Ciudad
¿Los trabajadores y trabajadoras de la Zona Industrial apoyan el segundo piso de la 57?
Conversamos con varias personas que podrían ser usuarias de este proyecto para conocer qué tan necesario lo consideran y si pagarían por utilizarlo
Por: Ana G Silva
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el pasado 27 de febrero que se construirá un segundo piso en la carretera 57 que irá desde el Distribuidor Juárez hasta algunos de los ejes de las principales empresas de la Zona Industrial; agregó que la obra se pagará mediante un esquema de Asociación Público Privada (APP), lo que abre la posibilidad a que se cobre una tarifa. También aseguró que esta vialidad eliminaría el 50% del tránsito en la zona. La Orquesta buscó a distintos empleados de empresas de esa parte de la ciudad para conocer su opinión sobre este proyecto, si consideran que ayudará a liberar el tráfico y si estarían dispuestos a pagar una cuota por usarla.
Las personas entrevistadas fueron: Claudia Martínez, enfermera ocupacional de Ternium (ubicada entre el eje 134 y 136 en la colonia Industrial); Ulises Espinoza, ingeniero de procesos en Jtekt Automotive (en Avendia Montecillo #100 Parque Industrial Colinas de Villa de Pozos); y Héctor Oviedo, cortador en máquinas de punzonado en Onnera Group (del Parque Industrial Tres Naciones, quien utiliza el transporte de personal de la empresa).
Claudia y Héctor consideraron que la creación del segundo piso sería de mucha utilidad, sobre todo para las horas pico, es decir de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, que es cuando se registra mayor tráfico, pues es entonces cuando la mayoría de los empleados entran o salen de trabajar, lo que también ocasiona accidentes y frustración de los conductores.
Ulises consideró que este proyecto no ayudará con el problema de movilidad y sería mejor continuar con Vía Alterna, 
“El cuello de botella es el Distribuidor Juárez, estarán enviando el tráfico al mismo lugar. Por más ágil que esté el tránsito en la carretera, si pasas por el Distribuidor se hace lento, porque ya está a su máxima capacidad”.
Al cuestionarlos sobre si pagarían una tarifa para usarla, la enfermera de Ternium detalló que sí, pero de manera ocasional y solo en casos de emergencia, siempre que esta no rebase los 100 pesos; el ingeniero de Jtekt, mencionó que la usaría dependiendo del tráfico que se genere, pero definitivamente no pagaría por transitar; mientras que el contador en máquinas de punzonado en Onnera, mencionó que no cree que las personas estén dispuesta a pagar mucho, ya que sería una vialidad que se usaría diariamente, por lo que considera que un coste de 10 a 15 pesos sería viable para usarla:
“Creo que sí es un buen proyecto, pero no todas las personas van a tener la posibilidad de pagar la cuota, y si esta es muy elevada casi nadie la va a utilizar a menos de que sea muy necesario, si ayudará al tráfico, pero la cuota debe ser baja y accesible para todos en general”, puntualizó Claudia.
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El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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