Gobierno estatal fijó su postura: no a proyectos que destruyan identidad

Por: Redacción

El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que el gobierno estatal no se opone a la inversión minera, pero advirtió que estas actividades deben ser socialmente responsables y no afectar el entorno ni la identidad del estado, tras la reciente resolución judicial sobre concesiones en Wirikuta.

El funcionario explicó que las concesiones mineras anuladas recientemente son de carácter federal, por lo que no fueron otorgadas por el gobierno estatal, lo que limita su intervención directa en este tipo de decisiones.

“Las concesiones son permisos que otorga la Federación, no el estado”, puntualizó.

Sin embargo, Torres Sánchez subrayó que existen antecedentes negativos en San Luis Potosí, como el caso de Cerro de San Pedro

, donde —dijo— la actividad minera dejó afectaciones ambientales y a la identidad histórica de la zona: “Nos dejó peor que un topo y acabó con la identidad de San Luis Potosí”, expresó.

En ese sentido, reiteró que, aunque la entidad está abierta a la llegada de inversiones, no se permitirán proyectos que dañen ecosistemas o el patrimonio cultural, en referencia a territorios como Wirikuta, considerado sagrado por el pueblo wixárika.

Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la Federación resolvió revocar diversas concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dentro de Wirikuta, tras más de una década de litigio impulsado por comunidades indígenas.

La sentencia reconoce el derecho del pueblo wixárika a ser consultado antes de cualquier proyecto que impacte su territorio, por lo que no prohíbe la minería, pero condiciona su desarrollo a procesos de consulta previa, libre e informada.

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La magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez aseguró que los pendientes corresponden a actualizaciones salariales de personal activo y no a deudas con pensionados

Por: Redacción

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, aseguró que el Poder Judicial no mantiene adeudos con personas jubiladas, al aclarar que estas ya no dependen administrativamente de la institución, sino del sistema estatal de pensiones.

En entrevista, explicó que uno de los principales señalamientos recientes sobre supuestos retrasos en pagos responde, en realidad, a procesos de actualización salarial para el personal activo, derivados de incrementos establecidos en la normativa.

“Nosotros no les debemos a los jubilados, porque ellos ya pertenecen al instituto de pensiones. Lo que tenemos es la obligación de actualizar los sueldos d el personal activo

para que puedan acceder a esos incrementos”, precisó.

En ese sentido, detalló que el pasado 30 de marzo se realizó el pago del retroactivo correspondiente a percepciones no cubiertas en meses anteriores

, mientras que para el próximo 15 de mayo se tiene programada la dispersión de los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo.

Zarazúa Martínez subrayó que estos movimientos financieros se realizaron mediante ajustes internos, sin necesidad de solicitar una ampliación presupuestal al Congreso del Estado.

“No hubo necesidad de ampliación; fue un ajuste al interior del propio Poder Judicial”, sostuvo.

Respecto a las inconformidades de pensionados y jubilados, reiteró que cualquier revisión o regularización de montos corresponde directamente al instituto de pensiones, instancia encargada tanto de la cuantificación como de la aplicación de ajustes conforme a la ley.

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La docente está detenida por presunto abuso contra un menor acontecido en agosto del año pasado

Por: Redacción

A pesar de las protestas de sus compañeras, este lunes se anunció oficialmente que Leticia “N”, maestra de la guardería 001 del IMSS acusada de abusar sexualmente de un menor, fue trasladada al Centro Penitenciario de La Pila.

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que la audiencia correspondiente se celebró el fin de semana, donde se determinó que la docente recibiera prisión preventiva.

La supuesta agresión se remontaría a agosto del año pasado, cuando una madre habría descubierto daños en la zona genital de su hijo, quien acusó que la maestra le habría realizado bruscos toqueteos en contra de su voluntad. García Cazares confirmó que esta es la única denuncia que tienen en contra de la profesora.

Al ser cuestionada sobre las críticas a su dependencia por el manejo de la situación, la fiscal se deslindó de responsabilidades, asegurando que fue el juez el que “obsequió” la orden de aprehensión y ejecutó la misma.

El caso se viralizó el pasado miércoles, cuando trabajadoras de la guardería del IMSS se manifestaron a las afueras de las instalaciones, reclamando que se había acusado injustamente a Leticia “N”.

Sus compañeras alegaban que en todos sus años de servicio nunca había existido ninguna conducta que diese pie a estas denuncias, por lo que exigieron a las autoridades que la dejasen en libertad, siendo que se encontraba próxima a jubilarse.

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