El dirigente del partido advirtió que no se debe debilitar al INE ni afectar la representatividad de los partidos

Por: Redacción

Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que su partido acompañará la discusión de la reforma electoral impulsada desde la Presidencia de la República, aunque advirtió que se debe evitar cualquier medida que debilite al Instituto Nacional Electoral (INE) o limite la representatividad de los partidos políticos.

Luego de que iniciara el debate en el Congreso de la Unión, el líder estatal señaló que el PVEM ha sido aliado en las reformas promovidas desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que no será la excepción con la administración de Claudia Sheinbaum.

“Nosotros vamos a estar con la presidenta Claudia Sheinbaum a muerte”, declaró.

No obstante, subrayó que la discusión apenas comienza y que será necesario analizar los pros y contras de la iniciativa, especialmente en lo referente a los recortes presupuestales.

Segura Morquecho advirtió que una reducción de recursos podría afectar directamente al Instituto Nacional Electoral, lo que implicaría menos casillas durante las elecciones y mayores dificultades para ciudadanos de zonas rurales.

Recordó que en procesos recientes, como la reforma judicial, hubo reducción de casillas, lo que complicó la participación ciudadana en algunas regiones.

El dirigente también alertó que los ajustes podrían impactar a los partidos minoritarios al elevar los requisitos de votación para conservar representación, lo que reduciría la pluralidad en el Congreso.

En el plano económico, explicó que aunque se habla de un posible recorte del 25% al financiamiento, los partidos requieren recursos para operar territorialmente, credencializar militantes y organizar campañas.

“Si amarras las manos a un partido político dejándolo sin recursos, ¿con qué van a hacer campaña los candidatos?”, cuestionó.

Finalmente, reiteró que el PVEM acompañará la reforma, pero buscará que no se pongan en riesgo las condiciones democráticas construidas en las últimas décadas.

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El plazo legal para cumplir con las consultas está próximo a vencerse

Por: Redacción

Sara Rocha Medina, presidenta Congreso del Estado, se pronunció sobre la postura del Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana (Ceepac) respecto a la realización de consultas pendientes en el Congreso del Estado, y señaló que, aunque el organismo electoral ha manifestado que no es su responsabilidad directa y por lo tanto no las llevará a cabo, el tema debe resolverse mediante coordinación institucional.

Durante entrevista, Rocha Medina indicó que el Ceepac ha expresado que la organización de dichas consultas corresponde al Congreso. Sin embargo, consideró que más allá de la responsabilidad formal, el proceso requiere “suma de voluntades” para que los ejercicios salgan correctamente y no se repitan fallas de ocasiones anteriores.

La diputada explicó que el asunto aún no se ha discutido a fondo dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero confió en que se abordará en los próximos días para definir el método y los tiempos de ejecución, ya que el plazo legal está próximo a vencerse.

“Tenemos que sumarnos todos para que salga bien el tema”, sostuvo, al señalar que el objetivo principal es que las consultas se desarrollen adecuadamente y dentro del marco legal.

Rocha Medina agregó que el Congreso, en coordinación con la Mesa Directiva y los órganos internos, buscará la forma de resolver el proceso este mismo mes, con la intención de garantizar certeza jurídica y evitar contratiempos administrativos o políticos.

La congresista reiteró que se trata de un asunto que requiere responsabilidad compartida y disposición para el diálogo entre instituciones, a fin de cumplir con las obligaciones pendientes.

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Diputada plantea reformas para castigar discriminación y explotación contra jornaleros, migrantes y personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado y al Código Penal del Estado.

La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la protección de estos grupos debido a que están expuestos a diversos abusos laborales, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque históricamente han sufrido discriminación o porque enfrentan alguna discapacidad.

De esta manera, se propone reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, para establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en materia laboral, garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, así como el ac oso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.

Esto, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas

También se propone adicionar el artículo 350 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de protección de los derechos laborales, dentro del capítulo denominado Delitos contra el Derecho de los Trabajadores. Este artículo tipifica conductas realizadas por el patrón como entregar cantidades inferiores al salario mínimo legal; pagar salarios en mercancías; retener, total o parcialmente, los salarios como sanción económica o por cualquier motivo no autorizado legalmente; u obligar a los trabajadores a realizar jornadas sin descanso que excedan los límites establecidos por la ley.

En este sentido, la iniciativa propone incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima sea persona trabajadora del campo, migrante, persona con discapacidad, persona indígena o afromexicana, o pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.

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