México
Marite Hernández denunció a Ferriz de Con ante la FGR por traición a la patria
Por: Redacción
Un grupo de abogados, intelectuales, activistas y gente de la cultura presentó una denuncia penal contra Pedro Ferris de Con y en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Entre los denunciantes se encuentra la diputada potosina, Marite Hernández Correa
Lo anterior, en relación al audio que se filtró el 19 de abril del año en curso y cuyo contenido ratifica el mismo comunicador el 23 de abril, en el que hace referencias de convocar a derrocar al presidente de la república, y pedir ayuda al extranjero si es preciso, conjuntamente con un grupo de empresarios, agregando, además, que un comunicador no hace golpes de estado pero nada le encantaría más, que así sucediera; subraya que le encantaría.
Los denunciantes argumentaron “Arribar al estado democrático nos costó guerras entre hermanos. Vidas. Ríos de sangre. Escenas de barbarie que no podemos volver a vivir”.
“Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes. Es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y de los que vendrán”.
En su argumentación, los denunciantes se refirieron a que “la diferencia política en nuestra democracia no es negativa. Por el contrario, es un bien que debemos preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones nos convoquen, y también en el debate cotidiano que tenga como ingrediente principal, el respeto. Alguna vez ganará la filia de unas ideas y otras ganarán los contrarios. Pero pasando el proceso electoral, es obligación de todos los mexicanos reconocer al ganador para garantizar la convivencia y la paz social como elemento fundamental del estado de derecho. Los que ganaron la contienda deberán gobernar por el tiempo que corresponda, y los que perdieron, deberán esperar la siguiente convocatoria para participar en una nueva contienda civilizada”.
“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”.
“Como podemos escuchar en el audio que se presenta como ANEXO 1, el denunciado se refiere con toda claridad a que tienen dos formas de enfrentar al Jefe del poder ejecutivo federal, y una de ellas es, ‘BUSCAR REFUERZO CON ESTADOS UNIDOS’, situación que perfecciona la conducta típica, contemplada en el artículo 123 del ordenamiento referido, ya que el convocar a personas extranjeras para intervenir políticamente para deponer al presidente de la república, tiene implícito FRACCIÓN I, ACTOS CONTRA LA SOBERANÍA. FRACCIÓN VI, AL QUE TENGA EN TIEMPO DE PAZ RELACIÓN O INTELIGENCIA CON PERSONA, GRUPO O GOBIERNO EXTRANJERO… CON EL OBJETO DE ALTERAR LA PAZ INTERIOR. FRACCIÓN XI, INVITE A INDIVIDUOS DE OTRO ESTADO PARA QUE HAGAN ARMAS CONTRA MÉXICO O INVADAN EL TERRITORIO NACIONAL SEA CUAL FUERE EL MOTIVO”.
Asimismo, el artículo 130 del Código Penal Federal se refiere: “… a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132, que a la letra dice. II… destituir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio”.
Mencionaron que, en otro orden de ideas, es obligación de los mexicanos pero más aún de sus instituciones, preservar la paz. Si el fiscal general de la República permite que se haga apología de la violencia, o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura.
“Por otra parte, no puede un comunicador, en su sano juicio, pedir la tutela del derecho a la información para convocar a la violencia. Más aún, el derecho a informar, de acuerdo a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, es un servicio en favor de la sociedad, que en el artículo 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo, contemplan cuatro excepciones que son 1.- Ataque a la moral. 2.- Ataque a la vida privada de terceros. 3.- Provoque algún delito. 4.- Perturbe el orden público. Es el caso, que el denunciado perturba el orden público, y provoca diversos delitos, tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables, con lo cual está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que, de ninguna manera, el imputado puede invocar su protección o ampararse en este derecho”.
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Movimiento Ciudadano denunció que fueron rechazadas sus propuestas para proteger la sátira política
Por: Roberto Mendoza
Con 312 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada “ley antimemes”, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería, la falsificación de marcas y la distribución ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor.
La reforma establece penas de hasta diez años de prisión, amplía los delitos relacionados con la propiedad intelectual y sustituye en diversas disposiciones el criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial. Aunque no prohíbe expresamente los memes, tampoco establece una excepción específica para la sátira política, lo que provocó cuestionamientos de la oposición sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, advirtió que la legislación establece un precedente preocupante.
“Nosotros creemos que es muy grave el precedente que se deja”, señaló, tras explicar que su bancada solicitó incorporar disposiciones para proteger la sátira política y la libertad de expresión, pero fueron rechazadas. La legisladora sostuvo que este tipo de decisiones dejan “muy mal la libertad de expresión en este país”.
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“Hay grupos delictivos — que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos”
Por: Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos (mdp) en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, gracias a las acciones realizadas por el Gobierno de México para combatir el comercio ilícito de combustibles, como la creación del Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.
“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado ya del registro del IEPS en el 2026, en lo que llevamos hasta septiembre del 2026? Son 48 mil millones de pesos. Una parte de eso tiene la parte del subsidio que hemos estado dando, pero como registro ya son 48 mil millones de pesos adicionales a lo que se registró en el 2025”.
“Hay grupos delictivos —podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada— que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Expuso que, con el objetivo de seguir disminuyendo irregularidades en el comercio de combustibles, incluso se analizan cambios en leyes para disminuir la figura del comercializador.
El Pleno rechazó propuestas para adelantar el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad; Olga Sánchez Cordero se abstuvo
Por: Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones, ampliar hasta el 1 de abril de 2031 el plazo para implementar plenamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya aplicación general estaba prevista para 2027. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con el respaldo de sus homólogos del PT y PVEM, consiguió extender un año más la prórroga hasta 2030 que originalmente establecía el dictamen. La reforma fue enviada al Senado.
Durante la discusión, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, cuestionó que la implementación del Código pueda prolongarse hasta catorce años después de la reforma constitucional que le dio origen. Margarita Zavala, del PAN, propuso evitar que determinadas disposiciones siguieran aplazándose, mientras que Olga Sánchez Cordero, de Morena, pidió mantener para 2027 la entrada en vigor de las normas que reconocen la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Las reservas fueron rechazadas por el Pleno.
En entrevista para La Orquesta, Sánchez Cordero explicó que buscaba impedir que se siguieran postergando derechos fundamentales de las personas con discapacidad y reconoció que coincidía con Zavala únicamente en esa materia. La ministra en retiro, quien se abstuvo en la votación final junto con su compañera de bancada Meggie Salgado, se molestó cuando se le preguntó si se consideraba rebelde dentro de Morena. “¿Tú crees que yo soy rebelde?”, respondió. Ante la respuesta afirmativa del reportero, sentenció: “A ver, yo soy jurista, no soy rebelde, soy jurista”.
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