Ciudad
Con grupos de choque, Nava evitó que le pidieran cuentas a Sebastián Pérez
Sebastián Pérez iba a comparecer ante el Cabildo capitalino por el desalojo de la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, pero grupos de choque reventaron la sesión
Por: Redacción
Dos grupos de manifestantes se enfrentaron ayer durante una sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, misma que tuvo que ser suspendida durante algunos minutos.
Mientras un bloque exigía la destitución del secretario general del gobierno navista, Sebastián Pérez García, quien presuntamente habría dado la orden de desalojar con violencia a la exoficial Teresa Carrizales de las oficinas del Registro Civil; otros acudieron a lanzar consignas en favor del alcalde Xavier Nava Palacios.
Entre los integrantes de ese contingente se encontraban algunos como Juan Antonio Rodríguez Chessani, un líder de comerciantes recientemente relacionado con el alcalde Nava Palacios.
Cuando se estaba llevando a cabo la manifestación en contra de Sebastián Pérez, el segundo grupo ingresó hasta los asientos de los integrantes del Cabildo e inició un cruce de acusaciones contra los opositores políticos de la administración navista.
El enfrentamiento provocó la suspensión de la sesión de Cabildo, así como la salida del regidor Eloy Franklin, quien fue presionado por los manifestantes para dejar el edificio.
Las puertas del Palacio Municipal fueron cerradas momentáneamente y reabiertas para reanudar la sesión que, finalmente, se llevó a cabo de manera privada por votación del cuerpo edilicio.
Ernesto Barajas Ábrego, presidente del Comité Municipal del PRD, denunció que los grupos de choque que irrumpieron en la sesión de Cabildo fueron enviados por Xavier Nava Palacios, alcalde de la capital.
Barajas Ábrego aseguró que los grupos de choque ya habían sido vistos al servicio del alcalde en otros eventos, con el propósito de agredir y golpear.
“Hay desesperación en el alcalde Nava, y por eso recurre a la violencia y a la represión, usando grupos de choque para impedir que la sociedad conozca quién dio la orden de agredir a la exoficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, el primero de julio”, señaló.
Barajas mencionó que el objetivo del alcalde capitalino es impedir la participación legal de Ana Pineda e impedir que un grupo de mujeres se manifestaran de forma pacífica a favor de la licenciada Carrizales.
“No querían que entrara la regidora (Ana Pineda), para que no pudiera implementar su punto en la orden del día, de solicitar cuentas al secretario general Sebastián Pérez, a quien se identifica como el autor intelectual 
“Esto le confirma a la gente que el alcalde no es más que un represor; esto es grave, nunca habíamos visto que dos regidores fueran expulsados por grupos de choque; esto es importante que lo revise el Congreso, el gobernador, y el presidente de la República: en la ciudad de San Luis Potosí hay ingobernabilidad”, finalizó Barajas Ábrego.
No destituyeron a Sebastián Pérez, pero prometen investigar los hechos
Luego de la interrupción de la sesión de Cabildo, el propio Xavier Nava Palacios afirmó que ningún integrante del cuerpo edilicio puede destituir al secretario general, Sebastián Pérez García.
Ante esta situación, se conformó una comisión con 14 integrantes del Cabildo para investigar los hechos, luego de que regidores panistas exigieran la destitución de Pérez García por el violento desalojo de la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales, donde presuntamente el secretario general habría dado la orden para llevar a cabo estas acciones.
“Esta comisión estará conformada por 14 miembros del Cabildo de los 18 que lo conformamos, y estamos a la espera también de ver si alguna otra regidora de las que estuvieron ausentes quiere formar parte de esta comisión, (…) no es facultad del Cabildo destituir a un funcionario, excepto al contralor con dos terceras partes de la votación, estamos en la conformación de la comisión para aclarar los hechos”, detalló Nava Palacios.
(VIDEO) Un hombre intentó suicidarse en un hotel en San Luis Potosí
La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital
Por: Redacción
Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.
Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.
Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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El servicio de agua comenzará a regularizarse gradualmente conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución
Por: Redacción
Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua potable por red en ocho colonias de la zona de influencia, informó el organismo este sábado 10 de octubre.
Las colonias beneficiadas son Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.
El organismo señaló que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en la red de distribución
Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
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Ayuntamiento de SLP
Congreso suspende carrera atlética y acusa al Ayuntamiento de negar autorización
La SSPC capitalina rechazó autorizar el cierre de calles y asignar agentes para la carrera “Un Legado a la Nación”; el oficio oficial recuerda que este tipo de eventos debe tramitarse con 15 días de anticipación.
Por: Redacción
La suspensión de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), abrió un nuevo frente político entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que el Congreso responsabilizara públicamente al gobierno capitalino de impedir la realización del evento programado para este domingo 11 de octubre.
En un comunicado, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, informó que la competencia sería suspendida temporalmente debido a la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal para autorizar el operativo vial y el cierre de calles requerido.
El Congreso destacó que más de mil personas se en contraban inscritas para participar en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, incluyendo niñas, niños, familias y atletas de alto rendimiento, y anunció que la carrera será reprogramada, posiblemente en el Parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, el propio oficio exhibido por el Congreso ofrece un elemento que no fue incluido en su comunicado.
En el documento SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el viernes 9 de octubre, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad señala que no era posible autorizar el evento ni destinar agentes al operativo debido a que ya existían servicios y dispositivos de seguridad previamente programados, entre ellos otra carrera atlética.
Además, la autoridad municipal cita expresamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí, que establece que las solicitudes para caravanas, eventos deportivos y actividades que afecten la circulación deben realizarse por escrito y con 15 días de anticipación
De acuerdo con fuentes de la SSPCM consultadas sobre el caso, la solicitud del Congreso habría sido presentada apenas unas a las 18 horas del viernes, una circunstancia que habría hecho materialmente imposible organizar cierres viales, despliegue de agentes y medidas de seguridad para una carrera de esa magnitud.
El oficio municipal no precisa la hora exacta en que fue recibida la solicitud; sin embargo, el documento sí confirma que el trámite no cumplió con el plazo de 15 días previsto en el reglamento.
Pese a ello, en su comunicado el Congreso centró el señalamiento en la “negativa” del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, sin mencionar el requisito reglamentario de anticipación ni explicar cuándo fue presentada formalmente la petición.
El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre actores del Congreso del Estado y el gobierno de la capital, por lo que la suspensión de la carrera terminó trasladándose rápidamente del terreno deportivo al de la disputa pública.
Mientras el Congreso presenta el caso como una negativa del Ayuntamiento para facilitar la realización del evento, la documentación oficial apunta a que la solicitud habría llegado fuera de los tiempos reglamentarios, cuando la Policía Vial ya tenía comprometido su personal en otros operativos.
Por ahora, el Congreso y el INPODE anunciaron que en los próximos días darán a conocer una nueva fecha y sede para la carrera.
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