Congreso del Estado
Montos y plazos definidos para el pago de participaciones a municipios: Congreso de SLP
El poder legislativo sostuvo una reunión con representantes de la Sefin par definir los parámetro a publicar a más tardar el 31 de enero
Por: Redacción
Roberto Ulises Mendoza Padrón, diputado local y presidente de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí, informó que las y los integrantes de la comisión que preside, aprobaron por unanimidad el dictamen que resuelve procedente la iniciativa para establecer los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios para el ejercicio fiscal 2023, presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.
El legislador señaló en la exposición de motivos que “el artículo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, establece que la Legislatura Estatal determina las bases, montos y plazos para la entrega de participaciones a los municipios y que deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de enero del año en que tendrá vigencia este ordenamiento”.
La asignación de las participaciones federales distribuibles entre los municipios, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, se realizará de conformidad con los coeficientes que se determinen con base en los resultados del último Censo General de Población o del Conteo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Índice Municipal de Pobreza y en proporción inversa al factor de población de cada municipio. Y el cociente de la recaudación de impuestos y derechos municipales contenida en la última cuenta pública aprobada por el Congreso del Estado, entre el gasto ejercido en el capítulo 1000.
La reunión de trabajo contó con la presencia de Javier Valencia y Alejandro Gallegos, funcionarios de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, quienes abundaron en el Fondo de Fomento Municipal, que tiene recursos federales del Ramo 28, en el que entran 37 municipios coordinados, quienes tienen convenios con el gobierno estatal para el cobro del impuesto predial y en algunos casos el agua potable.
Se trata de ayuntamientos que no tienen la infraestructura necesaria para este tipo de cobros y el estado les apoya con sus oficinas ya sea físicas o virtuales y diversos mecanismos que les facilita la recaudación; este año se incorporará Tamazunchale; dieron a conocer que, como parte de los estímulos que se aplicarán por el buen uso de las finanzas públicas, este año se condonarán las multas por requerimiento para que no hereden pasivos.
El pago de Participaciones a los municipios del Estado de San Luis Potosí, deberá aplicar con los Coeficientes de Participaciones establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, que determina la aplicación de los siguientes criterios: el 95 por ciento conforme al factor de población; el 4.0 por ciento conforme al Índice Municipal de Pobreza y el 1.0 por ciento en proporción inversa al factor de población.
Asimismo en la reunión de trabajo, se aprobó por unanimidad la iniciativa que insta a reformar el artículo 23 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui.
El artículo 23 quedó así: El Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, instrumentará con recursos del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples acciones para el fortalecimiento de la asistencia social en el Estado, a través de desayunos escolares, apoyos alimentarios y programas de asistencia social, dirigidos a la población en condiciones de pobreza extrema y marginación, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en el marco de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
En asuntos generales, la diputada Emma Idalia Saldaña informó que el H. Cuerpo de Bomberos en sus sedes de Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí, no tiene los recursos suficientes para su operación, por lo que hizo el planteamiento de analizar el caso, reunirse con autoridades como el DIF Estatal y buscar la manera de ayudar, por el servicio de gran importancia que le prestan a los ciudadanos.
Participaron en la reunión el presidente de la Comisión diputado Ulises Mendoza, así como las diputadas Emma Idalia Saldaña, Dolores Eliza García y los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Cuauhtli Fernando Badillo.
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Se sancionará con una pena de inhabilitación, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados
Por: Redacción
Con el fin de sancionar el ejercicio indebido de la profesión y ostentación de especialidades médicas no reconocidas, la reincidencia en faltas graves de atención así como la sustitución arbitraria de medicamentos prescritos, se analiza una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado.
La propuesta plantea que “este delito se sancionará con una pena de inhabilitación de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o privación en caso de reincidencia, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, bajo esta última forma de realización será perseguible por querella, y estarán obligados a la reparación de los daños por sus actos propios o de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Además de los gastos médicos y/o funerarios que en su caso resulten.
En el caso de que un médico se ost ente con una especialidad no validada l
A los responsables, encargados o empleados de una botica o farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada, por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les impondrá una pena de un mes a tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño ocasionado.
El establecimiento de protocolos claros permitirá protegera la víctima desde el primer momento y brindar certeza jurídica alpersonal escolar
Por: Redacción
La fundación internacional Granito de Arena A.C. y el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes ante casos de violencia sexual en entornos
escolares.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de cualquier persona de denunciar los delitos cometidos en contra de menores de edad. En consecuencia, resulta necesario armonizar la Ley de Educación del Estado con el marco nacional e internacional, para establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo.
El establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá protegera la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al
personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estata
a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos.
Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.
La diputada Brisseire Sánchez dijo que la lectura va más allá de ser un proceso, sino un elemento importante para la sociedad en general
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para fomentar la promoción de material de lectura para pueblos y comunidades indígenas, así como para personas con discapacidad.
Trata de una actualización de conceptos dentro de la Ley, como es el de “discapacitados” por “personas con discapacidad”, así como “etnias” por “pueblos y comunidades indígenas” y “lenguas autóctonas” por “lenguas indígenas”, lo que ayudara para una mejor compresión y aplicación de la norma, además de fortalecer lo relativo al fomento a la lectura para pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad.
En la exposición de motivos, la legisladora establece que “la lectura puede entenderse como un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito, enfrentándose a ciertas palabras, números o símbolos, que se traducen en información dentro de la mente, donde los decodifica y aprende”.
La lectura va más allá de ser un proceso, sino al contrario, es un elemento muy importante para la sociedad en general; ayudando a formar criterios, a fortalecer la identidad cultural, a promover compresión de las cosas, lidiar contra la desinformación, además de mejorar la educación y el desarrollo profesional de las personas, entre muchas otras más.
La diputada Sánchez López dijo que “la lectura resulta ser fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de quienes la practican, ayudando a las personas a experimentar diversas perspectivas y mundos; ayudando a ampliar horizontes, creando empatía y estimulando la imaginación. Lo que, para un país como México, que es rico en diversidad cultural, el promover la lectura puede ser el camino hacia la inclusión social, siendo aplicativo de la misma manera para el estado potosino”.
El hábito de la lectura, se convierte en una herramienta funcional y necesaria, debiendo estar al alcance de todas las personas, sirviendo de puente para lograr una sociedad libre, consiste y capaz en los problemas que se enfrentan día a día. Por ello, el fomento a la lectura, y los elementos que ayudan a acceder a esta, deben estar al alcance para todas las personas, en especial para los grupos vulnerables o de atención prioritaria, encontrando dentro de estos, a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y personas de pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta de reforma establece que se deben crear textos en lenguas indígenas, y braille, para su promoción, fomento y distribución entre los pueblos y comunidades indígenas, y personas con discapacidad de la Entidad; fomentar y promover, en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la creación literaria en lenguas indígenas del Estado, y buscar mecanismos de distribución para todas las zonas con población indígena de la Entidad.
La iniciativa se analiza en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la elaboración del dictamen correspondiente.
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