México
Marite Hernández denunció a Ferriz de Con ante la FGR por traición a la patria
Por: Redacción
Un grupo de abogados, intelectuales, activistas y gente de la cultura presentó una denuncia penal contra Pedro Ferris de Con y en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Entre los denunciantes se encuentra la diputada potosina, Marite Hernández Correa
Lo anterior, en relación al audio que se filtró el 19 de abril del año en curso y cuyo contenido ratifica el mismo comunicador el 23 de abril, en el que hace referencias de convocar a derrocar al presidente de la república, y pedir ayuda al extranjero si es preciso, conjuntamente con un grupo de empresarios, agregando, además, que un comunicador no hace golpes de estado pero nada le encantaría más, que así sucediera; subraya que le encantaría.
Los denunciantes argumentaron “Arribar al estado democrático nos costó guerras entre hermanos. Vidas. Ríos de sangre. Escenas de barbarie que no podemos volver a vivir”.
“Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes. Es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y de los que vendrán”.
En su argumentación, los denunciantes se refirieron a que “la diferencia política en nuestra democracia no es negativa. Por el contrario, es un bien que debemos preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones nos convoquen, y también en el debate cotidiano que tenga como ingrediente principal, el respeto. Alguna vez ganará la filia de unas ideas y otras ganarán los contrarios. Pero pasando el proceso electoral, es obligación de todos los mexicanos reconocer al ganador para garantizar la convivencia y la paz social como elemento fundamental del estado de derecho. Los que ganaron la contienda deberán gobernar por el tiempo que corresponda, y los que perdieron, deberán esperar la siguiente convocatoria para participar en una nueva contienda civilizada”.
“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”.
“Como podemos escuchar en el audio que se presenta como ANEXO 1, el denunciado se refiere con toda claridad a que tienen dos formas de enfrentar al Jefe del poder ejecutivo federal, y una de ellas es, ‘BUSCAR REFUERZO CON ESTADOS UNIDOS’, situación que perfecciona la conducta típica, contemplada en el artículo 123 del ordenamiento referido, ya que el convocar a personas extranjeras para intervenir políticamente para deponer al presidente de la república, tiene implícito FRACCIÓN I, ACTOS CONTRA LA SOBERANÍA. FRACCIÓN VI, AL QUE TENGA EN TIEMPO DE PAZ RELACIÓN O INTELIGENCIA CON PERSONA, GRUPO O GOBIERNO EXTRANJERO… CON EL OBJETO DE ALTERAR LA PAZ INTERIOR. FRACCIÓN XI, INVITE A INDIVIDUOS DE OTRO ESTADO PARA QUE HAGAN ARMAS CONTRA MÉXICO O INVADAN EL TERRITORIO NACIONAL SEA CUAL FUERE EL MOTIVO”.
Asimismo, el artículo 130 del Código Penal Federal se refiere: “… a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132, que a la letra dice. II… destituir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio”.
Mencionaron que, en otro orden de ideas, es obligación de los mexicanos pero más aún de sus instituciones, preservar la paz. Si el fiscal general de la República permite que se haga apología de la violencia, o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura.
“Por otra parte, no puede un comunicador, en su sano juicio, pedir la tutela del derecho a la información para convocar a la violencia. Más aún, el derecho a informar, de acuerdo a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, es un servicio en favor de la sociedad, que en el artículo 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo, contemplan cuatro excepciones que son 1.- Ataque a la moral. 2.- Ataque a la vida privada de terceros. 3.- Provoque algún delito. 4.- Perturbe el orden público. Es el caso, que el denunciado perturba el orden público, y provoca diversos delitos, tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables, con lo cual está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que, de ninguna manera, el imputado puede invocar su protección o ampararse en este derecho”.
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“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene”
Por: Redacción
Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.
Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.
Informó que, hace unas algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.
Lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Por: Roberto Mendoza
El 18 de junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de lenacapavir como medicamento preventivo contra el VIH, marcando un parteaguas en la lucha global contra el virus. Esta aprobación convierte a lenacapavir, comercializado bajo el nombre Yeztugo, en la primera opción de profilaxis preexposición (PrEP) que requiere una sola inyección subcutánea cada seis meses para ofrecer protección casi total contra el contagio.
Lenacapavir es un inhibidor de la cápside del VIH, es decir, interfiere con la estructura proteica que recubre el material genético del virus, impidiendo que se replique dentro del organismo. Su mecanismo de acción es distinto a los tratamientos tradicionales y ha mostrado resultados extraordinarios. En los ensayos clínicos PURPOSE 1 y PURPOSE 2, realizados en varias regiones del mundo, no se reportaron casos de infección por VIH entre los participantes que recibieron lenacapavir, lo que le valió a este avance ser nombrado por la revista Science como el descubrimiento biomédico más importante de 2024.
El esquema consiste en una dosis oral de inducción seguida por una inyección subcutánea, que ofrece cobertura durante seis meses completos. Esta modalidad representa una mejora significativa frente a los esquemas actuales de PrEP, basados en la ingesta diaria de comprimidos, cuya efectividad depende en gran medida de la constancia del paciente. Lenacapavir
A pesar del entusiasmo internacional, lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y UNICEF ya colaboran con países de ingresos bajos y medios para facilitar su acceso. Gilead Sciences, la empresa desarrolladora, ha anunciado acuerdos de licenciamiento para permitir su producción genérica en más de 120 países, lo que podría reducir su costo de más de 43 mil dólares anuales en Estados Unidos a menos de 50 dólares al año en versiones genéricas.
Ricardo Monreal negó de forma categórica que las reformas abran la puerta al espionaje político
Por: Roberto Mendoza
En sesión maratónica que inició el miércoles a las 10 de la mañana y concluyó este jueves alrededor de las siete de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó dos reformas relevantes en materia de seguridad pública e inteligencia propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los legisladores avalaron tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada con 445 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones. Esta legislación sienta las bases para una estructura orgánica y coordinada entre los tres niveles de gobierno, articulando principios, normas e instituciones para alcanzar los fines constitucionales de la seguridad pública. Bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la nueva ley homogeneiza la profesionalización y cooperación de los cuerpos de seguridad en todo el país y busca erradicar el desorden y la desarticulación que históricamente han afectado la política de seguridad.
De igual forma, el Pleno avaló, en lo general, el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública con 368 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones. Este nuevo marco legal regula la integración, el funcionamiento y la operación del sistema nacional de inteligencia e investigación, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas. La plataforma central de inteligencia, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), permitirá la consulta, análisis y procesamiento de información y bases de datos para prevenir, investigar y sancionar delitos, especialmente los de alto impacto.
La legislación garantiza que toda la información y los productos de inteligencia generados estarán protegidos bajo estrictas normas de confidencialidad, transparencia y protección de datos personales
En este contexto, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, negó de forma categórica que las reformas abran la puerta al espionaje político, la militarización de las instituciones civiles o el abuso de poder. Subrayó que la presunción de inocencia y el debido proceso están plenamente garantizados en la Constitución, y destacó que las instituciones de seguridad pública mantienen su carácter civil conforme a la nueva legislación.
Monreal enfatizó que el proceso parlamentario fue riguroso y transparente, alejado de cualquier albazo legislativo, y que la supervisión permanente de los organismos de fiscalización y del Congreso de la Unión garantiza la rendición de cuentas en la materia. El legislador recordó que aún restan figuras jurídicas por regular en próximas reformas judiciales y adelantó que el Congreso continuará la discusión de varios temas pendientes durante el periodo extraordinario.
Con la aprobación de estas nuevas leyes, la Cámara de Diputados redefine el marco normativo de la seguridad pública e inteligencia en nuestro país.
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