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La seguridad en la 57… ¿es legal?
Las corporaciones estatales y municipales… ¿pueden resguardar la seguridad en vías federales sin violar atribuciones?
Por: Bernardo Vera
Durante los últimos días hemos seguido la observación sobre la administración de la seguridad en la carretera 57 y la zona metropolitana por donde circula esta vía de carácter federal.
Tanto las autoridades del municipio capital como del estado, han manifestado su aprobación de colaborar de forma interinstitucional para vigilar esta zona. Sin embargo, ¿esto es legal?
De acuerdo al apartado X del artículo 4 en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, se habla de que la Secretaría de Seguridad Federal tiene la facultad de celebrar convenios de coordinación con autoridades Federales, de las Entidades Federativas y de los Municipios, que tengan por objeto prever los mecanismos que permitan la aplicación y cumplimiento de preservar la vida y la integridad física de los usuarios de las vías federales.
Nohemí Proal Huerta, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) de San Luis Potosí, amplió esta información al caso de esta vía referida, y recordó que las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad permiten los acuerdos entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Por ello, no se vulnera el marco legal sobre la responsabilidad de una u otra autoridad.
“El gobernador siempre ha involucrado tanto a los a las autoridades municipales como las federales en materia de seguridad, porque esto no es trabajo de una sola institución. La seguridad pública demanda que estén en coordinación, tanto la autoridades federales como las municipales; es la única manera de poder realmente garantizar resultados”, destacó.
La titular del SECESP manifestó que desde el Estado, el objetivo compartido de inhibir la incidencia delictiva se lleva de la mano con las corporaciones, como la División Caminos de la Guardia Civil Estatal y las corporaciones de los municipios de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y la conformación del nuevo municipio de Villa de Pozos.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
El Ayuntamiento reconoce que no ha podido erradicar la práctica pese a años de mesas de diálogo
Por: Redacción
La extracción constante de agua por parte de los lavacoches que laboran en la Alameda Juan Sarabia continúa dañando la infraestructura hidráulica del parque, reconoció Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Azuara Azuara explicó que el problema va más allá del consumo del recurso hídrico: la extracción de grandes volúmenes de agua compromete el funcionamiento del sistema que abastece los estanques y acelera el desgaste de los equipos utilizados para el mantenimiento del espacio público.
El funcionario detalló que esta situación obliga a realizar con mayor frecuencia labores de limpieza en los cuerpos de agua y advirtió que la sobreexplotación del sistema puede provocar daños en las bombas que abastecen la Alameda.
Azuara Azuara informó que el Ayuntamiento mantiene mesas de diálogo con los lavacoches para buscar alternativas que reduzcan esta práctica, en las que también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal. Reconoció, sin embargo, que hasta el momento no ha sido posible erradicar por completo la extracción irregular de agua.
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La plataforma está en fase de pruebas con un grupo de taxistas antes de su lanzamiento al público
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí probará una nueva aplicación oficial para solicitar taxis que operará, en su primera etapa, únicamente con pagos en efectivo y conectará las unidades al sistema de monitoreo del C5 mediante GPS, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La app ya puede descargarse en tiendas digitales, pero todavía no permite solicitar viajes. Martínez Acosta explicó que el sistema se encuentra en pruebas piloto con un grupo de taxistas para verificar su funcionamiento antes de abrirlo al público general. En esta primera etapa solo estará disponible para dispositivos con sistema operativo Android.
La funcionaria precisó que la plataforma no aplicará tarifas dinámicas, como las que usan empresas de transporte por aplicación. En su lugar, funcionará como un taxímetro digital
Martínez Acosta añadió que, en una etapa posterior, se incorporarán opciones de pago con tarjeta bancaria y transferencia electrónica.
La titular de la SCT sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la seguridad de los usuarios. Detalló que todas las unidades registradas en la plataforma acreditarán las revisiones vehiculares correspondientes.
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