El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

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Frinné Azuara cuestionó que la reforma para dar un salario digno a los trabajadores de la salud todavía no se haga efectiva

Por: Redacción

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, respaldó las protestas de los trabajadores de salud. “Tienen razón, no se les ha hecho derecho, no se les ha dado el derecho a tener condiciones laborales dignas como lo marcan sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Afirmó que las demandas de las marchas son algo “que no es sorpresa ya para nadie”. Según la legisladora, el origen está en la centralización de los servicios de salud, es decir, en que la Federación concentró su manejo, y en la desaparición del esquema de compra consolidada de medicamentos que existía con el Seguro Popular. En ese esquema se juntaban las compras de varias instituciones para conseguir mejores precios. También mencionó la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos.

“Una crisis sanitaria”

Azuara Yarzábal dijo que las consecuencias ya se ven en las evaluaciones de organismos internacionales. Mencionó al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OCDE, que según ella ubican a México en una crisis sanitaria por el aumento de muertes que se pudieron evitar. “La verdad es triste y es cruel”, señaló.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, si no se destina alrededor del 6 por ciento del PIB a la salud, “no va a haber respuestas”. El PIB es el valor de todo lo que produce el país en un año.

Un salario digno que no llega

La diputada cuestionó que no se haya hecho efectiva la reforma al artículo 123 constitucional que, dijo, se aprobó en 2024 en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, incluido el de San Luis Potosí, para dar un salario digno a los trabajadores de la salud. “Ese dinero que le están destinando a otro tipo de obras y de instituciones que ya se vio que no están dando los resultados esperados, ¿por qué no se están aplicando estos recursos a la salud?”, preguntó.

Explicó que, con el convenio que firmaron los estados con el IMSS-Bienestar, en San Luis Potosí ya se transfirió “el noventa y tantos por ciento” de los servicios, incluidos el personal, los insumos y el abasto de medicamentos. “La respuesta está ya a nivel federal. El presupuesto no se ha incrementado, no vamos a poder dar atención médica a toda la población que lo demanda”, sostuvo.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol también dijo que la solución a la demanda de los trabajadores tiene que venir de la Federación, aunque defendió que hay inversión y que se va “en la ruta correcta”.

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La decisión se tomó aunque Protección Civil estatal lo solicitó, con la temporada de lluvias por concluir

Por: Redacción

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que se decidió no realizar un desfogue de la presa San José, que se encuentra al 97.5% de su capacidad, pese a que Protección Civil estatal lo solicitó.

Explicó que él ya informó a esa dependencia que, aunque pidan el desfogue, la temporada de lluvias está por terminar, y que las lluvias que cayeron en la zona metropolitana se concentraron en la zona centro, sin altas precipitaciones en la sierra.

González Castillo detalló que, por ello, las presas El Peaje

y El Potosí se mantienen al 76% y 65% de su capacidad, respectivamente. Dijo que la decisión se tomó con base en el criterio de la dirección técnica y de todo el personal, y no solo del director.

“Hay que cuidar el agua y hay que mantenerla en los cuerpos”, afirmó.

El funcionario precisó que, en el caso de la presa San José, la responsabilidad de Conagua abarca el vaso y la captación del agua.

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