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La caída de los funcionarios de Juan Manuel Carreras
Gallardo ha implementado una narrativa de combate a la corrupción del pasado a la que él llama la herencia maldita y hasta el momento dos carreristas están tras las rejas
Por: Ana G Silva
Desde su llegada a la gubernatura a finales del 2021, Ricardo Gallardo ha insertado una narrativa política y mediática de ir en contra de la corrupción dentro del gobierno, pero el relato ya ha trascendido y se convirtió en realidad con la detención de al menos dos funcionarios de la pasada administración encabezada por Juan Manuel Carreras López, se trata de Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública, y Mónica N., ex titular de la Secretaría de Salud y ex candidata a gobernadora por Morena.
Jaime N fue detenido el pasado 11 de febrero por la probable comisión de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que la detención del ex secretario de Seguridad podría significar una condena de más de 12 años, ya que se habrían desviado aproximadamente 4 millones de pesos.
De acuerdo con el fiscal, el ex funcionario rentó un inmueble a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para oficinas públicas, sin embargo este inmueble tuvo usos personales y pese a ello fue pagado con dinero del erario durante todo el sexenio en su periodo como secretario.
La segunda aprehensión fue la de Mónica N., ex secretaria de Salud de San Luis Potosí y ex candidata de Morena a la gubernatura, quien fue detenida en el Estado de México el 12 de abril por una presunta compra irregular de 32.7 millones de pesos que debieron ser utilizados para el combate a la pandemia de covid-19, pero acabaron en manos de una empresa regiomontana dedicada a la venta de insecticidas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó la compra hecha por la Secretaría de Salud, mediante asignación directa, a la empresa Public Health Supply and Equipment de México. El movimiento corresponde a la adquisición de 193 tambos de insecticida para el control del dengue en la Huasteca potosina, no obstante, esos recursos estaban etiquetados para la adquisición de insumos contra la pandemia.
Además de la ex titular de los Servicios de Salud, otras tres personas fueron capturadas por dicha operación, por lo que, de resultar responsables, también habrían cometido el delito de asociación delictuosa. Mónica N. pasaría 27 años en la cárcel en caso de demostrarse su culpabilidad.
La organización Ciudadanos Observando indicó que los cargos a Mónica N. solo es la punta del iceberg, ya que hay pruebas del desvío de recursos por más de 800 millones de pesos.
Estos no serían los únicos casos de ex funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción de la pasada administración estatal, pues próximamente podrían ser aprehendidos quienes estuvieron implicados en el proyecto del metrobús; también se debe recordar que el 14 de marzo Daniel Pedroza Gaitán, ex secretario de Finanzas, supuestamente solicitó un amparo contra posibles órdenes de aprehensión por presuntos desvíos de recursos durante la campaña de su hermano Octavio Pedroza a la gubernatura del estado, luego que las autoridades estatales presentaron una denuncia en su contra.
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Ciudad
Estado y municipio invertirán hasta 800 mdp en obras viales
El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó acuerdos con el gobernador para intervenir El Saucito y la salida a Guadalajara, dos de los principales nudos de movilidad de la capital
Por: Redacción
El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras reunirse con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se alcanzaron acuerdos para realizar dos grandes obras de infraestructura vial de manera conjunta, con una inversión estimada de entre 700 y 800 millones de pesos, una cifra que, dijo, no se había destinado en años recientes bajo un esquema de coordinación entre ambos niveles de gobierno.
Galindo Ceballos señaló que las obras prioritarias serán la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, y la salida a Guadalajara, ambas consideradas puntos críticos de movilidad para la capital potosina.
En el caso de El Saucito, explicó que ya existe la instrucción para que los equipos técnicos del estado y el municipio se sienten a definir y empatar los proyectos existentes, con el objetivo de iniciar el proceso administrativo para la licitación de proyectos ejecutivos. Indicó que se busca que la obra arranque lo antes posible, incluso en los meses de mayo o junio, y que previamente se realizará un proceso de socialización con los vecinos, quienes, aseguró, están convencidos del proyecto.
