diciembre 3, 2025

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Estado

María García rindió informe anual de actividades de la Fiscalía de SLP

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La fiscal  puntualizó que se han redoblado esfuerzos para superar los obstáculos y convertir al Ministerio Público en un ente ágil y eficiente

Por: Redacción

Este jueves 7 noviembre, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, rindió su primer informe anual de actividades.

Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de medios de comunicación y cámaras empresariales, García Cázares hizo entrega conforme a la ley, del informe anual, al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Cuauhtli Badillo Moreno.

La Fiscal General puntualizó que se han redoblado esfuerzos para superar los obstáculos, reafirmando la voluntad de transformar la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) en un ente ágil, eficiente y de apoyo a la ciudadanía.

Dio a conocer los resultados en la lucha contra el delito durante este año; García Cázares destacó avances relevantes en áreas vitales para el funcionamiento de la Fiscalía, entre ellas la Dirección de Investigación Criminal, la cual brinda atención a víctimas del delito con la prontitud y el respeto que merecen.

La Fiscal General expuso que de 52 mil carpetas de investigación, se han obtenido casi 3 mil 300 años de condena, lo que se traduce en justicia para las víctimas y una mayor seguridad para la sociedad potosina.

Además, durante el 2024, los agentes fiscales iniciaron 2 mil 480 carpetas de investigación contra personas detenidas en flagrancia, logrando que el 97% de los indiciados fueran presentados ante un juez de control.

A través de un esfuerzo coordinado, se agilizaron los procesos de investigación; incluso, se logró la judicialización de carpetas de investigación por feminicidios, en menos de 36 horas, lo que demuestra la firme decisión de poner fin a la impunidad en estos crímenes.

El esfuerzo y dedicación del personal de la institución han sido clave en la lucha contra la injusticia, impunidad y la ilegalidad. Todos los días, Agentes Investigadores, Fiscales y personal administrativo se entregan con profesionalismo y compromiso a su labor, destacó.

La titular de la FGESLP, expresó que la justicia no es una cifra fría, pues detrás de cada expediente y carpeta de investigación, hay una persona que ha sido víctima de un delito. “No se trata de números, se trata de vidas humanas que requieren empatía, sensibilidad, profesionalismo y sobretodo resultados”.

Finalmente, puntualizó que se continuará trabajando con empeño para lograr una Fiscalía que no solo actúe con diligencia, sino que también responda a las verdaderas necesidades de la población y la protección de sus derechos humanos.

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Estado

100 mil pesos de 27 diputados: el gesto que no apaga ninguna emergencia

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La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos

Por: Cristian Betancourt

Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.

Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.

En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado

s (es decir tres mil 700 pesos cada uno) no alcanza para cubrir totalmente una reparación de unidad o la adquisición de equipo básico.

Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.

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Estado

Villa de Pozos Destaca Interés de Visitantes

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Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso

Por: redacción

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.

La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.

Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.

La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.

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Ciudad

Educación superior gratuita y de aplicación inmediata a nivel nacional

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Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo

Por: Angel Bravo

El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.

Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.

La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:

La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.

El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.

El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.

A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.

Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo

no ha obligado aún a las autoridades de los otros niveles de gobierno a destinar los recursos necesarios:

“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”

En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.

El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.

Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”

El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.

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