Destaca a nivel nacional por su diversificación productiva y fortalecimiento de infraestructura, impulsando inversión y empleo

Por: Redacción

Con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar la competitividad, la inversión y el desarrollo regional, el estudio de Situación Sectorial México 2026 posicionó a San Luis Potosí como una de las entidades con mayor avance entre las economías estatales, al registrar un crecimiento del 3.6 por ciento en la actividad económica durante el primer trimestre de 2026, además de escalar del lugar 16 al 15 en el PIB Estatal a nivel nacional, superando a entidades como Tabasco.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, detalló que este avance sostenido se sustenta en factores clave como la gobernabilidad, la seguridad, el fortalecimiento de la infraestructura, la atracción de nuevas inversiones, el impulso a sectores estratégicos y la coordinación efectiva entre los distintos niveles de Gobierno, lo que permite consolidar un entorno favorable

para el crecimiento económico. Además, se prioriza la modernización de vialidades y el desarrollo de parques industriales que incentivan la instalación y expansión de empresas en la entidad.

El fortalecimiento de la seguridad pública y la gobernabilidad generan confianza en inversionistas nacionales e internacionales, posicionando al Estado como un destino atractivo. Este dinamismo se apoya en una base productiva diversificada en sectores como servicios, manufactura y comercio, así como en una estructura exportadora sólida que permitió a la entidad crecer 13.7 por ciento en 2025, destacando junto a Estados como Zacatecas y Yucatán.

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Una iniciativa presentada en el Congreso local implicaría poner en manos del gobierno estatal el filtro definitivo para que cualquier aspirante pueda inscribirse, o no, al proceso electoral de 2027

Por: Redacción

Una iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés este martes ante el Congreso de San Luis Potosí busca obligar a todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— a aprobar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos, en el marco del proceso electoral rumbo a 2027.

La propuesta, añadida de último momento al orden del día, establece que ningún partido político podrá registrar candidaturas si los aspirantes no cuentan con una certificación de integridad y confiabilidad expedida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, trámite que cada interesado deberá gestionar por cuenta propia.

En contexto, el Centro de Evaluación, si bien es un organismo público desconcentrado, depende directamente de la Secretaría General de Gobierno del poder ejecutivo estatal. 

Las evaluaciones comprenderían pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y un análisis del entorno socioeconómico, similares a las que se aplican actualmente al personal de seguridad pública. La certificación se integraría como requisito obligatorio en el proceso de registro de candidaturas.

La iniciativa presenta además una limitación de fondo: la autoridad electoral únicamente verificaría la existencia del documento, sin facultades para revisar los resultados ni emitir juicio sobre la elegibilidad del aspirante, ya que los contenidos tendrían carácter confidencial. En la práctica, el filtro operaría sin que los órganos electorales puedan evaluar lo que arrojaron las pruebas.

El diputado Serrano Cortés sustentó la propuesta bajo el concepto de autodefensa constitucional, argumentando que el marco jurídico puede establecer condiciones para evitar la infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos. De aprobarse, la reforma entraría en vigor de inmediato tras su publicación, con un plazo de 90 días para que el Centro de Evaluación emita lineamientos y el CEEPAC ajuste su normativa rumbo al proceso electoral de 2027.

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En San Luis Potosí se abre la oportunidad para cerca de 80 mil propietarios de unidades: CTLP

Por: Redacción

A partir del 1 de enero de 2026, la principal traba para legalizar un “auto chocolate” fue la finalización del decreto federal de regularización, el programa que permitía regularizar la importación definitiva de vehículos de procedencia extranjera que concluyó de acuerdo al programa impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta nacional de la agrupación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), Elizabeth Gómez Suárez, informó que esa asociación civil que forma parte de un enlace nacional de agrupaciones sociales, interpusieron recurso de amparo en busca de reabrir el programa que duró 4 meses cerrado, finalmente al cierre de abril la suprema corte de justicia de la nación concedió el amparo de la justicia y permite que durante 5 meses más puedan ser formalizados los procesos de regularización de unidades, aclarando que es para vehículos que se encuentran en el país, no a los que van entrando y bajo las condiciones del pedimento con clave A3 que se utiliza para la regularización definitiva de vehículos extranjeros que ya se encuentran en México.

Aclaró la licenciada Elizabeth Gómez, que el 30 de septiembre

es la fecha que concedió la suprema corte de justicia para el cierre de la regularización al momento , esto permite a propietarios de al menos 80 mil vehículos que se encuentran en la entidad bajo estas condiciones, de buscar ser parte del decreto de legalización con pedimento de importación definitiva, preciso que este trámite tiene nuevas reglas porque todo trámite será a través de un agente aduanal acreditado y autorizado por el SAT.

Comentó la dirigente de CTLP, que este logro lo comparte con el gobierno del estado por el impulso que le ha dado al proceso de regularización, al mismo tiempo pidió a los interesados no caer en manos de vivales ni de agrupaciones fugaces que solo buscan el lucro personal, expuso que su asociación civil cuenta con más de 30 años asesorando y guiando a los poseedores de unidades extranjeras.

Recomendó a los interesados buscar la asesoría correcta en agrupaciones como CTLP y en la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, para evitar fraudes y extorsiones como ya se dio en otras ocasiones.

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