México
Marite Hernández denunció a Ferriz de Con ante la FGR por traición a la patria
Por: Redacción
Un grupo de abogados, intelectuales, activistas y gente de la cultura presentó una denuncia penal contra Pedro Ferris de Con y en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Entre los denunciantes se encuentra la diputada potosina, Marite Hernández Correa
Lo anterior, en relación al audio que se filtró el 19 de abril del año en curso y cuyo contenido ratifica el mismo comunicador el 23 de abril, en el que hace referencias de convocar a derrocar al presidente de la república, y pedir ayuda al extranjero si es preciso, conjuntamente con un grupo de empresarios, agregando, además, que un comunicador no hace golpes de estado pero nada le encantaría más, que así sucediera; subraya que le encantaría.
Los denunciantes argumentaron “Arribar al estado democrático nos costó guerras entre hermanos. Vidas. Ríos de sangre. Escenas de barbarie que no podemos volver a vivir”.
“Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes. Es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y de los que vendrán”.
En su argumentación, los denunciantes se refirieron a que “la diferencia política en nuestra democracia no es negativa. Por el contrario, es un bien que debemos preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones nos convoquen, y también en el debate cotidiano que tenga como ingrediente principal, el respeto. Alguna vez ganará la filia de unas ideas y otras ganarán los contrarios. Pero pasando el proceso electoral, es obligación de todos los mexicanos reconocer al ganador para garantizar la convivencia y la paz social como elemento fundamental del estado de derecho. Los que ganaron la contienda deberán gobernar por el tiempo que corresponda, y los que perdieron, deberán esperar la siguiente convocatoria para participar en una nueva contienda civilizada”.
“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”.
“Como podemos escuchar en el audio que se presenta como ANEXO 1, el denunciado se refiere con toda claridad a que tienen dos formas de enfrentar al Jefe del poder ejecutivo federal, y una de ellas es, ‘BUSCAR REFUERZO CON ESTADOS UNIDOS’, situación que perfecciona la conducta típica, contemplada en el artículo 123 del ordenamiento referido, ya que el convocar a personas extranjeras para intervenir políticamente para deponer al presidente de la república, tiene implícito FRACCIÓN I, ACTOS CONTRA LA SOBERANÍA. FRACCIÓN VI, AL QUE TENGA EN TIEMPO DE PAZ RELACIÓN O INTELIGENCIA CON PERSONA, GRUPO O GOBIERNO EXTRANJERO… CON EL OBJETO DE ALTERAR LA PAZ INTERIOR. FRACCIÓN XI, INVITE A INDIVIDUOS DE OTRO ESTADO PARA QUE HAGAN ARMAS CONTRA MÉXICO O INVADAN EL TERRITORIO NACIONAL SEA CUAL FUERE EL MOTIVO”.
Asimismo, el artículo 130 del Código Penal Federal se refiere: “… a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132, que a la letra dice. II… destituir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio”.
Mencionaron que, en otro orden de ideas, es obligación de los mexicanos pero más aún de sus instituciones, preservar la paz. Si el fiscal general de la República permite que se haga apología de la violencia, o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura.
“Por otra parte, no puede un comunicador, en su sano juicio, pedir la tutela del derecho a la información para convocar a la violencia. Más aún, el derecho a informar, de acuerdo a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, es un servicio en favor de la sociedad, que en el artículo 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo, contemplan cuatro excepciones que son 1.- Ataque a la moral. 2.- Ataque a la vida privada de terceros. 3.- Provoque algún delito. 4.- Perturbe el orden público. Es el caso, que el denunciado perturba el orden público, y provoca diversos delitos, tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables, con lo cual está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que, de ninguna manera, el imputado puede invocar su protección o ampararse en este derecho”.
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La visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre ambas naciones, en seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney
Por: Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, con quien posteriormente sostendrá una reunión.
Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Canadá. Posterior a ello, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.
La jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.
Mientras que a la gobernadora general de Canadá la acompañaron su esposo, Whit Fraser; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, así como la secretaria adjunta, Maia Elizabeth Welbourne.
La visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre ambas naciones, en seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney el 18 de septiembre de 2025, así como dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.
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El despliegue de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas trasladó a los operadores criminales hacia seis ciudades estadounidenses bajo mecanismos de cooperación bilateral
Por: Roberto Mendoza
El Gobierno de México realizó esta mañana un operativo simultáneo en diversos centros penitenciarios federales para el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos. La movilización inició durante las primeras horas de este martes con la extracción de los sujetos y su posterior concentración en el Aeropuerto Internacional de Toluca, desde donde partieron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Los objetivos fueron entregados a las autoridades estadounidenses en las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, tras un despliegue de custodia que involucró a elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en las terminales aéreas involucradas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las personas trasladadas representaban una amenaza para la seguridad del país debido a su rol operativo en estructuras delictivas
La operación técnica consistió en el uso de aeronaves militares para su trasladó internacional, cumplimentando los protocolos de seguridad que buscan reducir la capacidad de mando de estos grupos en territorio nacional y limitar la generación de violencia en las entidades donde operaban.
La base jurídica de este movimiento se fundamenta en la Ley de Seguridad Nacional y en mecanismos de cooperación bilateral establecidos entre el Gabinete de Seguridad y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El acuerdo incluyó el compromiso formal de la autoridad estadounidense de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los 37 delincuentes entregados. El procedimiento se ejecutó a solicitud directa de la instancia judicial estadounidense para procesar a los individuos en tribunales federales americanos.
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La aeronave Lockheed Martin C-130J Super Hercules trasladó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para capacitación técnica en Estados Unidos
Por: Roberto Mendoza
Una aeronave Lockheed Martin C-130J Super Hercules, con matrícula 08-5726, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca el sábado 17 de enero a las 14:46 horas tras despegar de la Base Militar Dyess en Abilene, Texas. El vuelo ingresó al espacio aéreo mexicano por la frontera norte y permaneció en la terminal mexiquense hasta la mañana del domingo 18 de enero, momento en el cual emprendió su retorno hacia los Estados Unidos. La operación fue registrada por plataformas de monitoreo aeronáutico y generó reportes ciudadanos antes de la emisión de los comunicados oficiales por parte del gobierno federal.
El Gabinete de Seguridad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que el aterrizaje formó parte de un convenio de cooperación binacional establecido en octubre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer el domingo que no se realizaron maniobras militares extranjeras no autorizadas y precisó este lunes, durante su conferencia matutina, que el objetivo del vuelo fue el traslado de un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia territorio estadounidense. Según la versión del Ejecutivo, los elementos nacionales recibirán adiestramiento especializado como parte de los acuerdos de seguridad entre ambos países, procedimiento que no requirió la intervención del Senado de la República al tratarse de un transporte logístico de personal nacional y no de una incursión de tropas armadas.
El arribo de la unidad coincidió con una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos el viernes 16 de enero, la cual señaló condiciones potencialmente peligrosas para la aviación comercial en trayectos desde el Pacífico mexicano hasta Ecuador. Este aviso se difundió de forma paralela a declaraciones emitidas por la administración del presidente electo Donald Trump sobre posibles acciones operativas contra grupos delictivos fuera de su frontera. El gobierno de México determinó que la actividad fue una gestión técnica administrativa, la cual concluyó sin reportes de irregularidades por parte de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Toluca o de los servicios de navegación aérea nacional.
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