México
Marite Hernández denunció a Ferriz de Con ante la FGR por traición a la patria
Por: Redacción
Un grupo de abogados, intelectuales, activistas y gente de la cultura presentó una denuncia penal contra Pedro Ferris de Con y en contra de quien resulte responsable, por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Entre los denunciantes se encuentra la diputada potosina, Marite Hernández Correa
Lo anterior, en relación al audio que se filtró el 19 de abril del año en curso y cuyo contenido ratifica el mismo comunicador el 23 de abril, en el que hace referencias de convocar a derrocar al presidente de la república, y pedir ayuda al extranjero si es preciso, conjuntamente con un grupo de empresarios, agregando, además, que un comunicador no hace golpes de estado pero nada le encantaría más, que así sucediera; subraya que le encantaría.
Los denunciantes argumentaron “Arribar al estado democrático nos costó guerras entre hermanos. Vidas. Ríos de sangre. Escenas de barbarie que no podemos volver a vivir”.
“Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes. Es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y de los que vendrán”.
En su argumentación, los denunciantes se refirieron a que “la diferencia política en nuestra democracia no es negativa. Por el contrario, es un bien que debemos preservar haciéndolo valer en las urnas cuando la Carta Magna y sus instituciones nos convoquen, y también en el debate cotidiano que tenga como ingrediente principal, el respeto. Alguna vez ganará la filia de unas ideas y otras ganarán los contrarios. Pero pasando el proceso electoral, es obligación de todos los mexicanos reconocer al ganador para garantizar la convivencia y la paz social como elemento fundamental del estado de derecho. Los que ganaron la contienda deberán gobernar por el tiempo que corresponda, y los que perdieron, deberán esperar la siguiente convocatoria para participar en una nueva contienda civilizada”.
“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”.
“Como podemos escuchar en el audio que se presenta como ANEXO 1, el denunciado se refiere con toda claridad a que tienen dos formas de enfrentar al Jefe del poder ejecutivo federal, y una de ellas es, ‘BUSCAR REFUERZO CON ESTADOS UNIDOS’, situación que perfecciona la conducta típica, contemplada en el artículo 123 del ordenamiento referido, ya que el convocar a personas extranjeras para intervenir políticamente para deponer al presidente de la república, tiene implícito FRACCIÓN I, ACTOS CONTRA LA SOBERANÍA. FRACCIÓN VI, AL QUE TENGA EN TIEMPO DE PAZ RELACIÓN O INTELIGENCIA CON PERSONA, GRUPO O GOBIERNO EXTRANJERO… CON EL OBJETO DE ALTERAR LA PAZ INTERIOR. FRACCIÓN XI, INVITE A INDIVIDUOS DE OTRO ESTADO PARA QUE HAGAN ARMAS CONTRA MÉXICO O INVADAN EL TERRITORIO NACIONAL SEA CUAL FUERE EL MOTIVO”.
Asimismo, el artículo 130 del Código Penal Federal se refiere: “… a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132, que a la letra dice. II… destituir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio”.
Mencionaron que, en otro orden de ideas, es obligación de los mexicanos pero más aún de sus instituciones, preservar la paz. Si el fiscal general de la República permite que se haga apología de la violencia, o en grado de tentativa se convoque y divulgue la idea de un golpe de Estado, amén de hacerlo de manera soberbia y burlona, se estará faltando a la mayor responsabilidad de su alta investidura.
“Por otra parte, no puede un comunicador, en su sano juicio, pedir la tutela del derecho a la información para convocar a la violencia. Más aún, el derecho a informar, de acuerdo a la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, es un servicio en favor de la sociedad, que en el artículo 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo, contemplan cuatro excepciones que son 1.- Ataque a la moral. 2.- Ataque a la vida privada de terceros. 3.- Provoque algún delito. 4.- Perturbe el orden público. Es el caso, que el denunciado perturba el orden público, y provoca diversos delitos, tratando de involucrar a la sociedad en aventuras bélicas oprobiosas, absurdas e irresponsables, con lo cual está incurriendo en dos de las excepciones al derecho a la información, por lo que, de ninguna manera, el imputado puede invocar su protección o ampararse en este derecho”.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión 
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura
Por: Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR)
Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo, con base en ello los partidos políticos son responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.
Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.
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El proyecto plantea ajustar los comités de evaluación y la organización interna de la Suprema Corte
Por: Roberto Mendoza
La Secretaría de Gobernación entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proyecto presidencial que modifica el sistema de elección judicial: “se busca mejorar la operación de los comités de evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas. También reduce el número de candidaturas propuestas por comité con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple para al asistir a la casilla”.
Sobre el envío de esta iniciativa, la dependencia federal argumentó: “defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente que existió un poder judicial más justo y transparente”.
El texto recibido en el Senado establece una reorganización operativa para el máximo tribunal del país: “Se crean las secciones en la Suprema Corte y con ello se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos. Con ello se dejará al pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia”.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, equiparó esta nueva figura jurídica con la estructura previa: “Yo considero que estas nuevas secciones son para quitar el rezago y para atender asuntos también de importancia en la corte,
El trámite parlamentario perfila la convocatoria a un periodo extraordinario para que el documento se someta a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de mayo. Sobre el debate legislativo acotado a esta entrega, el diputado Monreal precisó: “hay otros temas que se pueden incluir en el Sí, pero no tenemos otros temas, solamente los siete artículos. Pero les decía que no impide que de aquí a mañana se piense en una reforma aparte de esta que se presentó”.
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