Congreso del Estado
Montos y plazos definidos para el pago de participaciones a municipios: Congreso de SLP
El poder legislativo sostuvo una reunión con representantes de la Sefin par definir los parámetro a publicar a más tardar el 31 de enero
Por: Redacción
Roberto Ulises Mendoza Padrón, diputado local y presidente de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí, informó que las y los integrantes de la comisión que preside, aprobaron por unanimidad el dictamen que resuelve procedente la iniciativa para establecer los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios para el ejercicio fiscal 2023, presentada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.
El legislador señaló en la exposición de motivos que “el artículo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, establece que la Legislatura Estatal determina las bases, montos y plazos para la entrega de participaciones a los municipios y que deberán de publicarse en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de enero del año en que tendrá vigencia este ordenamiento”.
La asignación de las participaciones federales distribuibles entre los municipios, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, se realizará de conformidad con los coeficientes que se determinen con base en los resultados del último Censo General de Población o del Conteo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Índice Municipal de Pobreza y en proporción inversa al factor de población de cada municipio. Y el cociente de la recaudación de impuestos y derechos municipales contenida en la última cuenta pública aprobada por el Congreso del Estado, entre el gasto ejercido en el capítulo 1000.
La reunión de trabajo contó con la presencia de Javier Valencia y Alejandro Gallegos, funcionarios de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, quienes abundaron en el Fondo de Fomento Municipal, que tiene recursos federales del Ramo 28, en el que entran 37 municipios coordinados, quienes tienen convenios con el gobierno estatal para el cobro del impuesto predial y en algunos casos el agua potable.
Se trata de ayuntamientos que no tienen la infraestructura necesaria para este tipo de cobros y el estado les apoya con sus oficinas ya sea físicas o virtuales y diversos mecanismos que les facilita la recaudación; este año se incorporará Tamazunchale; dieron a conocer que, como parte de los estímulos que se aplicarán por el buen uso de las finanzas públicas, este año se condonarán las multas por requerimiento para que no hereden pasivos.
El pago de Participaciones a los municipios del Estado de San Luis Potosí, deberá aplicar con los Coeficientes de Participaciones establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, que determina la aplicación de los siguientes criterios: el 95 por ciento conforme al factor de población; el 4.0 por ciento conforme al Índice Municipal de Pobreza y el 1.0 por ciento en proporción inversa al factor de población.
Asimismo en la reunión de trabajo, se aprobó por unanimidad la iniciativa que insta a reformar el artículo 23 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui.
El artículo 23 quedó así: El Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, instrumentará con recursos del Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples acciones para el fortalecimiento de la asistencia social en el Estado, a través de desayunos escolares, apoyos alimentarios y programas de asistencia social, dirigidos a la población en condiciones de pobreza extrema y marginación, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en el marco de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
En asuntos generales, la diputada Emma Idalia Saldaña informó que el H. Cuerpo de Bomberos en sus sedes de Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí, no tiene los recursos suficientes para su operación, por lo que hizo el planteamiento de analizar el caso, reunirse con autoridades como el DIF Estatal y buscar la manera de ayudar, por el servicio de gran importancia que le prestan a los ciudadanos.
Participaron en la reunión el presidente de la Comisión diputado Ulises Mendoza, así como las diputadas Emma Idalia Saldaña, Dolores Eliza García y los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Cuauhtli Fernando Badillo.
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Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.
La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.
De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.
Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.
La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.
Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.
El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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Congreso del Estado
Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado
Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro
Por: Redacción
Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.
El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.
La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.
En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas
Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.
El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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