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La caída de los funcionarios de Juan Manuel Carreras
Gallardo ha implementado una narrativa de combate a la corrupción del pasado a la que él llama la herencia maldita y hasta el momento dos carreristas están tras las rejas
Por: Ana G Silva
Desde su llegada a la gubernatura a finales del 2021, Ricardo Gallardo ha insertado una narrativa política y mediática de ir en contra de la corrupción dentro del gobierno, pero el relato ya ha trascendido y se convirtió en realidad con la detención de al menos dos funcionarios de la pasada administración encabezada por Juan Manuel Carreras López, se trata de Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena.
Jaime N fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.
De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.
La segunda aprehensión fue la de Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, quien fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.
Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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