México
Marite Hernández denunció a Ferriz de Con ante la FGR por traición a la patria
Por: Redacción
Un grupo de abogados, intelectuales, activistas y gente de la cultura presentó una denuncia penal contra Pedro Ferris de Con y en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Entre los denunciantes se encuentra la diputada potosina, Marite Hernández Correa
Lo anterior, en relación al audio que se filtró el 19 de abril del año en curso y cuyo contenido ratifica el mismo comunicador el 23 de abril, en el que hace referencias de convocar a derrocar al presidente de la república, y pedir ayuda al extranjero si es preciso, conjuntamente con un grupo de empresarios, agregando, además, que un comunicador no hace golpes de estado pero nada le encantaría más, que así sucediera; subraya que le encantaría.
Los denunciantes argumentaron “Arribar al estado democrático nos costó guerras entre hermanos. Vidas. Ríos de sangre. Escenas de barbarie que no podemos volver a vivir”.
“Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes. Es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y de los que vendrán”.
En su argumentación, los denunciantes se refirieron a que “la diferencia política en nuestra democracia no es negativa. Por el contrario, es un bien que debemos preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones nos convoquen, y también en el debate cotidiano que tenga como ingrediente principal, el respeto. Alguna vez ganará la filia de unas ideas y otras ganarán los contrarios. Pero pasando el proceso electoral, es obligación de todos los mexicanos reconocer al ganador para garantizar la convivencia y la paz social como elemento fundamental del estado de derecho. Los que ganaron la contienda deberán gobernar por el tiempo que corresponda, y los que perdieron, deberán esperar la siguiente convocatoria para participar en una nueva contienda civilizada”.
“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”.
“Como podemos escuchar en el audio que se presenta como ANEXO 1, el denunciado se refiere con toda claridad a que tienen dos formas de enfrentar al Jefe del poder ejecutivo federal, y una de ellas es, ‘BUSCAR REFUERZO CON ESTADOS UNIDOS’, situación que perfecciona la conducta típica, contemplada en el artículo 123 del ordenamiento referido, ya que el convocar a personas extranjeras para intervenir políticamente para deponer al presidente de la república, tiene implícito FRACCIÓN I, ACTOS CONTRA LA SOBERANÍA. FRACCIÓN VI, AL QUE TENGA EN TIEMPO DE PAZ RELACIÓN O INTELIGENCIA CON PERSONA, GRUPO O GOBIERNO EXTRANJERO… CON EL OBJETO DE ALTERAR LA PAZ INTERIOR. FRACCIÓN XI, INVITE A INDIVIDUOS DE OTRO ESTADO PARA QUE HAGAN ARMAS CONTRA MÉXICO O INVADAN EL TERRITORIO NACIONAL SEA CUAL FUERE EL MOTIVO”.
Asimismo, el artículo 130 del Código Penal Federal se refiere: “… a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132, que a la letra dice. II… destituir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio”.
Mencionaron que, en otro orden de ideas, es obligación de los mexicanos pero más aún de sus instituciones, preservar la paz. Si el fiscal general de la República permite que se haga apología de la violencia, o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura.
“Por otra parte, no puede un comunicador, en su sano juicio, pedir la tutela del derecho a la información para convocar a la violencia. Más aún, el derecho a informar, de acuerdo a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, es un servicio en favor de la sociedad, que en el artículo 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo, contemplan cuatro excepciones que son 1.- Ataque a la moral. 2.- Ataque a la vida privada de terceros. 3.- Provoque algún delito. 4.- Perturbe el orden público. Es el caso, que el denunciado perturba el orden público, y provoca diversos delitos, tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables, con lo cual está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que, de ninguna manera, el imputado puede invocar su protección o ampararse en este derecho”.
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Puntualizó que con el Plan Morelos se atiende en el oriente del estado, a través de la coordinación, la inteligencia e investigación
Por: Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en Morelos, como resultado de la coordinación estrecha entre el Gabinete de Seguridad Federal y el estatal, el promedio diario de homicidios dolosos presentó una disminución del 54 por ciento al pasar de 3.5 en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026, además de una reducción particular a partir de la implementación del Plan Operativo Morelos en abril de 2026.
“Hay otros delitos que están bajando y otros que estamos poniendo atención especial, como el robo a comercio con violencia en algunos municipios, y particularmente el tema de la extorsión. Es un muy buen ejemplo, como el que presentamos hace dos días, de coordinación muy estrecha entre los Gabinetes de Seguridad del estado y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México
Puntualizó que con el Plan Operativo Morelos se atiende particularmente en el oriente del estado, a través de la coordinación, la inteligencia e investigación, así como la atención a las causas para que las y los jóvenes tengan oportunidades, acceso a derechos, evitando así que se acerquen a grupos delictivos.
Comparado con Canadá nuestro país libra, por ahora, aranceles a productos específicos
Por: Roberto Mendoza
El gobierno mexicano concluyó la tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial de América del Norte en la Ciudad de México, con mesas de trabajo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Este encuentro ocurrió en la misma ventana de tiempo en la que el Ejecutivo estadounidense anunció la imposición de un arancel global del 10 por ciento dirigido a 60 naciones, justificado oficialmente como una sanción contra el trabajo forzado en las cadenas de suministro.
Durante el intercambio de posiciones, la delegación estadounidense estableció que la viabilidad del acuerdo comercial está condicionada a una mayor cooperación bilateral en el control de la seguridad fronteriza y la gestión de recursos hídricos.
Frente a las exigencias operativas para endurecer las reglas de origen y aumentar el contenido regional, la estrategia técnica de México se centra en mantener el acceso libre de aranceles para el 85 por ciento de su volumen total de exportaciones. Sobre la medida punitiva global recién anunciada por Washington, la Secretaría de Economía determinó que el 80 por ciento de los envíos mexicanos hacia el mercado estadounidense no pagarán la tarifa del 10 por ciento
El escenario comercial de México contrasta con la dinámica de negociación y las medidas aplicadas a Canadá. Tras la decisión de Estados Unidos de rechazar una extensión del tratado por 16 años y optar por un esquema de revisiones anuales hasta 2036, la administración estadounidense impuso un arancel adicional del 50 por ciento a bienes de origen canadiense, efectivo a partir de agosto de 2026. Esta tarifa está dirigida a sectores específicos como el alcohol, los lácteos y diversas líneas de productos no automotrices, operando sin las exenciones contempladas dentro de la normativa del acuerdo trilateral.
Las mesas de negociación continuarán su curso en los próximos meses con el objetivo, impulsado por Washington, de concentrar la producción industrial en la región y desplazar a las cadenas de suministro provenientes de otros continentes.
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Se busca congelar activos a personas y empresas supuestamente vinculadas a este grupo delictivo
Por Roberto Mendoza
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ejecutaron una acción coordinada para sancionar a 55 sujetos vinculados a la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, designando además como nuevo líder de la organización a Juan Carlos González, alias “Pelón”, tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026. Al respecto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró: “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. Esta acción golpea el liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita que incluyen transferencias internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas, inmuebles y uso de activos virtuales, así como inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Derivado de estos hallazgos, la autoridad mexicana presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República,
Las sanciones impuestas en territorio estadounidense se fundamentan en las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir el tráfico internacional de drogas y el terrorismo internacional. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la inmovilización de cuentas y la cooperación bilateral se mantienen en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional para salvaguardar la integridad del sistema financiero.
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