Respecto a la salida a Guadalajara, el alcalde detalló que se acordó la construcción de un puente elevado que conecte el Periférico, permitiendo el paso de quienes se trasladan de Villamagna hacia la Zona Industrial, con el objetivo de aliviar la congestión vial en ese punto. Añadió que el Ayuntamiento aportará recursos al proyecto y, de manera paralela, se encargará de realizar la salida a Guadalajara aprovechando el desnivel ya existente.
Galindo Ceballos precisó que, aunque la obra de Villamagna continúa sobre la mesa, se tomó la decisión de adelantar El Saucito y la salida a Guadalajara, al considerarlas fundamentales para mejorar la movilidad y descongestionar dos de los nudos viales más fuertes de la ciudad.
En cuanto a la distribución de la inversión, señaló que se trata de un tema administrativo que aún deberá definirse técnicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), incluyendo quién licita y qué parte corresponde a cada instancia.
El alcalde destacó que esta coordinación con el gobierno estatal también permitirá al municipio liberar recursos para ejecutar otras obras adicionales, las cuales, dijo, dará a conocer posteriormente.
Finalmente, adelantó que otro de los temas abordados en la reunión fue el Parque de Morales, donde ambos niveles de gobierno manifestaron su voluntad de intervenir y rescatar el espacio, incluso priorizándolo frente a otros proyectos. “La gente nos lo pide”, afirmó, al señalar que este parque ya forma parte de la agenda conjunta.
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Destacadas
33 establecimientos del Centro no han cumplido con requisitos de Protección Civil
Mauricio Ordaz Flores, director de la CEPC, señaló que se le negará la documentación a los recintos que no cumplan con los dictámenes correspondientes
Por: Redacción
Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que todavía existen 33 establecimientos de la Zona Centro que no han cumplido del todo con los requisitos para su operación.
El titular de la CEPC aseguró que si bien no han sido catalogados como “recintos de riesgo”, sí tienen que entregar un dictamen estructural y un dictamen de vulnerabilidad, o de lo contrario, se les negará cualquier documentación.
Tras la tragedia ocurrida en 2024 en el antro Rich donde fallecieron dos personas, se han intensificado las verificaciones , sobre todo en el Centro Histórico donde existen múltiples establecimientos instalados en inmuebles antiguos y que cuentan con terrazas.
Ordaz Flores añadió que la mayoría de estos negocios ya se encuentran haciendo reformas estructurales para cumplir con los requerimientos de la CEPC, quienes se han mantenido con constantes inspecciones.
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Guajardo ve complejo frenar aumento a camiones que no cumplen la ley
El diputado propuso evaluar modificaciones a la ley para obligar al cumplimiento de requisitos
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el exhorto para evitar que las unidades de transporte público que no cumplan con los requisitos legales apliquen el reciente aumento a la tarifa es una medida positiva, aunque insuficiente.
Al ser cuestionado sobre cómo se garantizará que los camiones que no cumplen con la normatividad no cobren el incremento de 12.50 a 13.50 pesos en la zona metropolitana, el legislador reconoció que el tema aún no ha sido analizado a fondo al interior del Congreso del Estado.
Guajardo Barrera explicó que el planteamiento actual consiste en un exhorto, el cual no es vinculante, por lo que su aplicación depende de la voluntad de las autoridades y de los concesionarios. “Es algo complejo, muy complicado. Al final es un exhorto, no es obligatorio” , señaló.
Indicó que será necesario revisar el tema en comisiones y valorar si se requiere ir más allá del exhorto, incluso con una posible modificación a la ley, para garantizar que las unidades cumplan con los requisitos que establece la normatividad para operar y, en consecuencia, para acceder a los ajustes tarifarios anuales.
Finalmente, el diputado panista subrayó la importancia de que se fortalezca el marco legal del transporte público, a fin de que las condiciones de las unidades y la calidad del servicio estén alineadas con los aumentos que se autorizan cada año.
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