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Mónica Rangel no pagó los uniformes de su campaña a gobernadora
La ex candidata de Morena fue denunciada por un proveedor al que le quedó a deber más de medio millón de pesos
Por: Redacción
Juan Carlos Ramos Saínz, dueño de Cuore Precisión Textil, demandó a Monica Rangel Martínez, ex secretaria de Salud, y a dos de sus colaboradores debido a que no le pagaron el producto que entregó, por lo que solicita un pago de 655 mil pesos, esto de acuerdo con información del diario Pulso.
Cuore Precisión Textil fue una empresa contratada en el 2020 por Mónica Rangel, cuando todavía era la titular de la Secretaría de Salud durante el sexenio de Juan Manuel Carreras. Más adelante, cuando Rangel Martínez se convirtió en candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, mantuvo a la empresa como proveedor para realizar los uniformes para la campaña.
Emmanuel Bandala Magallón, coordinador de campaña de la ex secretaria de Salud, pactó con Cuore Precisión Textil para que ellos hicieran todos los uniformes que se usaron durante la campaña de Monica Rangel, además le solicitaron que dichas compras las hicieron sin requerir una factura o la firma de un contrato de compra-venta. 
Ramos Sainz declaró que siempre entregaron a tiempo las prendas, a pesar de que a veces solicitaban los pedidos en menos de 24 horas, ante esto y por la falta de ventas durante la pandemia, recurrió en vender la máquina para bordado, lo que provocó el cierre de la empresa a finales de 2021.
El dueño de Cuore Precisión Textil aseguró que no es el único proveedor de la campaña de Mónica Rangel a los cuales no se les pagó, pues cuando iba a Morena a cobrar lo adeudado, una secretaria le dijo que durante meses desfilaron decenas de proveedores que buscaban se les pagara por servicios y productos.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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