Por: Redacción
Con el objetivo de incorporar la autonomía financiera como derecho y como eje de acción programática, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
La iniciativa propone establecer que las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.
La legisladora indicó que esta propuesta responde a una re alidad concreta
El fortalecimiento de l a autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia, ya que estudios recientes han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor
Agrega que experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Esto no solo mejora su calidad de vida, también tiene efectos positivos en sus familias y comunidades.
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La inclusión de las mujeres rurales en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, y mejorar la seguridad alimentaria: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
Con el objetivo de garantizar que el Poder Ejecutivo incorpore un enfoque de igualdad de género en el sector pecuario, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, aprobó la reforma a la Ley de Ganadería del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta busca asegurar que las mujeres dedicadas a la actividad pecuaria, particularmente en zonas rurales, cuenten con un acceso equitativo a recursos, proyectos productivos y programas de impulso al campo.
Al respecto, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, promovente de la iniciativa, señaló que la incorporación de la perspectiva de género en esta legislación no responde a una tendencia discursiva, sino a una realidad social que exige acciones concretas para fortalecer el desarrollo rural.
Dijo que, “la omisión de este enfoque limita el potencial del sector, al mantener en condiciones de desventaja estructural a una de sus fuerzas productivas más importantes, como lo son las mujeres”.
Expuso que como parte del dictamen, se plantea la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 9º, así como la adición de la fracción IX al mismo artículo y la incorporación del artículo 37 BIS.
Durante la sesión de trabajo, la legisladora destacó que, integrar la perspectiva de género
Asimismo, subrayó que el Estado debe actuar ante las evidencias de desigualdad y generar condiciones materiales que permitan el ejercicio pleno de los derechos.
“Reconocer a las mujeres rurales desde un enfoque de interseccionalidad es fundamental, ya que su inclusión en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, mejorar la seguridad alimentaria, diversificar los ingresos y fortalecer la resiliencia ante situaciones de crisis”.
En la sesión estuvieron presentes el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión; la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, vicepresidenta; la diputada Nancy Jeanine García Martínez, secretaria; y el diputado Marcelino Rivera Hernández, vocal.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
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